El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que el gobierno de su país adopte a las criptomonedas en su esquema de finanzas públicas.
"No vamos nosotros a cambiar en ese aspecto, pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas", manifestó López Obrador ante una pregunta realizada por un periodista en su habitual conferencia de prensa matutina.
La estrategia financiera del gobierno mexicano se basa en la llamada "austeridad republicana", una política económica que consiste en evitar el déficit en el presupuesto, reducir el gasto público, aumentar los ingresos fiscales, y controlar la evasión de impuestos.
Además, se intenta evitar contratar nueva deuda ni crear nuevos impuestos, pero sí elevar el gasto en programas sociales sin intermediarios, según informó la agencia de noticias Sputnik.
La senadora por el estado de Nuevo León, Indira Kempis, destacó la necesidad de que el debate sobre las criptomonedas y Blockchain llegue, no solo a instancias del Poder Legislativo, sino también ante el presidente López Obrador.
"Es obligación del presidente escuchar a la comunidad y subir el nivel del debate", comentó Kempis durante una conferencia organizada por Instituto Blockchain.
Además, la funcionaria argumentó sobre el potencial de la tecnología para promover la inclusión financiera y hacer frente a las desigualdades sociales.
La diputada por Veracruz, Maribel Ramírez, coincidió con Kempis, y, aunque ambas consideraron que existen pocas posibilidades de que México adopte una ley como la de El Salvador en el corto plazo, se comprometieron a trabajar por esa causa.
El Salvador es el único país del mundo que desde el pasado 7 de septiembre utiliza una criptomoneda, el Bitcoin, como moneda de curso legal.
"Chivo Wallet", la billetera cripto oficial de El Salvador se encuentra en el centro de la polémica tras la denuncia realizada por la organización Acción Ciudadana, quienes pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue el uso ilegal de los datos personales de los usuarios.
"Con nuestros datos personales se ha hecho uso de esta aplicación, no sabemos con qué fines", manifestaron ante la prensa desde Acción Ciudadana.
Además desde el organismo denunciaron que las personas que descargaron la aplicación en teléfonos inteligentes y registraron sus datos estén realizando transacciones en su nombre, lo que significaría un delito de suplantación de identidad.
"Hay un riesgo que corre toda la ciudadanía al tener su DUI (Documento Único de Identidad) registrado pese a que no lo han autorizado o no lo han hecho", indicaron.