Una exploración jurídica desde el voto electrónico hasta la responsabilidad civil. Entre contratos inteligentes, pseudónimos y líneas de código, ¿quién responde cuando todo parece ser de todos y de nadie?
A lo largo de la historia, cada sociedad buscó nuevas formas de decidir colectivamente. De las ágoras griegas al voto digital, la evolución del consenso es también una historia de estructuras.
En este contexto emergen las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés), son entidades digitales que prometen autogobierno sin jerarquías, automatización sin intermediarios y comunidad sin fronteras. Pero, ¿pueden realmente funcionar como organizaciones sin ser reconocidas por el derecho?
Según el Scoping Paper de la Law Commission del Reino Unido (2024), una DAO es "una nueva forma de organización en línea que coordina a personas mediante reglas codificadas en software". Esencialmente, una plataforma de voto automatizado anclada en la blockchain.
Sin embargo, esta definición técnica no se traduce necesariamente en reconocimiento legal. No existe hoy una forma jurídica universal de DAO. Pueden ser:
O, incluso, en el límite, un conjunto de scripts sin sujeto de derecho
La pregunta entonces es: ¿puede algo que no tiene personalidad jurídica asumir responsabilidad legal? Desde ya, este artículo es general y cada caso puede ser distinto.
Las DAO operan mediante smart contracts que ejecutan automáticamente decisiones votadas por sus usuarios, titulares de governance tokens. Se trata, en esencia, de un sistema de votación electrónica blindado por blockchain. La ejecución no requiere mayoría física ni firmas: solo código y consenso algorítmico.
Pero cuando ese voto activa la administración de fondos, inversiones o promesas de rentabilidad, ya no es solo software: es acción jurídica. Y el derecho empieza a preguntar: ¿quién decidió? ¿Quién se beneficia? ¿Quién responde?
En Estados Unidos, el caso bZx/Ooki DAO se convirtió en un precedente disruptivo. Entre 2019 y 2021, bZeroX ofrecía operaciones de futuros apalancados en criptomonedas, sin registro ni controles. Trasladaron el control a una DAO –la Ooki DAO– creyendo que la descentralización blindaba la legalidad.
Pero la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) opinó lo contrario. Demandó a la DAO como una asociación no incorporada y responsabilizó a sus miembros activos. ¿El argumento? Si alguien vota, administra o cobra, entonces participa. Y si participa, responde.
La CFTC aplicó la Commodity Exchange Act y el Bank Secrecy Act, normas que exigen el registro de plataformas que intermedian con commodities o activos financieros y la adopción de políticas KYC. Para el organismo, la DAO no fue más que una continuación tecnológica de la empresa anterior.
La Uniform Partnership Act de EE.UU. establece que si dos o más personas operan con fines de lucro sin registro, forman automáticamente una sociedad de hecho. Así lo entendió el tribunal del caso Ooki DAO, introduciendo el concepto de key administrators: usuarios con poder sustancial, aunque operen bajo seudónimos.
GitHub, Discord o una wallet no bastan para ocultar la acción jurídica. Si alguien administra, vota o influye sustancialmente, quizás podría ser identificado, demandado y condenado.
Como advierte la Law Commission, muchas DAO solo aparentan descentralización. Un puñado de desarrolladores o gestores toma las decisiones clave. El reparto de tokens no siempre implica poder efectivo ni equidad. Y donde hay concentración, hay responsabilidad.
Las figuras del derecho común (como la sociedad irregular o de hecho) se activan por el comportamiento, no por la etiqueta. Lo importante no es cómo se llama la organización, sino qué hace y cómo lo hace.
Algunos estados han comenzado a explorar respuestas. En Wyoming, por ejemplo, las DAOs pueden registrarse como LLC (compañías de responsabilidad limitada) desde 2021, obteniendo así reconocimiento legal y limitación de responsabilidad. Esto permite regular mejor sus actividades, establecer representación, y evitar que cada participante exponga su patrimonio personal.
El Código Civil y Comercial de la Nación prevé situaciones similares. El artículo 10 prohíbe el ejercicio abusivo del derecho, en tanto que el artículo 12 impide evadir normas imperativas con acuerdos privados. Aunque la DAO se presente como descentralizada, si en los hechos opera como sociedad o asociación, debe responder como tal.
La Ley 19.550 de Sociedades Comerciales establece que habrá sociedad cuando "dos o más personas se obliguen a realizar aportes para participar de beneficios y soportar pérdidas". Las DAO, aún sin papeles, pueden cumplir con esa definición fáctica.
En tanto no exista regulación especial, una DAO podría ser considerada una sociedad de hecho. Esto implica:
Aunque no hay aún legislación específica sobre DAO, la Ley 27.739 (2025) reguló recientemente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), obligándolos a registrarse y a cumplir normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Esta ley, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), podría extenderse eventualmente a las DAO que manejen fondos o prestan servicios cripto.