Miles de usuarios de WhatsApp reportaron en las últimas horas complicaciones para acceder a sus cuentas tras recibir un mensaje automático que notifica la suspensión del servicio. La ola de bloqueos se difundió velozmente en redes sociales y abogados consultados por iProUP explican que los jueces argentinos dan esperanza concreta de respuesta y cómo plantear las presentaciones.
Según relataron los afectados, la interrupción del servicio ocurrió de forma intempestiva y sin que hubieran realizado acciones previas que violaran los términos y condiciones de la plataforma. Al intentar ingresar a la aplicación, los usuarios se encuentran con una pantalla de bloqueo que advierte: "Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo". Acto seguido, el sistema detalla que el caso quedó "bajo revisión" para determinar si corresponde la sanción o si se trató de una falla del sistema.
El reclamo cobró fuerza rápidamente en plataformas como X y Reddit, donde cientos de personas compartieron capturas de pantalla y testimonios similares. El impacto generó especial preocupación en el sector comercial, ya que el problema alcanzó tanto a cuentas personales como a perfiles de WhatsApp Business, afectando la atención al cliente de pymes, comercios y emprendedores.
Hasta el momento, Meta –la empresa matriz de WhatsApp– no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme un fallo masivo ni ha precisado las causas de estos bloqueos. Ante la falta de explicaciones, especialistas y usuarios debaten si la falla responde a un incidente técnico en los servidores, un error en los sistemas de seguridad o un ajuste fallido en los algoritmos dedicados a detectar spam y actividades sospechosas.
Cómo reclamar para que Meta restaure las cuentas
Camila Da Silva Tabares, abogada de Coconut and Law, estudio jurídico especializado en Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado, asegura a iProUP que "cuando una cuenta es hackeada, suspendida o eliminada, el problema excede ampliamente la pérdida del acceso a un perfil: puede implicar la interrupción de la actividad económica, la pérdida de contratos comerciales, la afectación de la reputación profesional y la imposibilidad de acceder a años de contenido e información", .
"Desde Coconut and Law observamos un crecimiento sostenido de consultas vinculadas con la recuperación de cuentas, así como también de otros conflictos relacionados con medidas unilaterales de las plataformas que impiden su utilización, restringen funciones u obligan a la baja de cierto contenido, entre otras, lo que demuestra que este tipo de conflictos se ha convertido en una nueva categoría de litigios con desafíos específicos", afirma.
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Cómo reclamar una cuenta de WhatsApp bloqueada (Imagen generada con IA)
"Actualmente, no existe una ley específica ni en Argentina ni en otras jurisdicciones, que regule el funcionamiento de las plataformas digitales o establezca un procedimiento uniforme para la suspensión o recuperación de cuentas, si no que la relación entre el usuario y la plataforma se encuentra regida casi exclusivamente por los términos y condiciones aceptados al momento de crear la cuenta", explica.
"Es decir, que la relación se rige por un contrato de adhesión de carácter privado, que muchas veces se realiza con sociedades domiciliadas en el extranjero que aplican a este contrato sus propias normas", indica.
Qué dos vías quedan para el reclamo
"En este contexto, quien pierde el acceso a una cuenta dispone, en términos generales, de dos vías de actuación", enumera Da Silva Tabares:
El primero es utilizar los mecanismos internos previstos por la propia plataforma: formularios de apelación, procedimientos de revisión, acreditación de identidad y demás herramientas que cada empresa pone a disposición de los usuarios, y que en ciertas circunstancias son suficientes.
Según Da Silva Tabares, "esto se debe a que también es usual que ciertos bloqueos se hagan por errores de los sistemas automatizados de moderación de contenido y detección de infracciones a las políticas internas, que son fácilmente subsanables si se solicita una revisión humana".
"Sin embargo, también es frecuente encontrar respuestas automatizadas, falta de explicaciones concretas sobre los motivos de la suspensión o la inexistencia de una revisión humana efectiva, sumado a bloqueos sucesivos o restricciones de ciertas funciones de la plataforma", reconoce.
El segundo aparece cuando esos mecanismos resultan insuficientes o la plataforma mantiene una decisión arbitraria o directamente no da una respuesta o incluso no permite una apelación: existe la vía judicial.
"Si bien las empresas cuentan con facultades para establecer políticas internas mediante tus términos y condiciones, ello no significa que puedan actuar de manera arbitraria, sin brindar fundamentos o desconociendo derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", advierte Da Silva Tabares.
La experta considera que "esto es clave si se trata de situaciones donde esa restricción implica una fuente de ingresos y un daño mensurable, sumado al hecho de que muchas veces estas plataformas mantienen un poder de mercado por el cual la exclusión de un usuario implica una especie de exclusión social, independientemente de si utiliza sus redes sociales para trabajar".
Sin embargo, aclara, "este tipo de demandas puede implicar una enorme complejidad en términos de jurisdicción, ya que, si bien pueden existir sociedades locales en Argentina como Facebook Argentina S.A. de la que dependen todas las plataformas de Meta en el país, estas suelen argumentar que no tienen acceso a la administración de la red social, si no que ello es exclusivo de la matriz domiciliada en el extranjero y que en Argentina la sociedad solo brinda soporte local en cuestiones menores o de publicidad".
"Incluso en los propios términos y condiciones es usual que los usuarios suscriban a términos y condiciones que remiten a sociedades ubicadas en Estados Unidos o Irlanda, y aceptando, ante caso de conflicto, demandar en dichas jurisdicciones", advierte.
Qué dicen los jueces argentinos a los usuarios
"Los jueces argentinos comienzan a desarrollar criterios relevantes en esta materia, admitiendo la intervención de la justicia nacional frente a conflictos derivados de la suspensión de cuentas u otros conflictos, y reconociendo la posibilidad de dirigir acciones contra las filiales locales o incluso requiriendo su cooperación para lograr notificar a su casa matriz extranjera respecto de lo requerido en Argentina", señala Da Silva Tabares.
Gilberto Santamaría, del Estudio Santamaría Abogados, enumera los siguientes casos:
- La Justicia confirmó medidas cautelares vinculadas a WhatsApp en materia de defensa de la competencia y protección de datos personales, reconociendo la necesidad de controlar determinadas decisiones empresariales cuando pueden afectar a usuarios y consumidores
- También existen resoluciones judiciales que ordenaron a Meta remover contenidos específicos o suspender publicaciones para proteger derechos de menores, demostrando que las plataformas no actúan en un espacio completamente ajeno al control judicial
- Otro antecedente relevante es el fallo "Fernández Romano, Cinthia Giselle c/ Facebook Argentina S.R.L. s/ Medida Autosatisfactiva" (Juzgado Federal de Campana, 13 de febrero de 2026). El texto completo de la sentencia puede consultarse aquí
Según Santamaría, "el tribunal ordenó a Meta abstenerse de suspender automáticamente la cuenta de Instagram de la actora sin una revisión humana previa, al considerar que la medida afectaba su actividad profesional y su derecho de defensa".
"El caso constituye uno de los primeros precedentes nacionales que cuestiona las decisiones exclusivamente algorítmicas de las plataformas digitales y reafirma la necesidad de incorporar control humano cuando están en juego derechos e intereses económicos relevantes", concluye el experto.
