El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó la American Reserve Modernization Act (ARMA), identificada como H.R. 8957, por 28 votos a favor y 21 en contra.
El proyecto, presentado el 21 de mayo por el representante Nick Begich, plantea crear una Reserva Estratégica de Bitcoin dentro del Departamento del Tesoro y un Fondo de Activos Digitales separado. La propuesta busca darle rango de ley a la reserva de Bitcoin creada por orden ejecutiva en 2025.
Ese segundo fondo concentraría Bitcoin y otros activos digitales que estén bajo control del gobierno federal como resultado de decomisos penales o civiles.
El objetivo declarado es establecer una estructura centralizada para administrar las criptomonedas en poder del Estado. Begich sostuvo que mantener estos activos bajo diferentes esquemas de custodia dificulta conocer con precisión cuánto posee el gobierno y aumenta los riesgos de seguridad.
El representante Bryan Steil lo explicó así: "No podemos permitir que el Bitcoin en manos del gobierno federal quede abandonado en custodias fragmentadas e inconsistentes. Esta medida ordena al Departamento del Tesoro centralizar la custodia de todo el Bitcoin y de otros activos digitales incautados por confiscaciones penales y civiles finales".
Según estimaciones de Arkham Intelligence, el gobierno estadounidense posee 324.527 BTC, valorados en aproximadamente u$s24.700 millones al momento del anuncio.
Para dimensionar, esa tenencia supera a la de cualquier empresa pública del mundo excepto Strategy, y equivale a más del 1,5% de todo el Bitcoin que existirá.
La ARMA establece que el bitcoin asignado a la reserva deberá mantenerse durante un mínimo de 20 años. Ese plazo es el punto más relevante del proyecto desde la perspectiva del mercado: implica que esos 324.527 BTC saldrían efectivamente de la oferta circulante durante dos décadas.
El proyecto exige además que las agencias federales realicen un inventario completo de los activos digitales bajo su posesión o control, y contempla informes trimestrales de prueba de reservas y auditorías de terceros para reforzar la transparencia.
También ordena estudiar mecanismos para ampliar la reserva sin generar impacto presupuestario directo, y permitiría que los estados almacenen sus tenencias de bitcoin en la Reserva Federal.
Hay un apartado adicional que la comunidad cripto viene reclamando: reafirma los derechos relacionados con la propiedad y la autocustodia, incluido el control de las claves privadas, que el proyecto vincula explícitamente con la soberanía financiera, la privacidad y la libertad personal.
Julián Ferraro, analista de política regulatoria en mercados de activos digitales, señala: "Una reserva con obligación de tenencia de dos décadas convierte al Estado estadounidense en el holder más ilíquido del mercado. No es una posición que pueda venderse ante una necesidad fiscal, y eso cambia el cálculo de oferta disponible. Ahora bien, esos BTC ya estaban en manos del gobierno: lo que cambia no es cuánto hay, sino la certeza de que no va a venderlos".
El Comité de Medios y Arbitrios aprobó el mismo miércoles la H.R. 10357, Digital Asset Tax Certainty Act, por 38 votos a favor y 5 en contra.
El proyecto fue presentado el 14 de septiembre por el presidente del comité, Jason Smith, y busca establecer un marco fiscal claro para los activos digitales. También extiende las reglas de venta ficticia (wash sale) a las criptomonedas.
Smith dimensionó el alcance: "Esta legislación sería la primera ley federal que aborda el tratamiento fiscal sustantivo de las criptomonedas y otros activos digitales. Esto afecta a uno de cada cuatro estadounidenses que actualmente posee alguna criptomoneda, más de 67 millones de personas".
La diferencia en el margen de votación entre ambos proyectos es reveladora: mientras la reserva de Bitcoin pasó ajustada por 28-21, el marco fiscal salió con amplio apoyo bipartidista por 38-5.
Eso indica que hay consenso para ordenar la tributación cripto, pero no para que el Estado acumule Bitcoin como activo estratégico.
Este avance ocurre justo después de la caída de la Clarity Act porque el Congreso está buscando caminos alternativos tras el fracaso del proyecto principal.
La Digital Asset Market Clarity Act no logró avanzar en el Senado el 15 de septiembre de 2026, con una votación de clausura que terminó 49-50, lejos de los 60 votos necesarios.
Al día siguiente, el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, y el presidente del Comité de Agricultura, Glenn Thompson, señalaron que el Congreso aún necesita establecer reglas para el sector.
Y esa misma mañana salieron los dos proyectos por comité.
La lectura es que el trabajo legislativo sobre activos digitales continúa, pero fragmentado: en lugar de una ley integral que defina la estructura del mercado, avanzan piezas sueltas sobre reserva estratégica y tributación.
Mariana Coppola, especialista en regulación financiera, interpreta la estrategia: "Cuando un proyecto integral se cae, la respuesta política habitual es descomponerlo en partes más fáciles de aprobar. El problema es que la reserva estratégica y el marco fiscal no resuelven lo que la Clarity Act sí resolvía: quién regula qué. Un fondo de pensión sigue sin saber si un token es un valor o un commodity, y eso es lo que traba la entrada de capital institucional".
Bastante, y el calendario juega en contra.
Cada proyecto necesita ahora una votación en el pleno de la Cámara, luego aprobación del Senado y finalmente la firma presidencial.
El obstáculo temporal es concreto: el 119° Congreso termina en enero de 2027. Todo lo que no se apruebe antes vuelve a foja cero.
A eso se suma que las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 pueden cambiar la composición de ambas cámaras. Si los demócratas obtienen mayoría en alguna, el escenario legislativo para estos proyectos se complica considerablemente.
Bitcoin cotizaba en torno a los u$s76.500 al 17 de septiembre de 2026, según datos de mercado, tras la doble presión de la caída de la Clarity Act y la suba de tasas de la Reserva Federal del miércoles.