En el transcurso de los últimos años el gobierno de los Estados Unidos llevó adelante la incautación de criptomonedas antes de subastarlas y, recientemente, buscó ayuda de una empresa privada para supervisar el almacenamiento y las ventas de esos tokens.
Durante el 2021 las incautaciones de criptomonedas ya lograron superar los u$s1.000 millones en valor, según informó Jarod Koopman, director de la unidad de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos.
"En el año fiscal 2019, tuvimos alrededor de u$s700.000 en incautaciones de criptomonedas. En 2020, ascendió a u$s137 millones. Y en lo que va de 2021 (en agosto), estamos en u$s1,2 mil millones", precisó el directivo.
Ya que el gobierno sigue con la acumulación de una gigante cantidad de criptomonedas en los últimos años, son muchos los expertos que aseguran que, a medida que el ciberdelito aumente, el monedero de criptomonedas del gobierno de EE.UU. crecerá.
De hecho, en noviembre se informó que una de las próximas incautaciones en el bloque de subastas son u$s56 millones en criptomonedas que las autoridades confiscaron como parte de un caso de esquema Ponzi que involucra al programa de préstamos de criptomonedas en el extranjero BitConnect.
A diferencia de otras subastas donde las ganancias se redistribuyen a diferentes agencias gubernamentales, el efectivo de esta venta criptográfica se utilizará para reembolsar a las víctimas del fraude.
La operación de incautación y venta de criptomonedas del gobierno crece a un ritmo tan veloz que las autoridades tuvieron que pedir ayuda al sector privado para administrar el almacenamiento y las ventas de su tesoro de tokens.
El Servicio de Alguaciles de EE.UU., la agencia principal a cargo de subastar los activos de criptomonedas del gobierno, incautó y subastó hasta la fecha más de 185.000 bitcoins con un valor de u$s8.600 millones a los precios actuales.
Las ganancias de las ventas de criptomonedas a menudo se colocan en el Fondo de Confiscación del Tesoro o en el Fondo de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia.
Después de que se haya transferido a una de esas dos cuentas, la criptomoneda liquidada puede usarse para respaldar una variedad de otras cosas en el presupuesto.
En algunos casos, el Congreso puede cancelar los fondos y redirigir el dinero a otras iniciativas.
Según Koopman, las criptomonedas que su equipo ha rastreado y confiscado asciende a alrededor del 60% al 70% del Fondo de Confiscación del Tesoro, lo que lo convierte en el contribuyente individual más importante del fondo en general.
El gobierno de EE.UU. colaboró con plataformas de análisis de blockchain para monitorear transacciones, específicamente, comportamientos marcados como sospechosos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC).
No es el único país donde creció el volumen de confiscaciones cripto. En julio, la policía del Reino Unido informó que había batido su propio récord al incautar la suma de u$s250 millones en monedas digitales como parte de una investigación por lavado de dinero, según informó Diario Bitcoin.