La Ley Clarity atraviesa su momento de mayor impulso político desde que comenzó su recorrido legislativo, aunque la posibilidad de convertirla en ley antes del receso de agosto continúa alejándose por falta de consenso.
El proyecto busca establecer el primer marco regulatorio integral para las criptomonedas en Estados Unidos, definir competencias entre organismos federales y ofrecer certezas a una industria que reclama reglas estables desde hace años.
Cada vez más sectores apoyan la ley
La presión para que el Senado avance con la Ley Clarity aumentó después de que más de 200 organizaciones vinculadas al ecosistema cripto reclamaran públicamente una votación y advirtieran sobre el impacto económico de seguir sin reglas claras.
Entre los firmantes aparecen la Blockchain Association, el Crypto Council for Innovation y la Digital Chamber, que enviaron una carta a los legisladores asegurando que una regulación previsible permitirá que empresas, inversiones y desarrollo tecnológico permanezcan dentro de Estados Unidos.
El proyecto también recibió modificaciones impulsadas por la senadora Cynthia Lummis, quien presentó una nueva versión que fortalece la protección para los usuarios frente a posibles quiebras de plataformas de intercambio de activos digitales.
Uno de los cambios establece que las criptomonedas depositadas por los clientes seguirán siendo de su propiedad aun cuando un exchange entre en insolvencia, una respuesta directa a los colapsos de Celsius y Voyager registrados durante 2022.
Aquellas quiebras dejaron durante años a miles de usuarios sin acceso a sus activos digitales y solo permitieron recuperar una parte del dinero, una experiencia que los impulsores del proyecto buscan evitar mediante reglas específicas.
El respaldo institucional también se amplió cuando la National Fraternal Order of Police, que representa a más de 382.000 agentes, anunció su apoyo tras considerar que "sus preocupaciones iniciales han sido resueltas satisfactoriamente", luego de los cambios incorporados sobre la protección de desarrolladores.
Las trabas políticas complican el futuro del proyecto
Para transformarse en ley, el proyecto necesita reunir 60 votos en el Senado, una meta compleja considerando que los republicanos ocupan 53 bancas y todavía requieren el respaldo de al menos 7 demócratas.
Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó la iniciativa en julio de 2025, con el apoyo de 78 legisladores demócratas, el panorama cambió porque el Senado presenta mayores exigencias políticas y procedimentales.
La propuesta asigna a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la supervisión de gran parte del mercado de criptomonedas, desplazando atribuciones que actualmente recaen sobre la Securities and Exchange Commission (SEC).
Sin embargo, el principal foco de conflicto gira alrededor del presidente Donald Trump, quien declaró ganancias cercanas a 1.400 millones de dólares provenientes del sector cripto, impulsadas por su memecoin $TRUMP y World Liberty Financial.
Los demócratas sostienen que esa situación representa un evidente conflicto de interés, mientras los republicanos respondieron incorporando disposiciones éticas destinadas a reducir las críticas y facilitar un consenso legislativo más amplio.
Pese a esas modificaciones, la oposición considera que las nuevas restricciones contienen múltiples vacíos, ya que únicamente el Departamento de Justicia podría aplicarlas y los estados carecerían de facultades para intervenir.
Las objeciones también alcanzan una excepción que protege los activos digitales creados antes de que un funcionario asuma el cargo, condición que beneficia a $TRUMP, además de establecer que esas disposiciones vencerían en 2029.
Ese escenario llevó a dos demócratas que respaldaban la Ley Clarity a retirar su apoyo: Angela Alsobrooks la calificó de "salvaje, poco serio y totalmente loco", mientras Chuck Schumer priorizó el debate sobre Trump antes de las elecciones.
El reloj legislativo juega contra la Ley Clarity
El margen para destrabar la discusión también se reduce por cuestiones de calendario, ya que el Senado trabajará apenas una semana más antes del receso de agosto y retomará su actividad recién el 14 de septiembre.
Cuando regresen los legisladores, la agenda estará dominada por las negociaciones presupuestarias y los proyectos vinculados a defensa, factores que reducirán el espacio disponible para debatir la regulación de los activos digitales.
El líder de la mayoría republicana, John Thune, reconoció que su expectativa es iniciar formalmente el tratamiento parlamentario, aunque descartó una definición antes del receso al admitir: "No creo que logremos aprobarlos".
La incertidumbre también se refleja en los mercados de predicción, donde Polymarket redujo el viernes al 37% la probabilidad de que la iniciativa sea sancionada durante este año, muy lejos de las proyecciones superiores al 80% registradas en primavera.
Una revisión similar realizó la firma de investigación Galaxy, que primero disminuyó su estimación desde el 75% registrado en mayo hasta el 50%, para luego recortarla nuevamente en su informe del viernes hasta apenas el 30%.
