El gobierno de Estados Unidos ha suprimido dos cláusulas de la National Defense Authorization Act (NDAA) que tenían como objetivo atender inquietudes sobre el lavado de dinero (AML) asociadas a las criptomonedas.
La NDAA es una legislación que establece las pautas para el uso de los fondos federales por parte del Departamento de Defensa del país.
Dentro del extenso catálogo de disposiciones eliminadas de la NDAA, dos detallaban un sistema exhaustivo de revisión e informe de actividades relacionadas con cripto, destinado a combatir prácticas ilícitas.
La primera disposición exigía que la Secretaria del Tesoro de EE.UU. colaborara con reguladores bancarios y gubernamentales para establecer un sistema integral de revisión y evaluación centrado en el riesgo de las criptomonedas, dirigido a instituciones financieras.
En cuanto a la segunda disposición, se enfocaba en combatir las transacciones anónimas con criptoactivos, especialmente aquellas involucradas con mezcladores o tumblers de criptomonedas.
Este proceso requería la creación de un informe detallado sobre los volúmenes de transacciones de activos cripto vinculados a entidades sancionadas, abarcando también los enfoques regulatorios adoptados por otras jurisdicciones.
Adicionalmente, se prevé que se proporcionen pautas para la implementación de regulaciones cripto al gobierno de EE.UU., específicamente "Recomendaciones para legislación o regulación relacionada con las tecnologías y servicios descritos en los párrafos (1) y (3)".
En julio de este año, el Senado de los Estados Unidos aprobó la National Defense Authorization Act (NDAA) por un valor significativo de USD 886 mil millones.
Entre las enmiendas cruciales, se incorporaron elementos de la Digital Asset Anti-Money Laundering Act, presentada en 2022, y de la Responsible Financial Innovation Act.
Este último busca establecer precauciones para evitar incidentes similares al ocurrido con FTX en la industria de criptomonedas.
Las propuestas fueron impulsadas por un destacado equipo de senadores, entre ellos Cynthia Lummis, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand y Roger Marshall.
Estas iniciativas apuntan a abordar inquietudes respecto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo vinculados al uso de criptomonedas.
Recientemente, el gobierno de EE. UU. ha intensificado sus deliberaciones sobre estas cuestiones.
El 15 de noviembre, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebró una reunión para discutir las actividades ilegales dentro del ecosistema cripto y evaluar la efectividad de los exchanges de criptomonedas y proveedores de finanzas descentralizadas en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La esencia del reciente proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos se enfoca en ampliar las sanciones del país para incluir a aquellos que respalden a organizaciones terroristas mediante el uso de criptomonedas o moneda fiduciaria.
El senador Romney enfatiza que esta legislación otorgaría al Departamento del Tesoro de EE.UU. la capacidad de perseguir las "amenazas emergentes vinculadas a activos digitales".
Este enfoque adquiere relevancia, especialmente en relación con los ataques del 7 de octubre y las operaciones del grupo terrorista Hezbolá.
El senador Rounds subraya la importancia de proporcionar al Departamento del Tesoro las herramientas necesarias para combatir amenazas modernas.
Rounds afirma: "Es fundamental que el Departamento del Tesoro disponga de las herramientas antiterroristas necesarias para combatir las amenazas modernas".
Además, destaca que la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo adopta medidas de sentido común para sancionar a instituciones financieras extranjeras y empresas extranjeras de activos digitales que faciliten actos terroristas.
Los ataques de Hamás contra Israel han acelerado la urgencia de que Estados Unidos responda al papel que las criptomonedas desempeñan en la financiación del terrorismo.
Este proyecto de ley bipartidista busca ampliar las sanciones para abarcar a todas las organizaciones terroristas, incluido Hamás, y abordar las amenazas asociadas a los activos digitales.
El proyecto de ley, detallado en 10 páginas, presenta disposiciones que capacitarían al Tesoro de EE.UU. para vetar transacciones con "facilitadores extranjeros de transacciones de activos digitales" enlistados en las entidades sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ya sancionó, el 18 de octubre, a un operador de criptomonedas con sede en Gaza y agregó ciudadanos de Corea del Norte a su lista por utilizar mezcladores de criptomonedas para el lavado de fondos.
Este proyecto de ley surge en un contexto donde numerosos legisladores estadounidenses han expresado inquietudes sobre el supuesto papel de las criptomonedas en el financiamiento de grupos terroristas.
Aproximadamente una semana después del ataque de Hamás a Israel, la senadora Elizabeth Warren y más de 100 legisladores firmaron una carta solicitando medidas para "restringir significativamente la actividad ilícita de las criptomonedas" utilizadas para financiar organizaciones terroristas.
Warren, durante una audiencia el 6 de diciembre, afirmó que Corea del Norte financió aproximadamente la mitad de su programa de misiles con "ganancias del cripto crimen".
A pesar de estas aseveraciones, la empresa de análisis de blockchain Elliptic informó en octubre que "no había pruebas" de que Hamás recibiera una cantidad significativa de criptodonaciones para financiar sus ataques.