"Si usted tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo", sentenció el presidente electo, Javier Milei, al abordar la posibilidad de implementar cambios en beneficio de aquellos que adquirieron créditos hipotecarios UVA vinculados a la inflación durante el gobierno de Mauricio Macri.
Estos préstamos, originados durante la gestión de Macri, inicialmente tenían cuotas comparables a un alquiler, pero se vieron afectados por la inflación, especialmente durante la pandemia y el posterior aumento de precios.
Ante esta situación, los propietarios que adquirieron estos préstamos buscaron ayuda del Gobierno, y Alberto Fernández les otorgó algunos beneficios.
Este año, legisladores kirchneristas presentaron un proyecto de ley que buscaba limitar las cuotas a 30% de los ingresos de los deudores y ajustarlas según el RIPTE en lugar de la inflación. Aunque la Cámara Baja aprobó el proyecto, este quedó estancado en el Senado.
Milei comparó la elección de tomar estos créditos con una "decisión en términos de renta-riesgo" y argumentó: "Ahora, como el resultado es adverso, quieren que lo pague otro. Si tomaron una decisión incorrecta, deben asumirla", comentó durante su participación en el programa A Dos Voces de TN.
En referencia a los deudores hipotecarios, apuntó: "Nadie les puso una pistola en la cabeza para que lo saquen".
Según información proporcionada por los bancos, entre 2016 y 2019 se otorgaron alrededor de 105.000 créditos hipotecarios UVA para la vivienda desde el inicio del programa UVA hasta que se detuvo debido a la crisis.
Además, las entidades destacan que el nivel de morosidad es bajo.
Aunque el proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación parcial de la Cámara de Diputados, tuvo modificaciones en el dictamen de la comisión del Senado, nunca fue sometido a debate en el recinto.
La nueva propuesta presentada por el kirchnerismo en el Senado planteaba la renovación del contrato crediticio con fecha del 1 de septiembre de 2023, retrocediendo el capital al 31 de agosto de 2019.
En este proceso, se debía descontar del capital adeudado las cuotas abonadas desde esa fecha hasta la firma del nuevo contrato.
El nuevo préstamo contemplaba la eliminación de la cláusula de ajuste UVA, adoptando en su lugar el índice RIPTE, que mide la variación salarial, con un interés del 3,5% nominal anual.
En contraste, la propuesta de Diputados establecía que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se calcularía considerando el índice mensual que arrojara el menor entre el coeficiente de variación salarial basado en el RIPTE y el IPC, que mide la inflación promedio.
Tal como se planteó en el dictamen de Diputados, ambas propuestas coincidían en la suspensión de juicios y desalojos por 365 días, así como en la interrupción de los términos procesales en curso, designando al Banco Central como autoridad de aplicación.