La discusión sobre un peso digital argentino avanza en paralelo a la que ya tiene definiciones en otros planetas. Tal como adelantó iProUP, hay dos grupos bancarios que buscan tener sus propio token y prepararse para lo que viene.
A Javier Milei y Donald Trump no solo los une una alineación geopolítica: también comparten una postura cripto.
Tanto el libertario como el republicano descartan que sea el Estado el que emita una moneda digital. Ambos gobiernos coinciden en dejar esa tarea en manos de privados, bajo un esquema de supervisión regulatoria antes que de control directo.
En Estados Unidos, la administración Trump promovió un marco legal que habilita a bancos y empresas privadas a emitir stablecoins, sin que la Reserva Federal participe como emisora.
Por su parte, en Argentina, una de las primeras medidas de Milei fue cerrar la Casa de la Moneda, el organismo que Alberto Fernández había designado para explorar la posibilidad de emitir un peso digital estatal.
Ante ese vacío, un actor del sector privado tomó la iniciativa. La firma Pala Blockchain, liderada por Rodolfo y Paula Vigliano, elaboró un documento que circuló entre distintos organismos oficiales y que hoy funciona como referencia para pensar la regulación de las stablecoins en pesos.
"Estamos de acuerdo en que haya emisores privados, pero tienen que cumplir con ciertas reglas que le den seguridad jurídica y respaldo a esos tokens. Ese paper lo llevamos al BCRA y a la CNV y lo tomaron como punto de referencia", aseguró en un artículo para iProUP Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de Pala Blockchain.
La propuesta plantea que un ARS Token esté respaldado por activos aprobados por el Banco Central, divididos en dos categorías: los Activos de Respaldo Elegibles (ARE), que incluyen efectivo en bancos y títulos de corto plazo –en línea con el enfoque estadounidense, que acepta bonos del Tesoro y depósitos bancarios–, y los Activos Virtuales Permitidos (AVP), que en el caso argentino se limitan a dólares cripto regulados como USDC.
Justamente, Circle, emisora de esa stablecoin, acaba de llegar al país en alianza con BEN, el proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) de Grupo Bind para ofrecer el token a las pymes.
El paralelismo con la Casa Rosada no termina en la negativa a emitir. También se replica en el diseño institucional: tanto en el modelo argentino como en el estadounidense, las agencias estatales tendrán un rol de supervisión, sin controlar de manera directa los pesos digitales. El riesgo operativo queda delegado en los privados.
"El Banco Central definirá el encaje o la cantidad de staking permitido", señala Vigliano. Bajo ese esquema, el organismo que preside Santiago Bausili podrá supervisar oráculos regulados –las fuentes de información que validan las operaciones– y Direcciones Regulatorias Identificadas (DRI) para rastrear movimientos de fondos. Desde Reconquista 250 también deberán otorgarse licencias a emisores de tokens y custodios, además de crearse un registro de pesos digitales alineado a estándares globales.
El proyecto no se limita al Banco Central: contempla además la participación de ARCA, el organismo recaudador. "La política impositiva es independiente de la moneda, pero si se puede cambiar la forma de circular el dinero, es una buena oportunidad para optimizar la política impositiva", agrega el CEO de Pala.
Según confirmaron a iProUP fuentes del sector, hay dos holdings bancarios que avanzan con sus propios criptopesos, con estructuras aisladas de su negocio bancario para no chocar con la regulación vigente que aplica a bancos pero también a fintech como Mercado Pago.
Uno de ellos es el Grupo Bind: a través de BEN, su propio proveedor de servicios virtuales (PSAV), tuvo en carpeta crear un peso digital de acuerdo con fuentes del mercado. Recientemente, anunció su alianza estratégica con Circle, emisor de USDC, para ofrecer servicios de dólar cripto a Pymes a través de ese PSAV.
El otro jugador es Grupo Petersen, propietario de los bancos regionales San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz. La subsidiaria que lleva la iniciativa a nivel local es San Juan Fideicomisos SA según el registro de marcas y cuenta con la colaboración de Lirium, socio cripto del Galicia y Brubank. En este caso, está más avanzado: el DIPE será emitido en la blockchain de Ethereum y hasta tiene su whitepaper como cualquier iniciativa cripto.
