El Gobierno de Axel Kicillof prepara una ofensiva contra seis de las principales billeteras virtuales y plataformas de crédito que operan en la provincia de Buenos Aires. Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Brubank y Cencosud quedaron bajo la lupa de Defensa del Consumidor bonaerense por presuntas prácticas abusivas vinculadas con el otorgamiento y el cobro de préstamos.
La investigación, que ya acumuló más de 2.200 denuncias de usuarios, podría derivar en multas millonarias de hasta $1.883 millones por empresa. Según información oficial citada por iProfesional, las imputaciones comenzarían a aplicarse a partir del viernes 11 de septiembre. Por eso, aunque el título de esta nota resume el impacto económico de la medida, el proceso administrativo todavía se encuentra en curso.
El expediente es llevado adelante por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, que depende del ministro Augusto Costa y responde políticamente al gobernador Kicillof.
La decisión llega en un momento especialmente sensible para el mercado de crédito argentino. La morosidad de las familias alcanzó niveles que volvieron a instalar el debate sobre las tasas, el sobreendeudamiento y las condiciones bajo las cuales bancos y fintech otorgan préstamos.
Qué cuestiona Kicillof a Mercado Pago y las otras billeteras
El eje de la investigación bonaerense está puesto en las condiciones bajo las cuales las plataformas ofrecen, calculan y cobran sus préstamos. Uno de los puntos centrales es el Costo Financiero Total (CFT), que permite conocer cuánto termina pagando realmente una persona por un crédito. No se limita a la tasa de interés, sino que incorpora comisiones, gastos administrativos, seguros e impuestos asociados a la operación.
La Provincia pidió a las empresas que expliquen cómo construyen ese costo y qué componentes utilizan para determinarlo. También reclamó información sobre las tasas nominales y efectivas, además de los criterios utilizados para establecer diferentes condiciones según el perfil de cada usuario.
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El plan para bajar la mora propuesto por la Cámara Argentina Fintech
El pedido cobra particular relevancia porque, según la investigación, algunos préstamos pueden alcanzar costos financieros superiores al 1.000% anual cuando se incorporan cargos y penalidades por atraso.
Entre las cuestiones que las autoridades quieren conocer aparecen los métodos para calcular intereses punitorios, el momento a partir del cual comienzan a aplicarse, las eventuales comisiones por otorgamiento y mantenimiento y los gastos vinculados con la gestión de cobranzas.
La Provincia pretende, además, conocer si las compañías contemplan en sus contratos la posibilidad de vender o transferir las carteras de créditos a terceros.
En este contexto, también resulta relevante el antecedente de la investigación sobre Mercado Pago, Ualá y otras billeteras por presuntas conductas anticompetitivas.
Acoso a deudores y falta de información
La investigación no se limita al precio de los préstamos. Las imputaciones incluyen presuntas prácticas de hostigamiento y mecanismos desmedidos de cobranza. Entre las conductas señaladas aparecen llamados reiterados, contactos en horarios considerados inhábiles y comunicaciones dirigidas a familiares, allegados, referencias personales o lugares de trabajo de quienes tienen una deuda.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la información que recibe el consumidor antes de aceptar un préstamo. La Provincia sostiene que algunas ofertas podrían presentar facilidades de pago o cuotas dentro de plataformas comerciales sin dejar suficientemente claro que detrás existe un contrato de crédito financiero independiente.
También se cuestiona la eventual omisión o falta de visibilidad de la TNA, la TEA y el CFT antes de confirmar una operación. A eso se suma un tercer frente: el botón de arrepentimiento, cuya ausencia o ubicación poco visible también forma parte de las imputaciones. La normativa de defensa del consumidor contempla un plazo para que el usuario pueda cancelar determinadas contrataciones realizadas a distancia.
En otras palabras, la discusión que abrió Buenos Aires no pasa solamente por determinar si una tasa es alta o baja. También apunta a establecer si el consumidor conoce realmente cuánto va a pagar, bajo qué condiciones está tomando la deuda y cómo será tratado en caso de atraso.
La ofensiva ocurre cuando la mora golpea a las familias
El contexto económico explica por qué la decisión bonaerense adquiere una dimensión mayor. Un relevamiento de Casa 3 citado por iProUP mostró que el 58% de los argentinos tomó un préstamo, utilizó crédito o financió gastos con tarjeta durante los últimos meses. Pero el dato más significativo aparece cuando se observa para qué se utilizó ese dinero.
