El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una medida enfocada en favorecer la privacidad digital al reconocer formalmente, por primera vez, que los mezcladores de criptomonedas cumplen una función legítima dentro del sistema financiero.
En un extenso informe de 32 páginas enviado al Congreso bajo el marco de la Ley GENIUS, la administración liderada por el secretario Scott Bessent admitió que estas herramientas de anonimato son fundamentales para proteger la confidencialidad de los ciudadanos en una red pública y transparente.
Este documento marca un contraste absoluto con la postura mantenida hace apenas tres años, cuando el Tesoro calificaba a estas plataformas casi exclusivamente como centros de lavado de dinero y aplicaba sanciones drásticas a protocolos como Tornado Cash.
La nueva perspectiva de las autoridades estadounidenses se basa en la premisa de que el derecho a la privacidad financiera es una necesidad válida para los usuarios honestos de activos digitales.
Según detalla el informe, tanto individuos como empresas pueden recurrir legítimamente a servicios de mezcla para evitar que detalles sensibles, como su patrimonio neto, sus pagos corporativos o sus donaciones a causas benéficas, queden expuestos de forma permanente en el registro público de la blockchain.
Para el Tesoro, la capacidad de disociar la identidad de una transacción no es intrínsecamente un acto criminal, sino una respuesta técnica al diseño "vidriado" de las redes distribuidas, donde cada movimiento de fondos es rastreable por cualquier competidor o actor malicioso.
No obstante, el reconocimiento viene acompañado de una distinción regulatoria clara entre los distintos tipos de servicios disponibles en el mercado. El Tesoro diferencia entre los mezcladores custodiales, que operan como empresas centralizadas y deben registrarse como Negocios de Servicios Monetarios (MSB), y los protocolos no custodiales o descentralizados.
Mientras que los primeros ya cuentan con un camino legal para operar bajo normas de cumplimiento, los segundos siguen siendo considerados de alto riesgo por su uso recurrente en ataques cibernéticos y operaciones de financiamiento ilícito por parte de grupos estatales.
Esta categorización busca aislar a los actores criminales sin criminalizar la tecnología de base que sustenta la privacidad de millones de usuarios.
Para equilibrar esta apertura con la seguridad nacional, el Tesoro solicitó al Congreso la creación de un nuevo estatuto denominado "digital asset hold".
Esta ley permitiría a instituciones financieras reguladas pausar temporalmente transacciones sospechosas que provengan de mezcladores mientras se efectúa una investigación breve. Esto otorgaría a las autoridades el tiempo necesario para intervenir sin detener el flujo legítimo de capitales.
Además, el informe impulsa la adopción de sistemas de identidad digital programable, que permitirían verificar la legitimidad de un usuario sin necesidad de que este revele toda su información personal en cada paso de la cadena, moviéndose hacia un modelo de "privacidad bajo cumplimiento".