La justicia federal argentina aplicó sanciones y decomisos multimillonarios a una red que blanqueaba fondos vinculados al Comando Vermelho, organización criminal de Brasil, mediante el uso de criptomonedas, bienes registrables y transferencias informales.
La maniobra, investigada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) bajo la dirección del fiscal Diego Velasco, expuso el funcionamiento de una estructura financiera paralela con ramificaciones internacionales.
Los hallazgos confirmaron la existencia de un sistema sofisticado que conectaba movimientos ilícitos desde Río de Janeiro con operaciones en Argentina, incluyendo propiedades y vehículos de lujo en un barrio cerrado de Nordelta.
Según determinó Velasco y su equipo de la PROCELAC, los acusados "canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables", lo que permitió sostener un circuito financiero paralelo con alta capacidad de ocultamiento.
Ocho de los imputados aceptaron juicios abreviados ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), con condenas de tres años de prisión en suspenso y sanciones económicas proporcionales a su nivel de participación en los hechos.
Los sentenciados fueron Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora.
El Ministerio Público Fiscal mantuvo pedidos de debate oral para otros cinco acusados, considerados de mayor jerarquía dentro de la organización y presuntos responsables del manejo principal de las transferencias de origen ilícito.
Las multas totales ascendieron a 2.460 millones de pesos, con montos individuales que oscilaron entre 40 y 720 millones, reflejando la magnitud económica del entramado financiero descubierto.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes adquiridos con dinero ilícito, entre ellos más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros en efectivo.
Entre los elementos incautados se incluyen cinco vehículos valuados en más de 130 millones de pesos: un BMW 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence.
Las operaciones se sostuvieron mediante el uso intensivo de criptoactivos, constitución de sociedades ficticias y adquisición de bienes registrables como vehículos e inmuebles de lujo, para integrar dinero ilícito al sistema financiero formal.
El Ministerio Público Fiscal señaló que "se le atribuyen hechos que comprenden la canalización de activos ilícitos que pertenecerían a la organización criminal Comando Vermelho, de Brasil, y la realización de transferencias informales de divisas en la región".
La sentencia subrayó que la causa "reviste características extraordinarias (en el sentido literal del término), tanto por sus implicancias internacionales como por las elevadas sumas de dinero en distintas monedas físicas y virtuales".
La PROCELAC advirtió que el proceso judicial sigue abierto, dado que los principales acusados —Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang— permanecen prófugos y continúan las medidas para localizarlos internacionalmente.
El Ministerio Público Fiscal también ofreció pruebas para enjuiciar en debate oral a Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola, con roles más relevantes en la estructura criminal.
El expediente se inició en 2022 tras una denuncia presentada por la PROCELAC, que había detectado movimientos sospechosos de fondos y la posible existencia de una red de lavado vinculada al Comando Vermelho.
La causa se dividió en distintos tramos: el primero apuntó a la organización encabezada por Alves de Sousa y Wang, identificados como principales responsables de canalizar fondos de la estructura narcocriminal brasileña.
El segundo tramo investigó operaciones independientes realizadas entre 2022 y 2023, que involucraban transferencias informales de divisas y participación de los ahora condenados Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora.
El proceso comenzó en la jurisdicción de San Isidro con intervención del Juzgado Federal 1 y la Fiscalía Federal 2, y luego pasó al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la instrucción, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó el decomiso anticipado de tres propiedades, tres vehículos de alta gama y sumas millonarias en activos virtuales atribuidos a los prófugos.
El Ministerio Público destacó que la investigación "se enmarca en los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del GAFI".
La primera promueve la incautación de ganancias y bienes obtenidos por delitos financieros, mientras la segunda refiere al rol activo de las autoridades en la investigación y enjuiciamiento de estos casos complejos.
La causa, considerada una de las más relevantes del último año, combina narcotráfico transnacional, uso de criptomonedas y corrupción estructural, en un contexto de cooperación judicial regional sin precedentes.