Que la minería de criptomonedas requiere de un insumo indispensable en grandes cantidades de energía eléctrica no es una novedad.
Se trata de una de las actividades que más energía requieren para operar, que alimenta a los equipos encargados de "fabricar" las divisas digitales como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH).
De hecho, datos como los de la Universidad de Cambridge mostraron que el consumo energético anual que se necesitaba para producir BTC superaba a la de toda Argentina.
En este contexto, un país en particular busca regular la actividad para alivianar la carga de consumo.
Se trata de Rusia, donde el Comité de Energía del Consejo de Estado recomendó al Gobierno la prohibición de la minería de Bitcoin en zonas residenciales de la nación para evitar incendios residenciales.
Sin embargo, esa es solo una de las razones del ente para prohibir la actividad. Otro motivo de fondo es la deficiencia eléctrica que sufren distintas poblaciones del país, a causa del conflicto bélico con Ucrania, que se extiende desde hace 11 meses.
La capital, Moscú, y otras ciudades de Rusia no cuentan con un suministro acorde que supla la demanda que requiere este servicio.
De hecho, autoridades de estas zonas consideran la posibilidad de imponer sanciones e impuestos a quienes se dediquen a la minería, ante la ausencia de una regulación clara en el país.
En un intento por evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y Europa, el Banco de Rusia decidió permitir que los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas no divulguen la información confidencial de sus usuarios.
La medida se diseñó con la intención de "minimizar la carga sobre estas organizaciones en una situación económica y geopolítica inestable", indicó un comunicado del regulador financiero ruso.
El banco argumentó que las flexibilizaciones al mercado de las criptomonedas en Rusia mitigaron el "efecto negativo de las restricciones impuestas por estados extranjeros hostiles, y también han permitido que estas organizaciones se adapten a nuevas condiciones".
La medida del banco será válida hasta el 1 de julio de 2023, y también abarca a los ciudadanos rusos, a las plataformas de inversión y los emisores de activos financieros digitales.
Este tipo de acciones surgen como respuesta a varios paquetes de sanciones que ejecutó la Unión Europea (UE), para evitar que Rusia use bitcoin con el fin de darle oxígeno a su golpeada economía.
El pasado octubre, la UE emitió un paquete de sanciones que prohibió la interacción entre monederos de Bitcoin de origen ruso con prestadores de servicios y exchanges de criptoactivos europeos.
De todas formas, Europa prohibió proporcionar servicios de criptoactivos de alto valor a Rusia. La medida fue dirigida a evitar que oligarcas rusos o miembros del propio gobierno intenten movilizar sus fondos fuera del país.
No obstante, la descentralización que permite una herramienta como Bitcoin, alienta a Rusia a buscar la forma de sortear los obstáculos impuestos por parte de la comunidad internacional.
Una de esas medidas que Rusia contempló, es legalizar el ecosistema de Bitcoin para poder ejecutar pagos transfronterizos, ya que el país afronta limitaciones de liquidez en su sistema de pagos tradicional, sancionado por la invasión rusa a Ucrania.