La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza en la regulación del ecosistema cripto en la Argentina con una batería de normas y un régimen de prueba que, según su titular Roberto E. Silva, busca combinar protección al inversor con fomento a la innovación.
En una disertación realizada durante la Devconnect Buenos Aires 2025, Silva repasó el camino recorrido desde que asumió hace dos años y explicó por qué, a su juicio, el país se ubica hoy entre las "jurisdicciones más avanzadas" en materia regulatoria para activos digitales.
El punto de partida, recordó el funcionario, fue la necesidad de responder a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que puso a la Argentina en riesgo de descender a la llamada "lista gris".
Para cumplir con las exigencias internacionales, se aprobó una ley que incorporó a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que abarca a plataformas fintech y exchanges, como sujetos obligados, con la obligación de registrarse y someterse a supervisión. Silva explicó que esa definición abarca a quienes operan:
La norma impulsada en marzo del año pasado estableció la creación de un registro y asignó a un regulador la tarea de supervisión, una decisión que el titular de la CNV consideró clave y que, en su postura, difiere de las soluciones adoptadas en otros países, donde la supervisión puede recaer en comisiones de valores, bancos centrales o en organismos integrados que miran bancos y mercados.
Silva destacó que, tras la implementación del registro, contaban con 165 actores inscriptos en una primera etapa y que, con su efectivización, el número se ajustó a alrededor de 100 inscriptos, con bajas y nuevas incorporaciones en proceso.
A mediados de este año, añadió Silva, se completó la emisión de una resolución que fijó plazos para la adecuación de los distintos actores y puso en marcha un modelo de licencias que exige presencia en la Argentina sin obligar a que toda la operación esté físicamente radicada en el país.
La exigencia, detalló, implica contar con una sociedad local, capital, empleados y responsables de relaciones con el mercado y el público, además de manuales, cuentas agregadas, sistemas y auditorías. El objetivo, explicó, es que las subsidiarias o acuerdos internacionales no funcionen como compartimientos estancos: "cuando las autoridades toquen la puerta, deben poder acceder a la información requerida por la UIF y los fiscales", puntualizó.
Otro eje central de la exposición fue la regulación de la tokenización. Para habilitar esa práctica adecuándola al marco legal vigente, la CNV diseñó un régimen híbrido que permite emisiones parcialmente digitales y la coexistencia de registros tradicionales y representaciones digitales, siempre con la obligación de mantener la inscripción en el depositario central argentino, la Caja de Valores, y un certificado registral que preserve la titularidad nominal.
El régimen de tokenización fue concebido como un sandbox de un año: una prueba piloto para evaluar si el modelo es eficiente, si requiere modificaciones o si debe discontinuarse.
Silva subrayó que la tokenización nativa choca con normas que hoy exigen que los títulos sean escriturales o cartulares, por lo que la solución adoptada busca "compatibilizar ambos mundos y permitir la movilidad entre mercados tradicionales y digitales según las necesidades de los participantes".
En materia de clasificación de activos, el titular de la CNV aclaró que la normativa distingue entre activos con rendimiento, que pueden entrar en el ámbito de valores negociables, y otros activos virtuales que, por no generar rendimiento, quedan fuera de la supervisión de la entidad.
En este último grupo, mencionó, se ubican ciertos proyectos de stablecoins y memecoins, sin mencionar ninguno puntual, y advirtió que cada caso "requiere análisis técnico y jurídico".
Silva también puso la regulación argentina en contexto internacional. Resaltó cambios regulatorios y políticos en Estados Unidos, aludió a iniciativas legislativas como la denominada "Clarity Act" y mencionó que Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y El Salvador ya adoptaron enfoques diversos: desde supervisión integrada hasta la creación de organismos específicos.
En particular, enfatizó en el caso de Brasil, que acaba de avanzar en una regulación que trata a exchanges y billeteras digitales de forma más parecida a entidades bancarias. A modo de comparación, la normativa argentina optó por un esquema más cercano al régimen de agentes de bolsa en algunos aspectos.
El funcionario reconoció que el proceso de adecuación no fue lineal y que varias compañías se dieron de baja durante la readecuación, pero defendió la estrategia de incluir a la mayor cantidad posible de actores para no dejar fuera a participantes relevantes del mercado.
Remarcó la importancia de la claridad regulatoria para atraer inversión y permitir la experimentación responsable, y reiteró que la CNV trabajó en estrecha colaboración con la industria para diseñar normas que cumplan dos objetivos: proteger al inversor y promover el desarrollo tecnológico.
Finalmente, Silva insistió en que la regulación "busca ser pro-innovación" y que la Argentina pretende "consolidarse como un entorno atractivo para proyectos de tokenización y servicios cripto", siempre bajo la premisa de supervisión y acceso a la información por parte de las autoridades competentes.