La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay confiscó más de 1.000 equipos ASIC para la minería de Bitcoin y dos transformadores de alta tensión que suministraban energía a una granja que, supuestamente, operaba ilegalmente.
Los dispositivos de minería digital estaban ubicados en un almacén en Quiindy, a 100 kilómetros de Asunción, y eran alimentados por un transformador eléctrico de 3.150 kVA, según Félix Sosa, presidente de la ANDE.
Después del allanamiento a la granja minera, Sosa informó a los medios que la instalación tenía más de 800 máquinas en funcionamiento y otras aún en embalaje. Se sospecha que el propietario del almacén, cuya identidad no se reveló, tenía planes de expandir sus operaciones.
De acuerdo con Sosa, la granja estaba consumiendo alrededor de 800 millones de guaraníes en electricidad cada mes, equivalente a u$s100.000, una cantidad que no estaba siendo registrada por la ANDE y se consideraba un acto de robo.
El funcionario no especificó el período durante el cual la granja estuvo en funcionamiento, pero mencionó que la intervención se realizó tras múltiples denuncias de cortes eléctricos por parte de un residente de Quiindy.
Sosa también destacó que el alto consumo de electricidad en la ciudad fue confirmado mediante el centro de operaciones y monitoreo de la ANDE, que utiliza tecnología para detectar consumos inusuales. Aseguró que el 90% de las intervenciones realizadas este año se originaron a partir de este centro de operaciones.
Según Félix Sosa, la actividad minera ilegal y el consiguiente robo de energía son considerados como una seria amenaza tanto para la sociedad paraguaya como para la estabilidad financiera de la ANDE.
Sosa reveló que desde enero de 2024 desconectaron una potencia de 33 MW utilizada por granjas clandestinas de minería de Bitcoin, lo cual supera el consumo de la ciudad de Pilar, estimado en 27 MW. Calificó este hecho como un robo de energía de gran magnitud y una amenaza para el sistema eléctrico paraguayo.
Aunque no dio detalles sobre la cantidad de mineros de Bitcoin confiscados, CriptoNoticias pudo confirmar la incautación de al menos 4.194 equipos ASIC para la minería de Bitcoin desde el inicio del año en curso.
Según los comunicados de prensa de la ANDE, se realizaron al menos 13 intervenciones en granjas clandestinas de minería desde el 12 de enero de 2024.
Las confiscaciones de mineros varían en magnitud, desde lotes de 360 hasta 1.000 equipos, con decomisos más pequeños entre 13 y 48 ASIC. La ANDE llevó a cabo estas acciones de manera consecutiva durante los primeros tres meses de este año, y se espera que continúen en el futuro, con la expansión de las operaciones de vigilancia y supervisión.
Esto se enmarca en una cooperación interinstitucional entre la ANDE, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quienes se comprometieron a perseguir y sancionar a los mineros de Bitcoin clandestinos.
El accionar de la ANDE, sumada a las 12 del año en curso y otras 40 desde 2023, generó críticas por parte de la comunidad paraguaya de Bitcoin. Joaquín Morinigo, experto en el campo, sugirió que hay empleados de la ANDE involucrados con los mineros ilegales.
"Ustedes vieron las conexiones, los equipos. Esto no es trabajo de amateurs, esto es trabajo de gente que está en la ANDE y ellos permiten la proliferación de las mismas. Es un problema estructural", comentó Morinigo en una entrevista con un medio local.
Y agregó: "Me parece muy fuerte que la ANDE utilice de chivo expiatorio a la minería de Bitcoin para justificar los cortes eléctricos. La ANDE sigue con el mismo problema, que es que no invierten realmente",
Además, Morinigo hizo referencia a los 50 contratos que la ANDE firmó con empresas mineras de Bitcoin, los cuales generan millones de dólares en ingresos mensuales para la agencia, gracias a la tarifa de garantía de u$s65.000 por cada MW consumido por los mineros.
Félix Sosa admitió la existencia de 50 contratos con empresas mineras de Bitcoin, que operan bajo la supervisión de la ANDE. Estas empresas están sujetas a una tarifa en dólares que es un 40% más alta que la tarifa estándar para los clientes convencionales.
"Considerando que consumen en gran proporción y no generan mano de obra, entonces esa fue la tarifa que definió la ANDE", concluyó.