Los republicanos del Senado de Estados Unidos presentaron un borrador final de la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como Ley Clarity, en un intento por conseguir respaldo bipartidista antes de una votación procesal prevista para el martes próximo 15 de septiembre.
El nuevo texto, impulsado por los senadores Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott, incorporó 126 modificaciones sustanciales solicitadas por legisladores demócratas, después de más de un año de negociaciones sobre las reglas que deberían regir el mercado de activos digitales en Estados Unidos.
Para avanzar, la iniciativa necesita 60 votos en el Senado y los republicanos solo cuentan actualmente con 53 bancas, por lo que necesitan sumar al menos siete votos más demócratas o independientes.
Si el Senado aprueba la cloture, el documento pasará a funcionar como enmienda sustitutiva sobre la que continuará el debate y se votarán eventuales modificaciones.
Sin embargo, ese paso no significaría la aprobación definitiva de la Clarity ACT, ya que todavía quedarían varias instancias legislativas antes de que la norma pueda convertirse en ley.
Uno de los principales cambios incorporados al proyecto está relacionado con las normas de ética y conflictos de interés para funcionarios públicos.
El lenguaje incluido tomó buena parte de una propuesta ya presentada por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego y otorgaría a los fiscales estatales un papel en la aplicación de determinadas reglas sobre conflictos de interés.
Se debe recordar que esta ley puso en jaque a las criptomonedas de la familia del presidente Donald Trump, como World Liberty Financial, la stablecoin USD1 y el memecoin TRUMP.
Estos negocios quedaron bajo la lupa por diversas irregularidades y conflictos de intereses, mientras el gobierno estadounidense avanza en la definición del nuevo marco regulatorio para el sector.
Además, recientemente la declaración financiera de Trump reportó más de u$s1.400 millones en ingresos relacionados con criptomonedas durante 2025, por lo que existen muchos intereses en juego por parte del mandatario en el armado de esta ley.
Según información citada por The Block, Trump aceptó en gran medida las disposiciones éticas incluidas en la nueva versión del proyecto.
Por su parte, Lummis sostuvo que el mandatario aceptó voluntariamente las restricciones que calificó como inéditas para los funcionarios federales electos, jueces y sus cónyuges.
El alcance de estas reglas sigue bajo debate, ya que la propuesta contempló como sujetos alcanzados a empleados públicos, el presidente, el vicepresidente, los integrantes del Congreso y sus cónyuges, pero no extiende las restricciones a otros familiares, como los hijos de los funcionarios.
El proyecto también incorporó una respuesta a una de las principales preocupaciones del sistema bancario, acerca de las stablecoins y su posibilidad de competir directamente por los depósitos que actualmente mantienen los bancos locales.
El nuevo mecanismo permitiría al secretario del Tesoro imponer durante un período limitado un rescate de emergencia sobre determinadas recompensas asociadas con stablecoins si esos productos provocaran retiros sustanciales de depósitos del sistema bancario.
La herramienta tendría una vigencia de hasta 18 meses después de la promulgación de la ley y buscaría evitar una salida abrupta de fondos de los bancos comunitarios, cuyos depósitos sirven para financiar préstamos a hogares y empresas.
Pero además, el proyecto también impediría que las plataformas paguen intereses sobre tenencias pasivas de stablecoins, aunque permitiría recompensas relacionadas con el uso de esos activos.
Esa distinción mantiene abierta una disputa entre los bancos y las empresas cripto, ya que el sector financiero reclama restricciones más estrictas sobre cualquier mecanismo que permita obtener rendimiento por mantener stablecoins, mientras que las compañías del sector buscan conservar incentivos competitivos para promover su uso.
Rob Nichols, presidente y director ejecutivo de la American Bankers Association, destacó que los bancos usaron el receso legislativo de agosto para plantear sus preocupaciones directamente a los senadores.
La posición de los banqueros es que los depósitos locales constituyen una fuente fundamental de crédito para las comunidades y que el nuevo marco debería cerrar cualquier vacío regulatorio relacionado con los intereses o recompensas asociados a las stablecoins.
Por otro lado, la publicación del nuevo borrador también tuvo impacto en las expectativas de los mercados de predicción, ya que las probabilidades de aprobación de la Ley Clarity durante 2026 en Polymarket subieron de aproximadamente 22% a 32%.
Este fuerte movimiento refleja una mayor expectativa de que el proyecto pueda avanzar, pero no representa una garantía de aprobación.
La principal incógnita será si los republicanos consiguen mantener una coalición suficientemente amplia para superar la cloture y, posteriormente, mantener el respaldo durante el proceso de enmiendas.
Los demócratas deberán determinar si las nuevas disposiciones de ética y conflictos de interés son suficientes para acompañar la iniciativa.
Por su parte, los bancos buscarán endurecer las restricciones sobre las recompensas de las stablecoins, mientras que la industria cripto intentará cuidar sus incentivos de uso y limitar las obligaciones que podrían alcanzar a desarrolladores y empresas tecnológicas.
De esta forma, Clarity ACT llegaría a su primera votación clave con más apoyo del que tenía al comienzo de las negociaciones, pero también con un fuerte cruce de intereses enfrentados.