Comenzó esta semana en Córdoba uno de los juicios más complejos y paradójicos del universo de las estafas por internet: 13 imputados sentados en la Cámara 10ª del Crimen por su presunta participación en la venta de la falsa criptomoneda OneCoin, que nunca salió al mercado.
Entre los hechos que se investigan aparecen transferencias millonarias vinculadas a la desarrollista Márquez y Asociados, empresa que está acusada de estafar a cientos de familias con viviendas que nunca se construyeron. La trama tiene una doble vertiente:
Dicho de otro modo: la desarrollista está acusada de defraudar a clientes, pero la instrucción también señala que la empresa y sus responsables habrían sido captados por la estafa global de OneCoin, enviando capital que, según las pesquisas, no volvió.
Ese solapamiento entre victimario y víctima es uno de los elementos que hace único, y todavía más enmarañado, este juicio. ¿Resultado? Un expediente que combina quiebras, miles de denuncias de consumidores y, sobre todo, víctimas que aún esperan recuperar su dinero, mientras la Justicia intenta reconstruir quiénes se lucraron y dónde terminó cada dólar.
Los registros judiciales detallan pagos y transferencias hechos por la desarrollista y sus responsables entre octubre de 2018 y abril de 2019. Solo en uno de los hechos analizados (el llamado hecho 18), la empresa transfirió, según la instrucción, u$s1.133.190.
Esos fondos, en gran medida, formaban parte del patrimonio empresarial y, según la acusación, terminaron engrosando la caja de un esquema que nunca cumplió.
Los Márquez (Ariel y Juan Pablo) y su gerente administrativo, el contador Ramiro Gonzalo Nieva, están detenidos por "asociación ilícita" y "estafas reiteradas" en la causa que investiga el fiscal Enrique Gavier.
Se investigan además otras maniobras vinculadas a la constructora: miles de denuncias por viviendas no entregadas y presuntas prácticas de administración fraudulenta que, según querellas, arrastran a la empresa desde 2014.
Karina Zeverin representa a más de 150 damnificados por Márquez y Asociados y ofrece a iProUP, en palabras duras, la foto más cruda del caso.
"Acá los Márquez no solamente timbeaban con los aportes de la gente que de buena fe quería su casa, sino que además pretendían obtener réditos de esta falsa criptomoneda OneCoin". Zeverin remata: "El negocio financiero, entre comillas, era brutal".
La abogada plantea una duda central para la pesquisa: "Si la Justicia tenía esta declaración testimonial de Márquez como víctima hace cinco años, ¿por qué no se interesaron en saber qué estaba pasando en la empresa Márquez y Asociados que timbeaban con plata ajena?".
Y alerta sobre el destino probable de los fondos: "Si se metió en un proyecto cripto que valía cinco pesos y después no valió nada, esa plata desapareció". Zeverin describe a los empresarios como personajes que llevaban "una vida obscena" mientras a sus clientes les faltaban los ladrillos de las casas pagadas.
En los tribunales, los Márquez intentan presentarse como víctimas del esquema de OneCoin. Pero Zeverin expresa su escepticismo: "Yo me permito dudar si los Márquez fueron víctimas, cómplices o si no utilizan todo este tipo de tretas para victimizarse".
Su hipótesis es que hubo una "bicicleta" financiera: fondos de clientes que debían destinarse a obras se usaron para intentar multiplicar ganancias en instrumentos de altísimo riesgo.
El fiscal Gavier, según la instrucción, busca combinar las denuncias por la constructora con las operaciones financieras que hoy se investigan. El objetivo procesal es amplio: contabilizar la continuidad de maniobras que, a juicio de la fiscalía, datan de casi una década.
Zeverin dibuja un escenario procesal posible y, para ella, urgente: "Si alguna chance hay de recuperar dinero, es aprovechar este momento de extrema vulnerabilidad de los Márquez, ahora que están en prisión preventiva".
La letrada explica que una salida habitual en causas económicas es el juicio abreviado (un acuerdo entre fiscal e imputado) mediante el cual los acusados aceptan penas menores a cambio de reparar económicamente el daño. "Es una sola bala", dice la abogada: puede haber una reparación parcial, o nada.
Para Segundo Carranza, especialista en ciberdelitos, el caso es único: "Combina algo pocas veces visto: una red de estafas atrapada en otra red. O más simple, un ponzi 'víctima' de otro". El especialista cree que, como mucho, "los damnificados podrán recuperar una parte de la plata invertida".
El debate oral recién empezó. En el banquillo no están solo los operadores locales de OneCoin: figuran quienes, según la acusación, organizaron eventos y sedujeron a inversores en hoteles de lujo.
La Justicia deberá ahora reconstruir el circuito del dinero, rastrear cuentas, embargar bienes y decidir si hay responsabilidades penales más allá de la venta de una cripto inexistente: por ejemplo, administración fraudulenta ligada a una desarrollista que prometía casas y, según cientos de denuncias, nunca las entregó.
Para los damnificados, el tiempo juega en contra: muchos pagaron cuotas durante años, jubilaron sus ahorros o vendieron propiedades para invertir en un sueño que se convirtió en pesadilla.
Como resumió Zeverin, "lo real y cierto es lo que yo siempre le digo a mis clientes: la quiebra era un escenario posible y previsible para los Márquez. De hecho, ellos antes de caer detenidos estaban preparando su propia quiebra".
Ahora, la Justicia tiene la última palabra; y la sociedad, la obligación de mirar de cerca para que casos como este no queden impunes.