El Salvador es el primer país en el mundo en implementar una ley que regule a Bitcoin. Y hoy, 7 se septiembre, se celebra un mes de la entrada en vigencia. El proyecto marca un antes y un después en la historia de la finanzas a nivel mundial.
Sin embargo, en este mes se puede ver que tantos detractores como defensores. Un mes en el que reinó la controversia.
Mientras los partidarios de Bitcoin, encabezados por el presidente Nayib Bukele, apuestan a que pronto se produzcan éxitos y El Salvador abra las compuertas a una innovadora economía digital con repercusiones internacionales; los escépticos predicen que este experimento monetario con cerca de 6,5 millones de salvadoreños dejará en evidencia que Bitcoin no funciona como medio de pago en la vida cotidiana.
"Como toda innovación, el proceso del #Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes", reconoció El Presidente Nayib Bukele, en el poder desde 2019.
El gobierno ya compró sus primeras 400 monedas, a un valor de mercado de 21 millones de dólares. Además, tiene disponible la billetera electrónica Chivo para el celular -la cual evidenció problemas en las primeras horas de la jornada-, cargada con un monto equivalente a 30 dólares en BTC para que el ciudadano empiece a operar.
El mes pasado tras el anuncio de entrada en vigencia de la ley, un grupo de manifestantes llamado Bloque de Resistencia y Rebelión Popular (BRRP) fue creado para protestar contra la ley de Bitcoin.
"El presidente Nayib Bukele aprobó la ley que convierte a la criptomoneda en moneda de curso legal en el país sin consultar debidamente al pueblo", resaltó un activista.
Aunque el grupo de protesta destacó complejidades como la volatilidad de Bitcoin como razones para la cautela, su principal reclamo es que la ley sirve principalmente a las grandes empresas vinculadas al presunto lavado de dinero en beneficio de funcionarios corruptos.
"Bitcoin sólo sirve a algunos grandes empresarios, especialmente los vinculados al gobierno, para blanquear dinero mal habido", expresó un manifestante. Una carta del grupo BRRP decía que "los empresarios que pongan su capital en Bitcoin no pagarán impuestos por sus ganancias y el gobierno gastaría millones en impuestos para ejecutar toda la campaña".
De hecho, el proyecto de ley para hacer de Bitcoin una moneda de curso legal incluye algunas propuestas interesantes, como un impuesto cero sobre las ganancias de capital en BTC. El proyecto de ley también prometía a los inversores la residencia permanente en el país con una inversión de tres BTC en El Salvador.
Mientras tanto, la Corte de Cuentas de El Salvador, organismo autónomo encargado de velar por la transparencia en la gestión pública en el país centroamericano, ordenó la ejecución de un "análisis jurídico" que permita realizar un "examen de auditoría" al Gobierno de Nayib Bukele para aclarar "la salida de fondos del Tesoro Público" para la compra de Bitcoin (BTC).
Ya que la Corte de Cuentas admitió una denuncia presentada por la entidad no gubernamental por el posible manejo irregular de fondos estatales para la implementación del proyecto Bitcoin en el país centroamericano, publicó Cristosal en Twitter.
Señaló que el organismo estatal realizará un examen de auditoría a la ejecución del fideicomiso por u$s150 millones para, según el gobierno, "operativizar la circulación de la moneda digital bitcoin".
Cristosal mencionó en su denuncia que una las presuntas irregularidades es "la opacidad en el origen de los fondos para la construcción de la cabinas" en las que se colocaron cajeros y en las que se da orientación para el uso de la criptomoneda.
El procedimiento fue admitido por la Corte de Cuentas tras recibir una denuncia interpuesta por la organización de derechos humanos Cristosal, que trabaja por la defensa de las víctimas de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.