A diferencia del enfoque retail que en su momento esbozaron Galicia, Ualá y Brubank, estas dos iniciativas apuntan a las pymes. La razón, según los especialistas consultados, tiene que ver con la rentabilidad del segmento corporativo frente a un segmento minorista cada vez más disputado por plataformas cripto de uso extendido.
Pero además de los pesos y dólares digitales, un puñado de entidades locales participa de las pruebas de la JPM Coin, un token de depósito creado por JP Morgan para uso institucional. Una de las que tomó la delantera es CMF, que acaba de lanzar su división de negocios digitales para empresas QORP y formará parte del producto mínimo viable (MVP) del gigante estadounidense.
"En una primera fase, se espera que los bancos trabajen en la integración de los servicios disponibles para comprobar mejoras en tiempos de las liquidaciones y conciliaciones interbancarias de los bancos integrados", anticipó Maximiliano Cohn, CIO de CMF, en una nota a iProUP.
De acuerdo con el ejecutivo, estas pruebas se realizan "en principio sin dinero, con compensaciones de forma tradicional, pero la registración de las operaciones se realizaría con tecnología on-chain".
"Si bien el concepto está en fase de diseño, el objetivo es implementar un DLT (tecnología de registro distribuido), para reducir costos, mejorar velocidad y eficiencia operativa", completa.
Todo esto, de acuerdo con Cohn, se realizará en circuito cerrado o closed loop solo entre las instituciones participantes, con el "objetivo principal de contar con un registro de deuda compartido con la potencia del on-chain. Se estima que poco a poco se tokenicen activos y luego contratos inteligentes".
Los especialistas coinciden en que el temor de fondo, tanto en Washington como en Buenos Aires, es el mismo: que el ahorro migre hacia stablecoins privadas emitidas por actores puramente tecnológicos, por fuera del sistema bancario tradicional.
"El banco conserva la relación con el cliente y evita que parte de la actividad económica migre hacia stablecoins privadas emitidas por actores tecnológicos", plantea Chaves del Valle.
Kupferberg lo lleva al terreno de los depósitos: un eventual criptopeso permitiría "recapturar depósitos que hoy se van a USDT, ya que gran parte de la dolarización defensiva del ahorro argentino ocurre en exchanges". Y agrega que es "una forma de retener esos fondos dentro del balance, con trazabilidad y fondeo propio".
Entre las ventajas concretas para las pymes, los analistas mencionan la tesorería programable –transferencias automáticas entre cuentas de un mismo grupo, sin depender de horarios bancarios y con reglas de liquidez definidas por smart contract–, los pagos condicionados que reemplazan cartas de crédito o escrow manual, y el crédito colateralizado con activos tokenizados como facturas, cheques o granos.
Tanto en Argentina como en Estados Unidos, el sector privado espera una señal regulatoria antes de avanzar en firme. En el plano local, la industria descuenta que el BCRA aguardará a que se promulgue la Ley Clarity en el Senado estadounidense y a que siga avanzando la normativa MiCA en Europa antes de dar el visto bueno definitivo a los bancos.
Vigliano remarca que la tecnología blockchain ofrece eficiencia en "el riel interbancario", por ejemplo con deposit tokens, y permite crear una canasta de monedas como reserva de valor para evitar los vaivenes de una sola divisa. En su visión, la tecnología no va a cambiar la filosofía del negocio bancario ni el marco jurídico, pero sí va a lograr que el capital circule mejor, habilitando el microlending y reduciendo las garantías exigidas para los pagos.
El desafío, coinciden los especialistas, no es solo digitalizar el peso –algo que ya ocurre hoy con las transferencias– sino volverlo programable. Y en ese objetivo, Milei y Trump parecen haber llegado, cada uno por su lado, a la misma conclusión: que sea la banca privada, y no el Estado, la que lidere esa transformación.