La relación entre los bancos tradicionales y las criptomonedas ingresó en una nueva etapa en América Latina.
Después de años de restricciones (en el caso argentino, aún vigentes), cautela y prohibiciones internas, algunas de las mayores entidades financieras de la región comenzaron a desarrollar servicios de custodia, mesas de operaciones e infraestructura para activos digitales.
El movimiento no responde únicamente a un cambio de postura frente a Bitcoin. Según un análisis de Bitfinex, detrás de este giro confluyen tres fuerzas: regulaciones más claras, demanda creciente de los clientes y el riesgo de que las plataformas cripto se queden con una parte cada vez mayor del negocio financiero.
Se trata de cinco señales que anticipan una disputa por la infraestructura financiera digital de América Latina.
El primer catalizador es regulatorio. El marco de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) del Banco Central de Brasil establece que, para octubre de 2026, las entidades que ofrezcan estos servicios deberán contar con una autorización formal o abandonar el mercado.
Bitfinex describe ese plazo como uno de los hitos regulatorios más importantes para la industria cripto regional. Para exchanges, las nuevas exigencias implican demostrar capacidad de cumplimiento, capital suficiente y resiliencia operativa. Las plataformas que no alcancen esos estándares pueden verse obligadas a cerrar, buscar un comprador o salir del país. Sin ir más lejos, Lemon eligió dejar el mercado vecino ante las altas exigencias de capital.
Para la banca tradicional, en cambio, el nuevo escenario representa una oportunidad. Los sistemas de conocimiento del cliente, KYC, prevención del lavado de dinero, AML, gestión de riesgos y custodia que los bancos desarrollaron durante décadas son precisamente parte de la estructura que los reguladores ahora les exigen a los actores cripto.
Esa ventaja puede modificar el equilibrio competitivo. De acuerdo con el informe, instituciones como BTG Pactual, Itaú y Nubank ya avanzaron en la incorporación de infraestructura vinculada con stablecoins para operaciones de liquidación transfronteriza.
El vencimiento regulatorio de octubre puede convertirse así en el punto de inflexión que transforme las pruebas realizadas por entidades financieras en una estrategia permanente de negocios y gestión patrimonial. Sin embargo, las mayores exigencias también pueden reducir la cantidad de participantes.
"La regulación tiene el potencial de ser un gran acelerador porque otorga previsibilidad y seguridad jurídica al mercado, lo que permite el ingreso de capitales institucionales y empresas tradicionales que antes no operaban por falta de un marco claro", indica Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand.
La ejecutiva advirtió, no obstante, que existe "un riesgo real de concentración" si los costos de cumplimiento resultan desproporcionadamente altos. "Si la regulación se diseña a la medida de los grandes actores, puede terminar dejando afuera a las fintech más chicas y a los proyectos innovadores", señala.
La segunda señal aparece en el segmento más rentable para las entidades: la banca privada. Según Bitfinex, el principal impulso para el desembarco bancario en activos digitales no proviene inicialmente del inversor minorista, sino de los clientes de alto patrimonio.
Durante años, parte de esos inversores mantuvo Bitcoin y otros criptoactivos mediante autocustodia o recurrió a plataformas radicadas fuera de sus países. Ahora comienza a exigirles a sus asesores financieros alternativas reguladas, locales y capaces de concentrar distintos activos dentro de una misma relación institucional.
Esto coloca a los bancos frente a un riesgo concreto: si no incorporan servicios cripto, pueden perder no solo una operación puntual, sino también parte del patrimonio y del vínculo comercial con sus mejores clientes.
Por esa razón, los primeros productos ofrecidos no son préstamos respaldados por criptoactivos, integraciones con finanzas descentralizadas o grandes emisiones tokenizadas. La puerta de entrada es más básica y estratégica: custodia y compraventa.
La custodia permite que los activos digitales permanezcan dentro del perímetro institucional del banco. Quien conserve esos activos también conservará información, flujos, comisiones y la relación de largo plazo con el cliente. Allí aparece uno de los principales campos de batalla entre bancos y plataformas cripto.
Sin embargo, los especialistas consultados por este medio coinciden en que esa disputa no necesariamente derivará en una competencia frontal. Otermin considera más probable un esquema de alianzas estratégicas, debido a que cada sector controla una pieza distinta del negocio.
"Los bancos cuentan con la confianza del cliente tradicional, la infraestructura regulatoria y una enorme base de usuarios, pero los exchanges llevan años de ventaja en desarrollo tecnológico, liquidez y conocimiento específico de la operatoria blockchain", explicó.
Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, coincide en que las fortalezas son complementarias: mientras los bancos dominan la relación con los clientes, el acceso al sistema financiero, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, las empresas cripto acumulan experiencia en custodia, liquidez, ejecución y blockchain.
"La verdadera competencia no será necesariamente entre bancos y exchanges, sino por quién puede ofrecer la mejor combinación de seguridad, regulación, liquidez, tecnología y experiencia de usuario", sostiene Durán Guzmán.
La tercera señal es la importancia creciente de la claridad normativa. Mientras Brasil, la Argentina y Colombia todavía desarrollan sus propios caminos, El Salvador cuenta con un marco específico para la emisión de activos digitales.
