Stand With Crypto, una organización estadounidense dedicada a promover la adopción de criptomonedas que cuenta con alrededor de 3 millones de defensores registrados, renovó su campaña para impulsar la aprobación de la Ley CLARITY.
La organización aseguró que sus seguidores contactaron al Congreso cerca de un millón de veces, resaltando un esfuerzo constante de participación ciudadana mientras el calendario legislativo reduce los tiempos disponibles para debatir la iniciativa.
Según su informe correspondiente a 2025, los defensores enviaron más de 925.000 correos electrónicos al Congreso durante ese año y superaron 1,1 millones de contactos acumulados desde la creación de la organización.
La Ley CLARITY incorporó durante esta semana el respaldo de importantes entidades financieras y de la mayor organización policial estadounidense, ampliando la coalición que busca acelerar el tratamiento legislativo en el Senado.
Fidelity pidió a los senadores avanzar con la iniciativa al sostener que un marco regulatorio nacional fortalecería la confianza de los inversores y ofrecería mayor previsibilidad normativa para las compañías del sector.
La firma informó que para 2025 administraba 7,1 billones de dólares en activos gestionados y 18 billones de dólares en activos bajo administración, reforzando el peso institucional de su respaldo.
Al respaldo de Fidelity también se sumó David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, quien expresó su apoyo al avance del proyecto y añadió otra voz relevante de Wall Street.
La Orden Fraternal de la Policía, organización que representa a 382.000 agentes activos y retirados, respaldó la versión revisada tras comprobar que mantenía las herramientas destinadas a investigaciones penales y financieras.
Entre esas garantías permanecen las retenciones vinculadas con operaciones sospechosas, las incautaciones de activos digitales y otras facultades utilizadas por las autoridades durante investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Tom Emmer, jefe de disciplina de la mayoría en la Cámara de Representantes, calificó el respaldo como una "gran noticia", afirmó que fortalecerá el liderazgo estadounidense en activos digitales e instó al Senado a aprobar el proyecto.
La Ley CLARITY propone establecer un marco regulatorio federal para los activos digitales y definir con mayor precisión cuándo corresponde la supervisión de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) o de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
El proyecto también contempla cambios para el funcionamiento del mercado, incluyendo el registro de las plataformas de intercambio, la cotización de activos digitales, la información suministrada a los clientes y los mecanismos de control frente al fraude o la manipulación.
La senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming, presentó el 22 de julio una versión revisada que integra el trabajo desarrollado por las comisiones de Banca y Agricultura del Senado para consolidar una propuesta unificada.
El nuevo texto distribuye las competencias regulatorias entre la SEC y la CFTC, además de incorporar exigencias sobre registro, divulgación de información y administración de los activos de los clientes por parte de las empresas.
La Comisión de Banca del Senado ya había respaldado anteriormente la iniciativa mediante una votación bipartidista de 15 votos contra 9, permitiendo que el proyecto continuara avanzando dentro del proceso legislativo.
Sin embargo, 7 senadores demócratas sostuvieron que la versión más reciente todavía presenta deficiencias relacionadas con normas éticas, protección del consumidor, financiación ilícita, conflictos de intereses e integridad del mercado.
Entre sus principales cuestionamientos figuran las limitaciones previstas para la participación de funcionarios electos y sus familiares en actividades vinculadas con activos digitales, un punto que continúa generando diferencias entre ambas fuerzas políticas.
Hasta el momento no existe una fecha prevista para la votación del proyecto en el pleno del Senado, mientras sus impulsores buscan que la iniciativa sea tratada antes del receso legislativo previsto para agosto.
Zach Pandl, jefe de investigación de Grayscale, advirtió que, si la cámara alta no aprueba la propuesta durante las próximas dos semanas, el debate podría quedar condicionado por la dinámica política de las elecciones de mitad de mandato.
La versión revisada del proyecto impediría que funcionarios federales y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales a cambio de una remuneración, además de establecer obligaciones adicionales para prevenir conflictos de intereses.
Asimismo, el texto contempla que, en determinadas circunstancias, esos funcionarios deban desprenderse de sus tenencias o transferirlas a fideicomisos ciegos, e incorpora sanciones para los intermediarios que, deliberadamente, incluyan tokens prohibidos en sus plataformas.