La Comisión Europea analiza implementar un impuesto común sobre los criptoactivos en toda la Unión Europea, según revela un documento interno filtrado que salió a la luz durante mayo de 2026.
La información apareció antes de las próximas negociaciones sobre el presupuesto comunitario de largo plazo y muestra por primera vez mecanismos concretos que Bruselas evalúa para obtener nuevos ingresos.
El documento ofrece los primeros detalles específicos sobre cómo las autoridades europeas consideran utilizar al sector cripto como una nueva fuente de recursos para financiar el presupuesto comunitario.
Entre las alternativas estudiadas aparecen un impuesto aplicado a las transacciones con criptoactivos y otro dirigido a las ganancias de capital obtenidas por inversionistas dentro del mercado.
Según el análisis de la Comisión Europea, la opción vinculada directamente a las operaciones con criptomonedas sería la que permitiría obtener una recaudación significativamente más elevada para el bloque.
"Para un impuesto sobre transacciones con criptoactivos, la estimación para 2025 (…) generaría aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de euros en ingresos anuales para el presupuesto de la UE".
La propuesta toma como referencia una tasa equivalente al 0,1% del valor de cada operación y considera a los proveedores de servicios cripto como responsables del reporte.
En contraste, el gravamen sobre ganancias de capital aportaría entre 1.000 y 2.400 millones de euros anuales para los Estados miembros, dependiendo principalmente de las condiciones del mercado.
Uno de los puntos más destacados del documento establece que las stablecoins utilizadas como medio de pago quedarían excluidas de un eventual impuesto sobre transacciones dentro del bloque.
El texto también indica que la tributación sobre ganancias de capital normalmente tampoco alcanzaría a las stablecoins debido a sus características particulares y limitada variación de precios.
Aunque las estimaciones de ingresos resultan atractivas para Bruselas, gran parte del documento se concentra en describir las dificultades asociadas con una medida de estas características.
Uno de los principales inconvenientes identificados es la escasez de información confiable sobre el mercado. "El mercado de criptomonedas sigue siendo imposible de cuantificar de manera fiable entre los distintos Estados miembros de la UE" afirma el documento.
La Comisión también reconoce que "el potencial de ingresos de ambas opciones probablemente será volátil", debido a las fluctuaciones frecuentes registradas en precios y volúmenes negociados.
Otro riesgo señalado es la posible migración de usuarios y empresas: "el potencial de ingresos se vería afectado por el riesgo de desplazamiento de la actividad hacia jurisdicciones no pertenecientes a la UE".
El documento agrega que actividades equivalentes podrían trasladarse hacia protocolos DeFi o billeteras autocustodiadas, ámbitos parcialmente excluidos de los mecanismos de reporte previstos actualmente.
La especialista en regulación financiera y activos digitales, Cris Carrascosa, considera que el documento posee relevancia porque constituye la primera evidencia concreta sobre los mecanismos tributarios evaluados actualmente por Bruselas.
"Es la primera vez que vemos detalles concretos sobre cómo la UE está pensando en gravar los criptoactivos", señaló la experta al analizar el contenido difundido recientemente.
Sin embargo, Carrascosa recordó que todavía no existe una propuesta legislativa formal y destacó que la iniciativa enfrenta desafíos políticos, regulatorios y técnicos especialmente complejos para prosperar.
Entre los obstáculos mencionó la necesidad de unanimidad entre todos los Estados miembros, además de construir una base imponible armonizada para toda la Unión Europea.
También advirtió que una parte de la actividad podría trasladarse hacia sistemas de autocustodia o protocolos descentralizados, reduciendo potencialmente la efectividad de cualquier esquema tributario futuro.
Una postura semejante manifestó Patrick Hansen, director de estrategia y política de la empresa de stablecoin Circle para la Unión Europea, al evaluar las perspectivas del proyecto.
"Los desafíos políticos, legales y operativos sustantivos delineados en el documento me hacen esperar que la tributación cripto a nivel de la UE no se convierta en una prioridad de política a corto plazo", afirmó.
"Cualquier impuesto cripto basado en transacciones probablemente aceleraría la migración hacia canales no gravados (por ejemplo, DeFi, autocustodia o actores fuera de la UE)", sostuvo Hansen sobre posibles consecuencias derivadas del esquema tributario.
Actualmente, el proyecto impulsado desde Bruselas permanece dentro de una instancia preliminar y todavía no constituye formalmente una propuesta legislativa concreta presentada ante las instituciones políticas correspondientes europeas.
Además, el texto no especifica de qué manera se repartiría la recaudación obtenida, aunque el objetivo principal sería financiar directamente el presupuesto comunitario europeo.
Tampoco está definido si los Estados miembros actuarían solamente como recaudadores o si coexistirían nuevos mecanismos comunitarios junto con los impuestos nacionales vigentes.
Entre las condiciones indispensables figura armonizar previamente la base imponible en toda la Unión Europea y alcanzar la aprobación unánime de todos los países.