Las estafas piramidales estilo Ponzi parecen multiplicarse en la Argentina de hoy. Tras el caso de Generación Zoe, la lupa se posa ahora en otras compañías que podrían seguir ese mismo camino, acusadas de presunta estafa, como es el caso de Adhemar Capital.
Se trata de una empresa de origen catamarqueño y cuya cara visible es Edgar Adhemar Bacchiani, quien se jactaba de sus relaciones con el poder en lo más alto de la escala social de Catamarca. La sospecha es que ofrece servicios financieros con altos retornos desde 2018, derivados presuntamente de la inversión en criptomonedas.
Este miércoles, el abogado Ángel Granizo, quien representa a un grupo de damnificados que aún no recibió el pago prometido de los fondos que habían confiado a la firma, presentó la primera denuncia formal en los tribunales de Catamarca en contra de quienes encabezan Adhemar Capital: Bacchiani y su socio Pablo Olmi.
"Lo denunciamos por administración fraudulenta y lavado de activos", expresó el letrado a El Esquiú, y agregó: "Es la primera denuncia que es una punta del iceberg que se hace extensiva a otros responsables que tiene la firma".
Bacchiani ya tiene denuncias y procesos en su contra en Córdoba y en Tucumán, donde desembarcó el año pasado con un esquema similar al de Catamarca, provincia en la que nació su firma.
El abogado Granizo sostuvo que hizo una selección de clientes para que las denuncias tengan forma de ser comprobadas por la Justicia. "Hay una selección de causas que se creen viables y que reúnan los requisitos de obtener las pruebas para demostrar el ilícito", dijo.
Y apuntó que en la actividad que desarrolla Adhemar Capital se conjugan tres figuras penales: "El lavado de activos, la administración fraudulenta, la estafa y el tercero es la asociación ilícita".
La semana pasada, el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras emitió una resolución para unificar las causas que se iniciaron en Córdoba y Tucumán. En realidad, hasta este miércoles en su provincia no se había formalizado ninguna denuncia lo que sí sucedió en las "sucursales" de Adhemar Capital en otros puntos del país.
Incluso los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) enviaron una nota al Banco Central para investigar a la financiera.
Al menos 50 personas ya se presentaron como damnificadas en una causa en la que se investiga una estafa millonaria en la ciudad de Córdoba a través de lo que se conoce como estafa "piramidal". Por esta investigación, fueron detenidas nueve personas, entre ellas siete efectivos de la Policía de Córdoba, de acuerdo a lo informado este miércoles por fuentes judiciales.
La secretaria de la fiscalía que investiga el caso, María José López, aseguró en declaraciones a la prensa que en la investigación se determinó que los supuestos inversores aportaban dinero a cambio de una "retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento". Sin embargo, aclaró que en realidad no lograron recuperar su dinero.
"El día de ayer sabíamos que había 30 damnificados. Hoy 24 horas después, puedo decir que hay más de 50 damnificados. Nosotros sabemos que esto es tirar del hilo de un ovillo y esto va a comenzar a traer más damnificados", afirmó este miércoles, en diálogo con el canal TN, la funcionaria judicial.
Por otro lado, López explicó que "la gente se sentía traicionada y con vergüenza", algo que "muchas veces les impedía concurrir a la justicia".
"Las historias que nos han comentado fueron muy diversas y de todo tipo. Gente que perdió el ahorro de toda su vida. Gente que vendió su auto tras ver que luego de invertir conseguían una rentabilidad importante y decidió invertir todo el dinero que tenían", explicó.
Según las fuentes, la investigación comenzó hace varios meses, encabezada por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Alberto Mana.
Durante las pesquisas, se determinó que la maniobra tenía como víctimas a un "círculo de inversores integrado por policías", a quienes se les permitía el ingreso con la condición de captar nuevos clientes, que podrían ser familiares, amigos, conocidos o vecinos.
En ese contexto, los inversores eran invitados a invertir pesos o dólares, a cambio de una "retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento".
En relación al modus operandi de la banca, López detalló: "Generalmente entre el primer y el segundo mes se pagaba ese interés, lo que provocaba que la gente, confiando, le comentara la oportunidad a un pariente, a un amigo, a un compañero de trabajo para que se pudieran sumar a este beneficio".
Luego de que otras personas ingresaran al esquema depositando su dinero, el inversor inicial dejaba de recibir dinero y terminaba "perdiendo todo el capital invertido", señaló la funcionaria.
"No solamente se vulneró el patrimonio y la propiedad de una persona, sino que se jugó con la confianza. Porque generalmente eran compañeros de trabajo. Al permitirse solamente el ingreso de personal policial, el que los contactaba también era policía. Confiaban en sus compañeros de trabajo, a los cuales veían todas las mañanas", manifestó la secretaria de la fiscalía.
Según López, como consecuencia de los allanamientos realizados este martes y sus posteriores detenciones, "hoy empezaron a concurrir más damnificados a la fiscalía".
"Llegó gente llorando y desesperada. Hay personas que han depositado más de 30 mil dólares", contó.
Finalmente, la funcionaria instó a otros damnificados a que "confíen en la justicia" y que denuncien la estafa.
"Estamos para brindar un puente para que nosotros podamos seguir trabajando para deshojar este ovillo y llegar a un resultado positivo", concluyó.
Esta causa es paralela a otra que se tramita en la Justicia de Villa María, también en Córdoba, en la que se investiga una maniobra similar por parte de la organización Generación Zoe, en tanto que ya surgieron otros casos similares en esta provincia y en Catamarca.