El Gobierno nacional renovó los mecanismos de Defensa del Consumidor para canalizar denuncias y agilizar la resolución de conflictos, superando los obstáculos que existían en el sistema previo. Las medidas incluyen la creación de un canal federal único para recibir reclamos y cambios en la figura del Defensor del Cliente.
Antes, los consumidores enfrentaban un panorama fragmentado: cada jurisdicción contaba con sus propios canales y no todas estaban adheridas al régimen nacional, lo que dificultaba la tramitación y resolución de los reclamos.
Con las Disposiciones 890/2025 y 893/2025, publicadas este martes en el Boletín Oficial, se introducen cambios clave. A continuación, te los mostramos.
Para unificar y simplificar el proceso, se creó un único canal nacional que recibe todas las denuncias de los consumidores. Este mecanismo permite centralizar la información, derivar los reclamos a la jurisdicción correspondiente y hacer un seguimiento más transparente. Entre sus funciones principales se destacan:
Recoger denuncias de todo el país, analizarlas, asignarlas y derivarlas a la jurisdicción correspondiente.
Articular con las Autoridades de Aplicación Locales según los criterios de la Ley N° 24.240.
Promover el desarrollo tecnológico necesario para lograr la trazabilidad de los reclamos, algo que antes era limitado.
Derogar normativas anteriores, centralizando y unificando el sistema de reclamos.
La figura del Defensor del Cliente se amplía para que más proveedores puedan implementarla y para que los consumidores tengan soluciones más rápidas y claras. Ahora, esta figura puede ser interna o externa a la empresa, y su función es mediar y resolver quejas de manera ágil. Los cambios principales incluyen:
Puede ser unipersonal o colegiada, e interna o externa al proveedor, lo que facilita su adopción por más empresas.
Su dictamen tendrá carácter vinculante si lo acepta el consumidor, agilizando la resolución de conflictos que antes podían prolongarse.
Se permite el uso de herramientas digitales para formalizar acuerdos, simplificando el proceso.
La obligación de informar sobre las tareas desarrolladas pasa de trimestral a anual, reduciendo la carga administrativa para los proveedores.
En resumen, estas medidas buscan ofrecer a los consumidores canales más claros y eficientes, agilizar la resolución de conflictos y dar mayor uniformidad y trazabilidad a los reclamos, al tiempo que facilitan que las empresas implementen la figura del Defensor del Cliente de manera más sencilla.
De esta manera, se superan muchas de las limitaciones del sistema previo, que dificultaban tanto la gestión como la resolución de las denuncias.