Los activos digitales comenzaron a transformar los procesos de divorcio, al introducir nuevas dificultades para identificar, valorar y dividir el patrimonio.
El crecimiento del ecosistema cripto hizo que estos instrumentos pasaran de ser marginales a ocupar un lugar relevante en las finanzas personales de millones de personas.
A diferencia de bienes tradicionales como inmuebles, cuentas bancarias o vehículos, las criptomonedas presentan características como:
Estas condiciones dificultan el trabajo de los tribunales de familia, que deben adaptarse a una realidad donde el dinero puede trasladarse en segundos sin intermediarios.
Uno de los principales problemas es el posible ocultamiento de activos, ya que los fondos pueden transferirse a billeteras digitales privadas sin dejar rastros visibles para la otra parte.
Este escenario genera una fuerte asimetría de información, especialmente cuando uno de los cónyuges no tiene conocimientos sobre el funcionamiento del ecosistema cripto.
La volatilidad también se convirtió en un factor clave durante la división de bienes, ya que el valor de estos activos puede cambiar significativamente en poco tiempo.
Esto abre debates sobre cuál es el momento adecuado para calcular su valor:
Frente a estas dificultades, se creó la auditoría forense digital, una especialidad que combina herramientas tecnológicas y análisis de blockchain para rastrear movimientos.
De esta manera, los especialistas pueden reconstruir transacciones y detectar intentos de ocultamiento, al aprovechar que muchas operaciones quedan registradas de forma pública en la red. Sin embargo, cuando se identifican los activos, su recuperación puede ser compleja si el titular de las claves privadas no coopera.
Ante este nuevo escenario, el sistema judicial y los acuerdos prenupciales comenzaron a adaptarse, con la incorporación de mecanismos que contemplan la existencia y gestión de activos digitales.