A pocos días del receso legislativo estadounidense, la posibilidad de que la Digital Asset Market Clarity Act complete su recorrido parlamentario genera expectativas, aunque persisten obstáculos que amenazan con retrasar su definición.
Durante declaraciones realizadas el 18 de junio, el senador Bill Hagerty sostuvo que todavía ve factible una aprobación senatorial antes del feriado del 4 de julio, aunque reconoció que existen escenarios alternativos.
Más allá de las expectativas políticas, el proyecto continúa condicionado por la falta de una fecha para su tratamiento, exigencias procedimentales relevantes y diferencias internas que todavía requieren resolución.
Mientras algunos impulsores mantienen expectativas elevadas sobre el avance de la iniciativa, el margen temporal disponible resulta reducido, considerando que quedan menos de nueve jornadas hábiles legislativas antes del receso.
Esa escasez de tiempo alimenta la cautela observada entre especialistas y operadores, quienes entienden que los procedimientos pendientes suelen demandar negociaciones complejas y períodos considerablemente más prolongados para completarse.
Los contratos vinculados al tema dentro de Kalshi reflejan esa prudencia, ya que actualmente asignan cerca de un 22% de probabilidades a una aprobación senatorial antes de agosto de 2026.
Por ese motivo, numerosos observadores consideran viable una resolución favorable durante el verano boreal, aunque estiman bastante más difícil que todo el proceso concluya antes del próximo 4 de julio.
La iniciativa ya había obtenido un respaldo significativo en la Cámara de Representantes, donde el 17 de julio de 2025 consiguió avanzar gracias a una votación bipartidista favorable.
Aquel resultado registró 294 apoyos frente a 134 rechazos, otorgando impulso político a una propuesta que busca redefinir aspectos centrales de la regulación estadounidense sobre activos digitales.
Meses después, el 14 de mayo de 2026, la propuesta recibió autorización para avanzar dentro del Senado tras imponerse por 15 votos contra 9 en comité.
El proyecto propone que la CFTC asuma la supervisión de activos digitales como Bitcoin y Ethereum, mientras la SEC mantendría facultades limitadas sobre determinados broker-dealers y exchanges, una separación de funciones que constituye el corazón de la ley.
Precisamente esa certeza regulatoria alimenta las expectativas del mercado, al punto que Standard Chartered calcula potenciales flujos por u$s8.000 millones hacia el ETF de XRP si la iniciativa finalmente es aprobada.
El primer obstáculo antes de una votación definitiva consiste en alcanzar los 60 respaldos necesarios para cerrar formalmente el debate, una exigencia parlamentaria que obliga a construir acuerdos entre ambos partidos.
Aunque la aprobación obtenida en comité mostró que existe apoyo institucional relevante, transformar ese resultado preliminar en una mayoría ampliada representa una tarea políticamente mucho más exigente.
La necesidad de construir consensos entre representantes demócratas y republicanos permanece vigente incluso cuando existen coincidencias relevantes respecto de diversos aspectos contenidos dentro del esquema regulatorio propuesto.
El segundo obstáculo está relacionado con la necesidad de unificar versiones desarrolladas por distintos órganos senatoriales que todavía mantienen diferencias sobre cuestiones regulatorias específicas.
Tanto el Comité Bancario como la Comisión de Agricultura intervienen en la distribución de competencias entre la CFTC y la SEC, circunstancia que exige negociaciones técnicas adicionales.
Las conversaciones más activas actualmente no giran alrededor del diseño general del mercado, sino sobre cuestiones éticas que siguen provocando desacuerdos entre sectores con capacidad de influencia.
Tras mantener reuniones con distintas oficinas senatoriales, David Nage, director gerente y gestor de cartera de la firma de inversiones en activos digitales Arca, calculó coincidencias cercanas a entre 80% y 85% del texto.
Según explicó, las controversias vinculadas al rendimiento de las stablecoins perdieron protagonismo dentro de las negociaciones, pese a que Jamie Dimon continúa expresando críticas hacia ese segmento.
En cambio, la discusión se concentra ahora en determinar qué restricciones deberían aplicarse a funcionarios de alto rango respecto de actividades vinculadas con criptomonedas durante sus mandatos.
En ese contexto, la senadora Kirsten Gillibrand habría vinculado su respaldo a la incorporación de disposiciones específicas destinadas a impedir que funcionarios públicos obtengan beneficios derivados de activos digitales mientras ejercen el cargo.
Según trascendió, la legisladora también habría advertido que no acompañaría la iniciativa en caso de que esas salvaguardas éticas quedaran fuera de la redacción definitiva, una postura relevante para el conteo final.
Desde la perspectiva de Nage, las diferencias pendientes se explican principalmente por cuestiones vinculadas con la aplicación práctica de determinadas medidas y por consideraciones de naturaleza política más amplias.
A esa discusión se suma la presión ejercida por asociaciones de juegos de azar, gobiernos tribales y sindicatos, que buscan impedir mercados de predicción vinculados con apuestas deportivas y eventos tipo casino dentro del marco regulatorio de la Clarity Act.