La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó una decisión decisiva en la fiscalización de los activos digitales al lanzar, este 6 de marzo de 2026, una nueva resolución destinada a regular de forma exhaustiva la compra y venta de criptomonedas.
Esta medida busca ordenar un mercado que, hasta el momento, operaba en una zona gris impositiva dentro de la jurisdicción porteña, estableciendo reglas claras para los usuarios, los exchanges y las plataformas de custodia.
La normativa pretende aumentar la recaudación local y armonizar los procedimientos de control con los estándares internacionales de transparencia financiera que vienen ganando terreno en la región.
El núcleo de la resolución establece un régimen de información obligatorio para todas las plataformas que operan como intermediarias en la comercialización de activos digitales dentro del distrito.
A partir de ahora, las exchanges locales deberán informar mensualmente a la AGIP las operaciones realizadas por sus clientes, detallando montos, tipos de activos y la identificación de los titulares de las cuentas.
Este cruzamiento de datos permitirá al organismo recaudador monitorear con mayor precisión el flujo de capitales en el ecosistema cripto y garantizar que las transacciones se ajusten a las obligaciones fiscales correspondientes, especialmente en lo que respecta al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Para los inversores particulares y traders, la normativa introduce criterios específicos sobre cuándo la compraventa de criptoactivos se considera una actividad económica gravada.
La AGIP definió parámetros de habitualidad y volumen de operaciones que determinarán si un contribuyente debe tributar por sus ganancias o si la tenencia se mantiene bajo un esquema de ahorro personal.
Esta distinción es fundamental para evitar la asfixia de los pequeños ahorristas, mientras se enfoca la presión fiscal sobre aquellos operadores profesionales que generan utilidades recurrentes mediante la especulación o el arbitraje de activos digitales en plataformas locales y extranjeras.
La resolución también contempla mecanismos para la regularización de activos que no fueron declarados previamente, ofreciendo una ventana de tiempo para que los usuarios adecúen su situación fiscal sin enfrentar las sanciones más severas del régimen de faltas.
Desde el organismo gubernamental señalaron que este avance es parte de una estrategia de modernización tributaria que reconoce a las criptomonedas como una realidad económica insoslayable.
Al formalizar este sector, el Gobierno de la Ciudad busca atraer a empresas de servicios financieros tecnológicos que demandaban un marco legal estable para operar con seguridad jurídica en Buenos Aires, consolidando a la capital como un polo cripto de referencia.