La Casa Blanca presentó un proyecto para la creación de un impuesto de 30% sobre la electricidad consumida por las empresas de minado de criptomonedas. El objetivo es compensar el impacto que la industria produce, tanto a nivel ambiental como en el aumento de los costos de energía.
La propuesta es conocida como impuesto DAME, por las siglas en inglés para energía del minado de bienes digitales.
El impuesto se impondría en etapas. El primer año sería del 10%, luego el 20% durante el segundo año, y un 30% a partir del tercero.
La administración estadounidense argumentó que el impacto ambiental afecta mayormente a los barrios de minorías y bajos ingresos.
Por su parte el consumo de energía es volátil, provoca grandes aumentos en la demanda y también en los precios. Pero si una empresa de energía local invierte para compensar, corre el riesgo de que el día de mañana los mineros decidan reubicarse.
Cálculos de investigadores del The New York Times establecieron que las 34 operaciones más grandes de minado en los Estados Unidos consumen el equivalente a unos 3 millones de hogares.
Aún en los casos donde las mineras utilizan recursos renovables, esos recursos dejan de estar disponibles para otras actividades.
Detrás de la iniciativa hay ciertas valoraciones y existen otras industrias que consumen grandes cantidades de energía.
Por su parte, el gobierno estadounidense estima que en esos casos se produce un beneficio tanto para la economía local como la nacional.
Sin embargo, también es cierto que la industria de las criptomonedas no goza de la simpatía de muchos políticos en EE.UU.
La justificación de los funcionarios es que "muchas de sus operaciones son riesgosas tanto para el público como para el sistema financiero".