El estatus laboral de los prestadores de apps de reparto, como Pedidos Ya, Rappi y Mercado Libre, ya es una disputa que involucra a Nación, provincia de Buenos Aires y municipios, y refleja tres visiones políticas y jurídicas contrapuestas sobre el futuro del trabajo en la "economía de plataformas".
La disputa real es sobre la naturaleza del vínculo:
Para los municipios, son miles de trabajadores que necesitan reglas de tránsito claras y lugares físicos donde parar, independientemente de quién sea el dueño de la app. Y hacen equilibrio, reconociendo a las empresas y prestándoles servicios.
Esta fragmentación genera un escenario de incertidumbre jurídica, donde un repartidor en Morón está protegido por un refugio municipal, pero su contrato es "independiente" a nivel nacional, mientras que la provincia busca que su empleador le pague una jubilación que hoy no existe.
Esta disputa legal y política se ha intensificado a finales de 2025, configurando dos modelos de país opuestos que el Congreso y la Legislatura bonaerense deberán definir en los próximos meses.
El conflicto se puede trasladar en último término a la justicia. Si el Senado aprueba la ley nacional en febrero, Kicillof probablemente la impugne o intente que su ley provincial prevalezca por ser una facultad no delegada, al tratarse de una materia de policía de trabajo.
El proyecto de ley de Modernización Laboral, que el Gobierno impulsará en sesiones extraordinarias del Congreso, impulsa una visión promercado.
El proyecto define a los repartidores y conductores de apps de movilidad como "prestadores independientes". Bajo esta lógica, el repartidor no es un empleado, sino un microemprendedor que se inscribe en el Monotributo.
El objetivo es legalizar la autonomía. La idea es que, al no haber relación de dependencia, las empresas de plataformas no tienen que pagar cargas sociales, indemnizaciones ni vacaciones, lo que —según esta visión— fomenta la creación de empleo.
El gobernador Axel Kicillof impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que va en sentido opuesto al Nacional, con una visión proteccionista.
De esta manera, busca reconocer su vínculo como trabajadores en relación de dependencia.
El proyecto pretende que las empresas se inscriban en un registro obligatorio y que los repartidores gocen de los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): ART, aportes jubilatorios, seguro de vida, jornada limitada y derecho a sindicalización.
Esta postura choca de frente con el modelo de negocios de las apps, que sostienen que si deben contratar a todos en planta, el servicio dejaría de ser rentable o debería aumentar drásticamente su costo.
La visión de los municipios, como el caso de Lucas Ghi, el intendente de Morón, es de gestión y cercanía. Los distritos suelen adoptar una postura pragmática. Al tener a los repartidores circulando por sus calles todos los días, se enfocan en la convivencia urbana y la infraestructura.
El gesto de Morón, sin embargo, va más allá, mostrando cercanía con las empresas, con la presencia de Ghi en la inauguración de una sede de PedidosYa Market.
Además, Ghi inauguró una "playa de descanso" para repartidores, como una forma de "institucionalizar" la actividad sin entrar necesariamente en la pelea de fondo sobre el contrato de trabajo.
El municipio reconoce la existencia masiva del sector y busca dignificar las condiciones del día a día (baños, lugar para cargar el celular, sombra, seguridad vial) y fomentar la inversión privada en el partido.
Así, Ghi se introduce en un equilibrio delicado. Por un lado, se apoya la inversión de la plataforma (PedidosYa), pero por otro, el Municipio interviene para dar servicios que la empresa no provee a sus "colaboradores".
Este proyecto, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado y se tratará en el recinto el 10 de febrero de 2026, busca blindar el modelo de "autonomía" que utilizan apps como Uber, Rappi y Pedidos Ya.
Crea un régimen específico para el reparto y movilidad que excluye explícitamente la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece la categoría de "autónomos digitales".
Con la libertad de conexión, establece por ley que el repartidor tiene derecho a conectarse y desconectarse cuando quiera, trabajar para varias apps a la vez y elegir su propio medio de transporte.
La relación se basa en el Monotributo. El trabajador paga su propia obra social y jubilación. La empresa no tiene responsabilidad por la seguridad social del prestador.
En cuanto a la transparencia de algoritmos, las plataformas están obligadas a informar los criterios de asignación de pedidos y dar información clara para que el trabajador decida si acepta o rechaza un viaje sin ser penalizado "arbitrariamente".
Presentado en diciembre de 2025 bajo el nombre de "Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales", el proyecto de Kicillof busca "blindar" a los trabajadores en el territorio bonaerense frente a la desregulación nacional.
Crea un registro provincial obligatorio, donde todas las empresas de apps deben inscribirse y declarar a su personal. Sin esto, no pueden operar legalmente en la provincia.
A diferencia del proyecto nacional, aquí la empresa debe contratar obligatoriamente un seguro de accidentes personales y de vida para el repartidor, sin que este deba pagarlo de su bolsillo.
También establece un control de "Tiendas Invisibles". El Ministerio de Trabajo bonaerense tendrá poder para inspeccionar los Dark Stores para verificar condiciones de higiene, seguridad y que los empleados de esos depósitos estén bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
Obliga a la creación de "paradores" con baños, agua potable, zonas de carga de celular y resguardo para herramientas.
Con una app bonaerense, el gobierno provincial lanzará una aplicación de asistencia que incluye un botón de pánico/emergencia para accidentes en la vía pública y asesoramiento legal gratuito sobre derechos laborales.
Esta iniciativa provincial se enfrenta a la propuesta nacional de "prestadores independientes", mientras que los municipios bonaerenses hacen equilibrio, reconociendo a las empresas de plataformas y prestándoles servicios.