La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció esta semana un paquete integral de medidas desreguladoras que reemplaza el tradicional sistema de aprobación previa por un modelo de autorización automática para la emisión de instrumentos financieros. En la City porteña ya le pusieron nombre: el "Big Bang financiero argentino".
La referencia no es casual. Inspirado en el histórico "Big Bang" londinense de 1986 (la desregulación a gran escala de la Bolsa de Valores de Londres impulsada por el gobierno de Margaret Thatcher) el organismo aprobó un paquete de resoluciones que busca desmantelar la burocracia del mercado de capitales argentino.
Durante años, obtener la autorización para colocar cualquier instrumento financiero en el mercado local fue sinónimo de trámites interminables. El trámite para obtener la autorización para la colocación de acciones, Obligaciones Negociables, fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión podía demorarse varios meses.
Había regulaciones en exceso que demoraban los tiempos a tal punto que en muchos casos hacían perder oportunidades de salida al mercado. Esa rigidez tuvo consecuencias directas: algunos colocadores preferían salir en mercados externos en lugar de hacerlo en el país.
El impacto de esa burocracia es hoy más urgente que nunca. Dado que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es obligatorio para todas las empresas del país, el Gobierno espera que se multipliquen de modo inédito los instrumentos de ahorro y las opciones de inversión, lo que sería imposible con la regulación actual del mercado, que llevaba a 4 meses y hasta un año la emisión de ciertos instrumentos.
El corazón del cambio es conceptual: el sistema pasa de pedir permiso a informar. El sistema de aprobación previa se reemplaza por un modelo basado en la presentación de información: ya no se pide autorización previa para emitir, simplemente se informa y se obtiene la autorización automática de oferta pública. Tampoco habrá revisiones aprobatorias posteriores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la CNV.
En términos prácticos, el mecanismo consiste en la presentación del "prospecto": se inscribe y al día siguiente ya está listo para cotizar en el mercado. El rol de la CNV pasa de los trámites anteriores a la fiscalización posterior del funcionamiento de las colocaciones.
Con este paso, el Gobierno busca que los directores financieros (CFOs) recuperen la capacidad de decidir el momento exacto para captar fondos, sin interferencias estatales que dilaten las oportunidades de inversión.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, fue contundente al definir el alcance de la medida: propone una desregulación muy profunda, transformando una gran parte de los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática de oferta pública.
El paquete se instrumenta a través de seis Resoluciones Generales —de la 1132 a la 1137— que impactan en distintos segmentos del ecosistema financiero:
La desregulación no implica ausencia de controles, sino un cambio en el momento y la forma de ejercerlos. Toda la documentación difundida en la Autopista de la Información Financiera (AIF) tendrá carácter de declaración jurada, siendo las emisoras y sus firmantes los únicos responsables de la veracidad de los datos.
La responsabilidad pasa a los hombros de las empresas y sus contadores, que son responsables solidarios si una pérdida para los inversores resulta de que los prospectos fueron incorrectos. En los mercados, si hubo fallas de información de un producto y hay pérdidas, se invierte la carga de la prueba, y se entiende por default que la culpa es del emisor. Esto tiene consecuencias patrimoniales, administrativas, civiles y penales.
Silva sintetizó la filosofía detrás del cambio con una frase que resume el nuevo paradigma: "La libertad que proponemos trae aparejada la responsabilidad de quien la ejerce."
Respecto a los recursos humanos de la CNV, gran parte de los técnicos que hoy están dedicados a los trámites de aprobación para la emisión de instrumentos volcarán su tarea a la fiscalización.
Las nuevas normas no entran en vigencia de inmediato. El plan se instrumentó con 6 resoluciones de la CNV que salen a consulta pública hasta el 27 de mayo. En base a los comentarios u observaciones que se reciban, se determinará la fecha final de inicio del nuevo sistema. También se extendió el período de prueba ("sandbox") del marco regulatorio para la tokenización de activos hasta finales de 2027.
Para el mercado, el llamado a consulta es también una señal de apertura institucional: la CNV somete estas iniciativas a consulta pública, invitando a los actores del mercado a participar en la elaboración participativa de las normas antes de su implementación definitiva.
La magnitud de la reforma debe leerse en el contexto del momento que atraviesa la economía argentina. La llegada de los Fondos de Asistencia Laboral (que obligará a miles de empresas a canalizar recursos hacia el mercado de capitales) exige una infraestructura regulatoria ágil. Sin esta reforma, el sistema hubiera colapsado bajo el peso de nuevas solicitudes de aprobación.
Al mismo tiempo, la medida se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Economía para profundizar y ampliar el mercado de capitales local, junto con otras iniciativas como la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo de fondo es que empresas argentinas, hoy tentadas por mercados externos más ágiles, encuentren en el mercado local las condiciones para financiarse con velocidad y seguridad.
Si la reforma prospera tal como fue concebida, el "Big Bang" de la CNV podría marcar un antes y un después en la historia del mercado de capitales argentino: menos burocracia, más competencia, y una nueva cultura de responsabilidad compartida entre reguladores, emisores e inversores.