La Ley GENIUS marca un antes y un después en la regulación de las stablecoins en Estados Unidos, estableciendo el primer marco legal federal específico para estos activos, con el objetivo de asegurar respaldo total, transparencia y control sobre su circulación.
Además, quedan integradas al Bank Secrecy Act, por lo que sus emisores deben implementar controles contra el lavado de dinero y reportar operaciones sospechosas.
Quedan fuera del control de la SEC si cumplen con las reglas. Según la propia comisión, esas stablecoins "no serán tratadas como valores".
Si bien la ley se presenta como una medida de protección y estabilidad, también refuerza el papel del dólar como moneda digital global. Según el Tesoro, la norma "impulsará la compra de deuda pública" y consolidará el liderazgo estadounidense.
Solo entidades con respaldo y supervisión pueden lanzar stablecoins:
Esto excluye a compañías extranjeras no reguladas, startups sin licencia y proyectos descentralizados.
Sin embargo, se contempla un canal para emisores extranjeros ("foreign issuers"), que deben demostrar que su país de origen aplica normas similares en materia de regulación financiera, protección al consumidor y prevención del lavado de dinero.
Qué pasa con las principales stablecoins bajo este régimen:
La ley otorga hasta tres años de plazo para que los emisores se adapten por completo a las nuevas normas.
Las plataformas como Coinbase o Binance deberán listar solo monedas registradas y reguladas. Las wallets custodiadas deberán operar como bancos, con cuentas segregadas, auditorías y KYC/AML obligatorios.
En DeFi, la ley impide que una stablecoin rinda intereses por sí sola. Cualquier retorno deberá provenir de mecanismos externos, bajo contratos separados. Esto podría dejar fuera del juego a startups y favorecer a grandes actores con mayor capacidad regulatoria.
Además, la ley exige identificar a responsables, separar funciones de emisión, trading e inversión, y adoptar estándares similares a los bancarios en cuanto a gestión de liquidez y riesgo. En la práctica, obliga a los emisores a "bancarizarse".
Para los usuarios, la ley establece que deberán pasar procesos rigurosos de verificación de identidad. "La trazabilidad asociada a identidades reales elimina el pseudo-anonimato", lo que abre la puerta a la vigilancia financiera y posibles bloqueos de fondos.
Si bien las wallets auto-custodiadas no están prohibidas, los emisores podrían limitar transacciones con direcciones no verificadas, afectando su utilidad. Además, cualquier persona —incluso fuera de EE. UU.— que use una stablecoin regulada deberá ajustarse a estas reglas, incluidas las de KYC y reporte al IRS.
La ley contempla sanciones por incumplimiento. Por ejemplo, emitir sin licencia puede costar hasta u$s100.000 por día, mientras que los casos de fraude en los reportes de reservas implican riesgo de cárcel.
Exchanges o custodios que no cumplan con normas de FinCEN o la OFAC también enfrentan sanciones millonarias. Incluso los usuarios pueden sufrir bloqueos o multas si operan con direcciones sancionadas o no declaran ganancias.
La GENIUS Act garantiza respaldo y transparencia, pero al mismo tiempo impone una vigilancia sin precedentes. Aunque no crea una CBDC directa, promueve una versión controlada del dólar digital: sin emitirla, el Estado regula cada aspecto.
El resultado es un ecosistema que plantea, por un lado, seguridad y certidumbre y, por el otro, pérdida de privacidad y menos margen para alternativas descentralizadas.