La causa judicial que investiga la criptoestafa vinculada al lanzamiento del token $Libra dio un nuevo giro ya que Mauricio Novelli, uno de los empresarios señalados como nexo entre los impulsores del proyecto y el entorno presidencial, pidió que se confirme el apartamiento de cinco inversores que actúan como querellantes en el expediente y desvinculó al Presidente Javier Milei.
Dentro de su pedido a la Cámara Federal, el empresario acusado negó que las pérdidas provocadas por el desplome del activo, conocido en la jerga como un esquema pump&dump, puedan ser atribuidas a una modalidad de estafa.
El planteo fue presentado por el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, ante la Sala I de la Cámara Federal, y la defensa busca ratificar la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había excluido del expediente a Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo en su condición de querellantes.
La estrategia de Novelli apuntó a discutir el núcleo de la acusación, ya que según su presentación, quienes compraron $Libra asumieron voluntariamente los riesgos propios de un mercado caracterizado por la alta volatilidad y la especulación.
En ese sentido, la defensa sostuvo que una pérdida económica no constituyó por sí misma a un delito y que no están dadas las condiciones necesarias para configurar una estafa.
El escrito planteó que no habría existido un engaño previo ni una maniobra destinada a inducir a algún tipo de error a los inversores, aunque se debe recordar que el Presidente promocionó este token desde su cuenta de X.
La postura de Novelli también buscó sacar el peso penal a las consecuencias de la caída del token y presentar el episodio como una operación financiera de alto riesgo que terminó con fuertes pérdidas para algunos participantes.
Otro de los puntos centrales del escrito es la defensa a Milei, debido a que Novelli sostuvo que la publicación realizada por el mandatario en la red social X el pasado 14 de febrero de 2025 no puede ser considerada parte de una maniobra fraudulenta.
Según la defensa, aquel mensaje hacía referencia a un proyecto privado vinculado con el financiamiento de pequeñas y medianas empresas mediante tecnología blockchain y no implicaba una promesa de rentabilidad ni un respaldo estatal a la inversión.
Por ese motivo, consideró que el posteo resulta jurídicamente irrelevante para determinar la existencia de una estafa.
La defensa intentó reforzar así una línea argumental que ya había planteado en junio pasado, cuando presentó un escrito en el que sostuvo que, después de más de un año de investigación, no existían elementos suficientes para sostener una hipótesis penal de estafa.
Por otro lado, este planteo se produjo mientras la Justicia continúa analizando información extraída del teléfono celular de Novelli.
Entre los elementos incorporados al expediente aparecieron comunicaciones con personas vinculadas al Gobierno, entre ellas contactos con Karina Milei y una videollamada con el asesor presidencial Santiago Caputo.
También fueron detectadas numerosas comunicaciones durante las horas posteriores al lanzamiento y al posterior desplome del token.
Los informes sobre el dispositivo del acusado registraron más de 200 interacciones durante ese período, un elemento que forma parte de las líneas de investigación judicial.
La pericia sobre el teléfono ya había sido cuestionada por la defensa en marzo pasado, cuando Novelli solicitó que se declarara la nulidad del análisis realizado por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
En aquel momento, el acusado alegó que existieron diversas irregularidades en el procedimiento y afectaciones a su derecho de defensa.
Mientras la Cámara Federal define la situación de los cinco inversores, la investigación continúa concentrada en determinar qué ocurrió alrededor del lanzamiento del token $Libra, qué grado de participación tuvieron sus distintos protagonistas y si existió una maniobra coordinada para beneficiar a determinados actores.
La causa también analiza todas las operaciones financieras y las comunicaciones previas y posteriores al lanzamiento del token entre los investigados y acusados.
Según trascendió, entre los elementos bajo análisis existen transferencias millonarias realizadas en los días previos a la publicación de Milei y vínculos entre Novelli, los creadores del token y personas del entorno presidencial.
Por ahora, la Justicia deberá resolver primero una cuestión procesal clave, sobre si los cinco inversores que fueron apartados pueden continuar interviniendo como querellantes.
La decisión de la Cámara Federal podría incidir en el modo en que avance la investigación sobre uno de los mayores escándalos vinculados al mundo cripto y al poder político argentino de los últimos años.