Luego de la propuesta del ministro y candidato a la presidencia Sergio Massa de utilizar el sobrante de gas de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta en el oeste de Argentina para minar Bitcoin, diversos miembros del ecosistema local expresaron sus opiniones sobre este asunto.
La propuesta, planteada por el experto en informática Santiago Siri durante una reunión que mantuvo la semana pasada con el candidato, generó controversia y escepticismo.
Además, este tema fue objeto de discusión en un evento en línea organizado por la ONG Bitcoin Argentina.
En dicho evento, un grupo de oradores, entre los que se encontraban mineros de Bitcoin, consideraron que la participación del Estado en la minería es poco factible.
Esto fue expresado por Joy Boy, un entusiasta de Bitcoin y minero de esta criptomoneda, así como por José María Sarasola, quien es el director ejecutivo de Cryptogranjas, una startup que utiliza residuos orgánicos e industriales, como excrementos de cerdos y vacas, para generar energía destinada a la minería digital en la región de Vaca Muerta.
Sarasola comenzó su presentación explicando las necesidades mínimas esenciales para llevar a cabo esta actividad a nivel industrial.
Entre estos requisitos, destacó el consumo de electricidad, pero, sobre todo, la costosa infraestructura que requiere una sólida conectividad a Internet.
"Aunque no se requieren grandes cantidades de datos, la baja latencia es necesaria para garantizar una red rápida, junto con máquinas eficientes", indicó.
Estos son requisitos que demandan una inversión significativa y un personal altamente capacitado con un profundo conocimiento, según señaló Joy Boy.
Él resaltó la notable inversión y especialización necesarias para establecer una operación de minería de bitcoin, describiéndolas como "bastante complejas".
En cuanto a la experiencia de Cryptogranjas en Vaca Muerta, Sarasola aclaró que la minería de bitcoin se lleva a cabo en colaboración con la empresa Petróleos Suramericanos, aprovechando el exceso de gas que se encuentra en los yacimientos petroleros.
El director ejecutivo de Cryptogranjas hizo referencia a diversas compañías que, al igual que Cryptogranjas, se encuentran involucradas en proyectos de minería de bitcoin en Vaca Muerta.
Una de estas empresas es Tecpetrol, que tiene planes de utilizar el gas proveniente de seis pozos localizados en el campo.
No obstante, según confirmó el CEO de Cryptogranjas, este proyecto aún no fue implementado.
Otra empresa mencionada es YPF Luz, una subsidiaria de la empresa estatal YPF, que suministra energía eléctrica e infraestructura a algunas instalaciones de minería de Bitcoin.
La mayoría de estas compañías llevan a cabo sus operaciones en virtud de acuerdos con los productores de gas, quienes ostentan las concesiones para la extracción del gas a nivel provincial.
En este punto de la conversación, Sarasola señaló que en la actualidad la actividad minera no resulta muy lucrativa y constituye un proceso de alto costo.
Él mencionó: "Hace aproximadamente año y medio o dos, cuando el precio de BTC estaba en niveles más elevados, era rentable".
Sin embargo, resaltó que la situación es volátil y los gastos pueden variar en función de factores como el halving de bitcoin, el valor de la criptomoneda y otras variables que requieren un análisis constante.
Por lo tanto, cuando se le consulta sobre si el Estado debería participar en esta actividad, no considera que sea una opción muy viable.
Esta opinión es compartida por Joy Boy, quien resaltó el riesgo asociado con una inversión de esta índole.
"Se trata de una actividad donde debes saber manejar el punto de equilibrio entre ganancias y pérdidas. Hay que evaluar continuamente los costos y la rentabilidad, tomando en cuenta que en ocasiones te ves obligado a vender los bitcoins que produces", comentó Joy Boy.
Añadió que los proyectos de minería, como el propuesto por Massa, no se financiarían con fondos de una empresa privada, sino más bien con recursos públicos, principalmente provenientes de los impuestos que los ciudadanos pagan.
También consideró que cualquier inversión de este tipo debería contar con el consentimiento de la población.
En su opinión, existen numerosos factores que deben ser exhaustivamente analizados antes de embarcarse en un proyecto de esta envergadura.
Subrayó que la evaluación de tal magnitud requiere experiencia y argumentó que los gobiernos no están adecuadamente preparados para llevar a cabo este proceso.
Los oradores compartieron la idea de que el Estado debería emplear los recursos en la resolución de cuestiones de mayor relevancia y urgencia en el país.
También consideraron la posibilidad de mejorar las condiciones para llevar a cabo esta actividad o, posiblemente, participar en asociación con el sector privado.
Estas opiniones se reflejan en comentarios fuera del evento en línea, entre los cuales se incluyen los mensajes compartidos por Hodler Tom, un entusiasta de Bitcoin, quien compartió su experiencia en Vaca Muerta en un evento anterior, describiendo la complejidad del proceso.
La ONG Bitcoin Argentina también expresó su opinión sobre la propuesta.
Rodolfo Andragnes, uno de los cofundadores de la organización y miembro de la Comisión Directiva, compartió sus reflexiones en una conversación en línea.
Andragnes indicó su apoyo a la idea de la minería de bitcoin, pero no respaldó que sea responsabilidad del Estado.
Además, consideró que es más apropiado fomentar que empresas privadas especializadas se encarguen de esta actividad y asuman los riesgos asociados.
A su vez, argumentó que esto tiene sentido, dado que la inversión requerida es elevada, la dificultad de la minería es cada vez mayor y la emisión de nuevas criptomonedas es decreciente.
El presidente de la ONG, Ricardo Mihura, se sumó a esta postura, destacando que la organización apoya cualquier iniciativa que contribuya a aumentar y diversificar el hashrate, ya que esto fortalece la red de Bitcoin y aumenta su valor intrínseco.
Mihura también expresó su satisfacción por el hecho de que se haya reconocido explícitamente que la minería de bitcoin no es perjudicial para el medio ambiente.
Además, abogó por la revisión de las regulaciones fiscales y las restricciones a la importación de equipos impuestas al sector.