Arizona se convirtió en el primer estado en crear una reserva estatal de Bitcoin
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A partir de la aprobación de dos proyectos clave, Arizona se posiciona como el primer estado en considerar oficialmente a Bitcoin como parte de sus reservas públicas.
El Senado y la Cámara de Representantes dieron luz verde a los proyectos 1025 y 1373, que permiten canalizar hasta el 10% de los fondos estatales -incluidos los de pensiones- hacia criptomonedas como Bitcoin.
Esta iniciativa, que espera la firma final de la gobernadora Katie Hobbs, brindaría al tesorero estatal la facultad de invertir en activos digitales, abriendo una nueva etapa en la gestión pública de inversiones.
Además, se crearía un fondo estratégico específico para activos digitales, donde se alojarían tanto criptomonedas incautadas como futuras asignaciones.
Las normas exigen auditorías en la cadena y mecanismos de control del riesgo.
Con estos proyectos, Arizona sigue los pasos de estados como Texas, Florida y New Hampshire, que también están considerando incorporar Bitcoin como herramienta financiera y motor de innovación tecnológica.
Si Hobbs aprueba la ley, Arizona se convertiría en el primer estado del país en integrar formalmente a Bitcoin dentro de su tesorería pública, lo que podría sentar un precedente nacional.
El avance legislativo coincidió con una fuerte recuperación del mercado cripto. Bitcoin cotizaba en torno a los u$s95.000 tras subir 25% desde principios de abril, impulsado por señales de mayor respaldo institucional.
Este renovado entusiasmo se apoya, en parte, en proyectos como el de Arizona, que tratan a Bitcoin no solo como inversión, sino como posible activo soberano de respaldo financiero.
La gobernadora Hobbs recientemente destrabó un conflicto presupuestario al llegar a un acuerdo bipartidista sobre fondos para personas con discapacidad, algo que redujo tensiones sobre posibles vetos.
No obstante, aún no se expresó públicamente sobre estos proyectos de ley vinculados al ecosistema cripto, y su decisión será determinante para el futuro de la iniciativa.
Si, la asignación podría ejecutarse rápidamente. En cambio, un veto significaría frenar por completo cualquier movimiento en esa dirección.
Según datos oficiales, el Tesoro de Arizona gestionaba más de u$s31.400 millones en 2023.
De modoe que, si se aplicara el tope del 10% previsto en la normativa, eso representaría unos u$s3.140 millones que podrían volcarse a activos digitales como Bitcoin y ciertos NFTs.
La legislación hace foco en monedas de alta liquidez y seguridad, exigiendo además que todas las inversiones respeten principios fiduciarios y estrategias claras de gestión del riesgo.
De concretarse una inversión de ese tamaño, Arizona podría adquirir cerca de 31.000 BTC, algo que lo ubicaría como uno de los mayores poseedores institucionales de criptoactivos del país.
Incluso superaría en volumen a compañías como Tesla o Marathon Digital, y dejaría la puerta abierta para que otros estados o gobiernos exploren modelos similares de reserva.