La Cámara de Diputados inició la discusión de los proyectos sobre la reducción de la jornada laboral. Se trata de siete iniciativas, de cuyos textos saldrá el proyecto definitivo, y en algunos casos, incluyen cláusulas de mucha gravedad, como la prohibición de horas extras o la incorporación de comisiones sindicales para controlar a los empresarios.
Los gremios impulsan la reducción de la jornada de trabajo, mientras que la Unión Industrial Argentina planteó en la primera reunión de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados que se trata de una medida antiempresa, que profundizará el éxodo de compañías nacionales y extranjeras.
El Gobierno, de la mano de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, juega a dos puntas: acepta la reducción de la jornada, pero "en forma escalonada y con atención a la productividad de cada sector", según expuso la funcionaria.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, diputada Vanesa Siley (Frente de Todos, Buenos Aires) recordó que la ley que establece 48 horas semanales data de 1929 y consideró necesario iniciar un debate "para modernizar y actualizar la legislación laboral", que cumplirá un siglo dentro de cinco años.
En esa reunión informativa expusieron diferentes oradores, como la ministra de Trabajo, representantes de la UIA, abogados laboralistas, representantes de la CTA, y los propios autores de los proyectos en danza.
La diputada Siley sostuvo en la reunión que "hay estudios que sostienen que una persona que trabaja menos es más feliz, se realiza más, tiene más presencialidad en su hogar y esto beneficia a todo el entorno".
Sin embargo, "se escucharon reflexiones respecto de que la opinión de que la reducción de la jornada laboral busca la mayor igualdad en la sociedad, parecería ser una mirada un poco parcial", indica en diálogo con iProUP la asesora legislativa Marcela Fernández Cerone.
"Parecería que las reflexiones se enfocan en demostrar que el trabajo es un castigo", asegura Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien sostiene que "no necesariamente frente a las nuevas tecnologías, se debe limitar el trabajo. La jornada laboral de 48 horas está establecida por la OIT".
En este sentido, remarca que "todo cambio debería hacerse mirando a nuestra propia realidad: no sirve mirar ejemplos de países europeos, con pruebas pilotos en Alemania o Inglaterra".
Para Cordero, "la reducción de la jornada laboral nada garantiza, ni desde la productividad, ni la felicidad ni la salud. El trabajo dignifica al hombre y esto es lo que se ha perdido en los últimos años", además de calificar las reformas como "decisiones exprés que no benefician al conjunto".
Por su parte, el Grupo de los 6 (G6) declara que "una modificación de la estructura laboral como la reducción de la jornada requiere de un debate responsable, con la participación de todas las partes involucradas, donde es necesario generar consensos y no apresurar su tratamiento por las presiones coyunturales de lapolítica electoral".
"Hoy Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal por loque cambios de este tipo podrían redundar en más impuestos sobre el sector empleador", advierte el G6. que nuecla bancos extranjeros, empresarios argentinos de la construcción, el comercio, la industria y el agro, y la Bolsa de Comercio.
Fernández Cerone indica a iProUP que la reunión de la Comisión de Legislación Laboral se escucharon argumentos en defensa de la reducción de la jornada bajo los siguientes argumentos:
Además, remarca que "todos los proyectos confluyen principalmente en las siguientes modificaciones":
Con estos cambios, los autores de los proyectos buscan "propender a la toma de nuevos trabajadores, ya que calculan se crearían 1,1 millones de nuevos puestos", aclara Fernández Cerone.
Fernández Cerone sintetiza que "en estos siete proyectos se beneficia a un sector, el trabajador, y se recarga al sector empleador, imponiendo obligaciones nuevas. Los puntos más graves que aparecen son los que siguen":
"De este modo, se incrementa la obligación patronal que ya hoy no está beneficiada en ningún aspecto, sin contemplar a las pymes", subraya Fernández Cerone
La iniciativa reduce a 6 horas diarias o 36 semanales el trabajo de lunes a sábado, y de 7 horas diarias si se realiza de lunes a viernes.
También reduce fuertemente las horas extras y las encarece: ya no podrán ser más de 2 horas por día, 10 mensuales o 100 anuales, y se deberá pagar un extra equivalente al 100% del sueldo normal, en lugar del actual 50% para días laborables.
Las horas suplementarias no podrán responder a "necesidad de la empresa" sino sólo a fuerza mayor.
Además, el trabajo nocturno no podrá exceder de las 5,15 horas y se reduce el 25% de la jornada para trabajadores encuadrados en estatutos especiales. También se prohíbe la reducción salarial.
No prohíbe la jornada de 8 horas y se limita a reducir a cinco los días en la semana, al reducir de 48 a 40 las horas semanales.
Además, fija que no puede existir disminución o supresión salarial alguna.
El texto promueve una jornada semanal "diurna salubre" de 6 a 36 horas, en tanto que la nocturan e "insualubre" no podrá exceder de 5.15 horas.
Además, reduce 25% la duración en los convenios especiales y contempla que los convenios colectivos pueden modular la jornada de 8 horas en 4 días de trabajo. La reducción salarial se mantiene.
La iniciativa establece una jornada laboral de 6 horas diarias y 30 semanales, no mayor a 5 horas por día en en turno noche.
Además, establece el plazo de un año para que las grandes empresas generen nuevos puestos para cubrir las horas liberadas y de dos años para las Pymes.
También crea comisiones de trabajadores para el control patronal, con un delegado cada 50 trabajadores.
El texto lleva la jornada a 6 horas diarias y 30 semanales para el trabajo diurno y como máximo 5 horas por día para el nocturno. Prohíbe la reducción de sueldos.
En el caso del trabajo extra, se abonan 10 horas suplementarias mensuales, con un tope de 2 horas por día. El importe es 50% más en días normales y 100% desde las 13 horas del sábado, domingos y feriados.
También establece plazos para cobertura de horas liberadas de un año para grandes empresas y dos para Pymes.
El proyecto promueve una jornada que no podrá exceder 36 horas semanales, con distribución homogénea de hasta 8 horas diarias.
Al igual que otros textos, no implica reducción salarial.
Las modificaciones que propone son similares a las de los demás diputados de su bloque.
Para Fernández Cerone, estos proyectos no tienen en cuenta "costos, beneficios y, fundamentalmente, el impacto en la productividad, como también la salud, el bienestar de los empleadores, que son ciudadanos y merecen la misma representación despojada de intereses partidarios, para no seguir profundizando una grieta disfrazada de defensa de derechos, ni para un lado ni para el otro".