El 26% tomó crédito para comprar alimentos, mientras que otro 21% lo destinó a gastos cotidianos del hogar. Un 15% lo utilizó para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones. En conjunto, el 62% del crédito terminó financiando consumo básico.
El cuarto destino es todavía más revelador: el 14% tomó préstamos para pagar otras deudas. En ese sentido, el crédito destinado a sostener el consumo básico ayuda a comprender la dinámica del endeudamiento familiar.
Así, el préstamo deja de funcionar como una herramienta para adquirir un bien determinado o realizar una inversión y comienza a convertirse en un mecanismo para sostener gastos que se repiten todos los meses.
Mariana Estévez, economista especializada en consumo y finanzas de los hogares, explicó a iProUP que "un crédito tomado para comprar una heladera se cancela porque el bien ya está en la casa", mientras que uno destinado al supermercado vuelve a competir con el gasto del mes siguiente.
Ese fenómeno ayuda a entender por qué el debate sobre las tasas de las billeteras se produce en paralelo con una discusión mucho más amplia sobre el deterioro de la capacidad de pago.
Una mora que ya preocupa al sistema financiero
Los datos oficiales también muestran el deterioro. Según el Informe de Bancos del Banco Central, la irregularidad de los créditos a familias alcanzó el 12,8% en junio, mientras que los préstamos personales llegaron al 16,3% y las tarjetas de crédito al 12,6%.
El problema tampoco parece limitarse a quienes ya ingresaron en mora. El relevamiento de Casa 3 encontró que solamente el 36% de los deudores cree que podrá pagar sus compromisos. Un 37% considera que no podrá hacerlo y otro 26% directamente no sabe. Esto significa que el 63% no tiene certeza de poder afrontar sus deudas.
Julián Bertolotti, analista de riesgo crediticio, sostuvo a iProUP que "la incertidumbre es tan reveladora como el ‘no’", porque muestra que la capacidad de repago depende de variables que los hogares no controlan.
El fenómeno ayuda a contextualizar la ofensiva de la Provincia. La discusión sobre las condiciones de los créditos ya no se desarrolla únicamente alrededor de las fintech, sino sobre un mercado en el que millones de personas utilizan deuda para cubrir necesidades corrientes.
El debate sobre la educación financiera
La decisión de Kicillof también se cruza con una discusión que divide al Gobierno, los bancos, las fintech y especialistas. Una parte de los funcionarios nacionales atribuyó buena parte del problema a las decisiones individuales y a la falta de educación financiera.
Javier Milei afirmó que "nadie fue con una pistola en la cabeza" a pedir un crédito, mientras que Luis Caputo definió el problema como "un tema entre privados". El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también lo caracterizó como una disputa económica entre privados.
Sin embargo, otros especialistas advierten que ese diagnóstico resulta insuficiente. Diego Kupferberg, fundador de API Hub de Negocios, calificó como "culpable cómodo" al deudor dentro del debate público.
La discusión adquiere relevancia en el caso de Mercado Pago y las otras plataformas porque el costo del crédito puede variar considerablemente según el perfil del usuario.
De acuerdo con los datos citados por iProUP, el costo financiero total efectivo anual de un préstamo personal de Mercado Pago comienza en 76,3% y puede llegar hasta 1.357%, aunque la compañía aclara que ese nivel corresponde solamente al 2% de su cartera. En bancos, los costos parten de niveles inferiores pero también pueden escalar de acuerdo con la entidad y el perfil del cliente.
Kicillof avanza mientras otras provincias refinancian deudas
La ofensiva contra las billeteras ocurre además mientras distintas provincias adoptan medidas para contener el impacto del endeudamiento de sus habitantes. Al menos doce jurisdicciones lanzaron programas destinados a refinanciar deudas, reducir tasas, consolidar préstamos o limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Salta, Jujuy, Neuquén y Misiones.
El dato político es que la lista reúne gobernadores de diferentes espacios. En Buenos Aires, el Banco Provincia ya superó las 100.000 operaciones de refinanciación durante 2026, con una fuerte concentración en personas físicas. En Santa Fe, el Gobierno estableció un mecanismo para limitar al 25% de los ingresos los descuentos sobre los salarios de empleados estatales. Córdoba, en tanto, instrumentó un esquema de consolidación de deudas de hasta 60 cuotas.
La refinanciación de deudas provinciales muestra que el problema del endeudamiento familiar ya excede el ámbito de bancos y fintech. La lógica detrás de estas iniciativas es que las provincias pueden utilizar herramientas que el Gobierno nacional no está dispuesto a aplicar de manera generalizada.
