Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple, remarcó que el período de mayor confrontación entre los reguladores estadounidenses y la industria cripto llegó a su fin.
"La era de la represión cripto en EE.UU. ya quedó atrás", explicó el ejecutivo en referencia a los años de fricción con organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El comentario fue realizado durante la conferencia DC Fintech Week, donde Garlinghouse se mostró confiado en que el sector cripto ya superó su etapa más crítica en términos regulatorios.
Aunque reconoció que todavía existen desafíos, consideró improbable que se repita el nivel de hostilidad que caracterizó la gestión de Gary Gensler al frente de la SEC. "Incluso si hay un cambio de administración, no creo que volvamos a ese tipo de represión", agregó
Garlinghouse también se refirió al papel de la banca tradicional en el acceso a infraestructura financiera, y apuntó que muchas instituciones bloquearon a empresas cripto mientras exploran internamente tecnologías similares.
Para Garlinghouse, esta actitud representa una contradicción que debe resolverse con reglas claras y equitativas. "La hipocresía de los bancos que dicen que no van a trabajar con empresas cripto, mientras ellos mismos están construyendo productos cripto, es asombrosa".
Ripple frente a la SEC: un caso emblemático que dejó su marca en el sector
Ripple fue protagonista de uno de los litigios más emblemáticos del sector, a partir de una demanda de la SEC en 2020 por la supuesta venta no registrada de valores a través del token XRP.
En julio de 2023, la jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas programáticas de XRP no constituían ofertas de valores, algo que fue interpretado como una victoria parcial para Ripple y un precedente relevante para otras compañías del ecosistema.
En ese contexto, Garlinghouse añadió que la industria ganó influencia política y que los recientes avances legislativos ofrecen un marco más previsible para su desarrollo.
"La industria cripto está ganando poder político, y eso es algo que no teníamos hace cinco años", explicó. Además, destacó que la claridad legal no solo beneficia a las empresas, sino también a los consumidores y al sistema financiero en su conjunto.