La Ley CLARITY se convirtió en una de las principales iniciativas del Congreso estadounidense para establecer un marco regulatorio permanente para los activos digitales, tras años de disputas sobre supervisión y competencias.
Quienes respaldan el proyecto sostienen que la iniciativa establecerá reglas más claras para la industria y contribuirá a que la actividad vinculada con las criptomonedas permanezca en Estados Unidos.
En ese contexto, la senadora Cynthia Lummis aseguró en X que la iniciativa aportará "certeza para los desarrolladores", "protección para los inversores" e "integridad para los mercados".
La legisladora resumió su respaldo al proyecto al afirmar: "La legislación sobre activos digitales debería ofrecer estas tres cosas, y la Ley CLARITY lo hace".
En una nueva publicación en X, Lummis pidió acelerar el tratamiento del proyecto al sostener: "Hace un año, la Ley GENIUS entró en vigor. Debemos aprovechar ese impulso si queremos consolidar a Estados Unidos como la capital mundial de las criptomonedas. ¡Hagamos realidad la Ley Clarity!".
La Ley GENIUS, cuyo nombre oficial es Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins estadounidenses, creó el primer marco regulatorio federal destinado específicamente a las stablecoins de pago.
El proyecto fue aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley mediante la promulgación realizada por el presidente Donald Trump el 18 de julio de 2025.
Para Lummis, ese antecedente demuestra que todavía existe margen para profundizar la regulación del sector mediante una legislación más amplia que abarque el resto del ecosistema de activos digitales.
Uno de los principales objetivos de la Ley CLARITY consiste en delimitar con precisión las funciones que ejercerán la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) sobre los activos digitales.
La senadora sostiene que una distribución clara de competencias pondría fin a la incertidumbre que durante años permitió resolver numerosos conflictos mediante acciones judiciales en lugar de normas aprobadas por el Congreso.
Además, remarca que solo una ley federal puede otorgar a la CFTC nuevas facultades para supervisar el mercado al contado de criptomonedas, sancionar infracciones y brindar mayor respaldo legal a desarrolladores frente a litigios injustificados.
Esas atribuciones solo entrarían en vigor si el proyecto logra convertirse en ley, por lo que el debate legislativo resulta determinante para el futuro del ecosistema estadounidense.
Lummis también destacó el trabajo realizado sobre la versión que prepara el Senado y aseguró: "Llevamos 10 meses trabajando cada día en la Ley Clarity y presentaremos el texto del proyecto en los próximos días".
La legisladora añadió que la iniciativa busca "ayudar a las fuerzas del orden a combatir las finanzas ilícitas, aprobar medidas de protección al consumidor y mantener estos mercados en territorio estadounidense".
Las quiebras de Celsius, Voyager y FTX se convirtieron en uno de los principales argumentos utilizados por Cynthia Lummis para defender la aprobación de la Ley CLARITY y reformar la regulación estadounidense.
Según la senadora, esos casos demostraron que el marco vigente no protegía adecuadamente a los usuarios, ya que los activos depositados terminaron siendo tratados como bienes pertenecientes a las empresas quebradas.
Al explicar esa situación, escribió: "La ausencia de regulación no solo significaba falta de supervisión. Significaba que, cuando Celsius, Voyager y FTX se declararon en quiebra, los activos de los clientes se trataron como propiedad de la empresa en lugar de como propiedad de los clientes".
Para Lummis, la iniciativa busca corregir ese vacío legal y garantizar que, ante futuras insolvencias, los fondos de los clientes reciban un tratamiento diferente dentro de los procesos concursales.
En ese sentido, sostuvo: "La Ley CLARITY corrige la norma que permitió que eso ocurriera. Proteger a los clientes en caso de quiebra no debería ser una cuestión partidista".
La legisladora también recordó las consecuencias que dejaron aquellas quiebras y afirmó que millones de personas todavía continúan intentando recuperar los fondos que quedaron atrapados tras el colapso de esas compañías.
En otra publicación señaló: "Más de 4 millones de personas perdieron el acceso a su dinero en 2022, y miles siguen tramitando hoy sus reclamaciones de quiebra", además de cuestionar la demora del Congreso para resolver el problema.
Aunque presentó la Ley CLARITY como una respuesta para evitar nuevos conflictos sobre la propiedad de los activos, su eventual aprobación no modificaría automáticamente las quiebras en curso, salvo que la versión final contemple esa posibilidad.