El Senado aprobó la Ley N° 27.739 que modificó la Ley N° 25.246 sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, promulgada en el año 2000.

Roberto Silva, presidente de la CNV, destacó que "venimos trabajando desde que la posibilidad de que se sancione la Ley se volvió una probabilidad cierta".

Y agregó: "Ahora que es una realidad avanzaremos en la creación del registro de proveedores de activos virtuales en cumplimiento con las recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)".

La sanción de la Ley y su promulgación ocurrió en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina de GAFI/GAFILAT.

Esta reforma estableció nuevas facultades para la CNV, entre ellas se destaca la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Gracias a este registro se podrá centralizar la información de manera adecuada, precisa y actualizada sobre todas las personas humanas y jurídicas que revisten el carácter de proveedores de registros virtuales. 

La CNV trabaja en una nueva implementación para prevenir el lavado de activos

Además, el organismo ejercerá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores.

Avances en el registro de proveedores

Por su parte, la directora Sonia Salvatierra, vocal del directorio de CNV que acompañó el inicio de la visita del GAFI), mencionó que "para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/ GAFILAT.

Por ello, "nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina".

Por último, el directorio de la CNV integrado también por Patricia Boedo, detalló que "se va a hacer una tarea coordinada con UIF, organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas.

Esto es con el fin de que el resultado de la implementación de la nueva normativa sea eficaz y transparente.

Además, pueda generar nuevas oportunidades en el combate contra el crimen organizado, propicie la efectividad del sistema preventivo y represivo, promueva el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado e impulse la adaptación a nuevas tecnologías".

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