La senadora republicana Cynthia Lummis advirtió que si la Ley Clarity no se aprueba en el actual Congreso estadounidense, la próxima oportunidad real para avanzar en una regulación integral del mercado cripto podría demorarse hasta 2030.
La legisladora vinculó el retraso con pérdidas de empleos, inversión y recaudación fiscal, y responsabilizó al Partido Demócrata por frenar la iniciativa.
La Clarity Act busca establecer un marco regulatorio claro para los activos digitales en los Estados Unidos, definiendo qué tokens deben ser considerados valores bajo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y cuáles como commodities bajo la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La iniciativa pretende terminar con la aplicación caso por caso del test de Howey, que genera incertidumbre en el sector.
Lummis, senadora por Wyoming y una de las principales impulsoras de la legislación, sostuvo que el actual Congreso es la última ventana política viable para aprobar la norma antes de que los ciclos electorales y legislativos cambien las mayorías.
La Cámara de Representantes ya había aprobado en julio de 2025 el proyecto H.R. 3633 con 294 votos a favor y 134 en contra, mientras que en mayo de 2026 el Comité Bancario del Senado lo avaló por 15 votos contra 9, con apoyo bipartidista.
Lummis presentó en julio pasado una versión actualizada que incorporaba aportes de los comités de Banca y Agricultura.
Sin embargo, las negociaciones en el Senado se estancaron en septiembre, y la senadora advirtió que, sin concesiones demócratas, la votación de procedimiento prevista para mediados de mes podría ser la última oportunidad realista de la década.
Para Lummis, el costo de la inacción es regulatorio y económico. En su postura, la falta de un marco claro desalienta inversiones en infraestructura, limita la creación de empleos en el sector y reduce la recaudación fiscal que podría provenir de empresas cripto radicadas en Estados Unidos.
"Son años de empleos, inversión e ingresos fiscales que podemos evitar desperdiciar si terminamos esto ahora", escribió en su cuenta de X.
La senadora responsabilizó directamente al Partido Demócrata por el retraso y remarcó que se niega a apoyar una legislación bipartidista que ya cuenta con respaldo republicano.
Según Lummis, la falta de acuerdo podría dejar a la industria cripto expuesta a un escenario de "asfixia regulatoria" por parte de la SEC, que seguiría aplicando criterios discrecionales sin reglas claras.
La Ley Clarity en Estados Unidos es el proyecto más ambicioso de regulación cripto hasta la fecha. Busca terminar con la incertidumbre sobre qué activos digitales deben ser regulados por la SEC como valores y cuáles por la CFTC como commodities, estableciendo un marco claro para exchanges, emisores y protocolos DeFi.
La Clarity Act (H.R. 3633), aprobada en la Cámara de Representantes en julio de 2025 con apoyo bipartidista, pretende evitar la llamada "regulación por enforcement", es decir, que cada caso se decida en tribunales sin reglas generales.
La normativa busca clasificar a los activos digitales de la siguiente forma:
Activos descentralizados y maduros se consideran commodities digitales, regulados por la CFTC
Se establece un mecanismo de transición para que un token pueda pasar de ser considerado valor a commodity conforme evolucione su descentralización
Exchanges y brokers: deberán registrarse como plataformas de commodities digitales, cumplir con normas de transparencia, prevención de lavado de dinero y vigilancia de mercado
Protecciones para DeFi: se definen criterios de descentralización para determinar si un protocolo genera obligaciones regulatorias
Stablecoins: se permite el pago de recompensas por actividad (trading, lending), pero se prohíbe el "yield pasivo" en balances ociosos, para evitar fuga de depósitos desde bancos tradicionales
Anti-CBDC: incluye cláusulas que limitan el uso de monedas digitales de banco central como herramienta de política monetaria, reflejando la postura crítica del Congreso hacia los proyectos de dólar digital
De convertirse en ley, la Clarity Act redefiniría las fronteras regulatorias del mercado cripto en EE. UU. y tendría efectos globales, ya que gran parte de las stablecoins circulan en dólares fuera del país.
Para exchanges, emisores y proyectos blockchain, significaría reglas claras de operación, aunque también mayores costos de cumplimiento.