La Ley de Emisión de Activos Digitales establece un perímetro legal para las ofertas tokenizadas y, según el documento, contempla un plazo de hasta 20 días hábiles para resolverlas. Esa previsibilidad resulta relevante para bancos, empresas y gestores de activos que necesitan saber cuánto tiempo, capital y documentación requerirá una emisión.
Bitfinex Securities fue la primera plataforma en recibir una licencia. A través de ella se emitieron instrumentos tokenizados regulados que combinan liquidación mediante blockchain con requisitos de cumplimiento institucional. La experiencia salvadoreña deja una conclusión para el resto de América Latina: el capital institucional no necesita ausencia de reglas, sino reglas claras y operativas.
Durán Guzmán señala que esa claridad debe alcanzar aspectos centrales como la custodia, la segregación de activos, la prevención del lavado de dinero, la ciberseguridad y la protección de los usuarios. Esas condiciones, sostuvo, resultan fundamentales para que la industria pueda crecer de manera sostenible y atraer bancos, fintech, empresas e inversores institucionales.
El problema aparece cuando las exigencias de capital, infraestructura o cumplimiento normativo no guardan relación con el tamaño y el riesgo de las operaciones. En ese caso, pueden convertirse en una barrera de entrada que solo sean capaces de superar las compañías más grandes.
"El desafío para América Latina no debería ser elegir entre regular o innovar, sino construir un marco que permita hacer ambas cosas simultáneamente", afirma el directivo.
Otermin plantea una disyuntiva similar. Para la ejecutiva, la región necesita reglas claras de transparencia y protección al usuario, pero sin ahogar la competencia ni la innovación que impulsaron el crecimiento del ecosistema.
Esto abre otra competencia, esta vez entre países. Aquellos que establezcan primero marcos previsibles para la custodia, el trading y la emisión tokenizada tendrán mayores posibilidades de captar inversiones, intermediarios y nuevos instrumentos financieros. Los que demoren pueden ver cómo ese negocio se radica en jurisdicciones vecinas.
El cuarto indicio es que la adopción institucional no sigue el mismo patrón en toda la región. Las condiciones macroeconómicas, la profundidad de los mercados y las necesidades de los usuarios determinan caminos distintos.
En la Argentina, las stablecoins vinculadas con el dólar ya forman parte de la economía digital. Su utilización crece como alternativa frente a la depreciación de la moneda y las restricciones cambiarias, señala Bitfinex. Al mismo tiempo, el país amplió su normativa sobre tokenización, con el objetivo de facilitar el acceso al capital y aumentar la participación en el mercado.
El estudio sostiene que la Argentina alcanzó una penetración mensual de usuarios activos del 12% y registró 5,4 millones de descargas de aplicaciones cripto durante 2025. Para Bitfinex, esa base minorista tiene una escala suficiente para sostener el desarrollo de servicios institucionales.
El caso colombiano responde a otra necesidad. Menos del 2% de su población participa activamente en el mercado bursátil y los costos bancarios se mantienen elevados, según los datos citados en el informe. En ese contexto, los activos digitales pueden convertirse en una vía alternativa de acceso a instrumentos financieros.
La quinta señal es el cambio en el perfil de la demanda. Los bancos diseñaron muchas de sus restricciones bajo la idea de que las criptomonedas eran utilizadas principalmente por operadores especulativos y alejados del sistema financiero tradicional. Ese diagnóstico quedó viejo.
Según datos del Lemon 2025 Crypto Report citados por Bitfinex, los usuarios activos mensuales en América Latina crecieron durante 2025 tres veces más rápido que en Estados Unidos. La actividad regional habría alcanzado un volumen de u$s730.000 millones, equivalente a cerca del 10% del mercado global.
Sin embargo, ese movimiento no estaría explicado únicamente por el trading de corto plazo. El informe identifica distintos usos: preservación de valor mediante stablecoins en la Argentina y Venezuela, remesas transfronterizas en Brasil y México, cobertura de tesorerías corporativas y exposición institucional a activos del mundo real tokenizados.
El punto central es que una parte de esos usuarios ya pertenece al sistema bancario. Esta superposición convierte la adopción cripto en una pelea por clientes existentes.
El modelo que anticipan los especialistas no contempla necesariamente que cada banco construya desde cero toda la infraestructura necesaria para operar con activos digitales. Hacerlo puede resultar costoso, lento y técnicamente complejo.
"En muchos casos será más eficiente integrarse o establecer alianzas con proveedores especializados, manteniendo el banco la relación con el cliente y utilizando infraestructura tecnológica desarrollada por actores con experiencia en activos digitales", explica Durán Guzmán.
La discusión, por lo tanto, no se limita a determinar quién permitirá comprar Bitcoin desde una aplicación. Estará en juego quién custodia los activos, aporta liquidez, ejecuta las operaciones transfronterizas, estructura emisiones tokenizadas y conserva la relación financiera con el cliente.
Jerónimo Ferrer, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Bitfinex, considera que la región enfrenta una oportunidad poco frecuente: modernizar su infraestructura financiera y, al mismo tiempo, ampliar la participación en los mercados de capitales.
"El éxito lo forjarán quienes combinen la solidez estructural de la banca tradicional con la infraestructura de alta velocidad de los activos digitales", sostiene Ferrer.
La carrera ya comenzó, pero el ganador puede no ser un banco o un exchange por separado. La fórmula dominante puede surgir, justamente, de la combinación entre ambos.