Dos nuevas personas fueron detenidas en el contexto de la causa que investiga una multimillonaria estafa de supuestas criptomonedas al que se denominó "el cuento de las criptomonedas".
Con estas dos nuevas detenciones ya son ocho los imputados privados de su libertad. No obstante, fuentes policiales precisaron que ya se iniciaron las indigatorias y detallaron que aún otras tres personas continúan prófugas.
En el arranque de la semana, se entregó a las fuerzas policiales Eduardo Alejandro Taylor, que se encontraba en Brasil.
Fuentes policiales contaron que Taylor expresó que se enteró por la prensa que era buscado como prófugo y, desde el país vecino, confirmó que regresaría a la Argentina para entregarse.
Al aterrizar en el aeropuerto internacional Ing. Ambrosio Taravella, en Córdoba, fue detenido por las autoridades migratorias.
Por otro lado, el empresario cordobés Ariel Morasut, propietario de la funeraria Los Capuchinos, fue hallado en su domicilio por efectivos policiales.
Sobre Morasut no pesaba orden de captura ni estaba imputado. Sin embargo, surgió su nombre y su presunta participación en la maniobra al escuchar a nuevos damnificados. Al allanar su domicilio en Córdoba, quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier.
La causa posee ahora 13 imputados, con tres extranjeros prófugos y un total 10 detenidos.
Los anteriores ocho detenidos fueron: Gustavo Adolfo Amuchástegui –contador–, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno –locutor y periodista–, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia –abogado– y Ricardo Beretta.
En tanto, los tres prófugos son extranjeros: los esposos búlgaros Konstantín Ignatov y Jurka Ignatova, sumado el español José Gordo.
La policía estimó que las otras tres personas ya se fueron de la Argentina. Actualmente ya son buscados en otros países como, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Tras las detenciones y allanamientos realizados a comienzos de este mes, en la fiscalía a cargo de Gavier comenzaron a llegar denuncias de particulares damnificados que abonaron "membresías" de u$s65.000 para ingresar a la supuesta compra de un activo que terminó siendo ficticio: las "criptomonedas onecoin", que en realidad nunca existieron.
Según el expediente, las estafas se cometieron desde la empresa OneLife, y resultaron perjudicadas cientos de personas que adquirieron "paquetes educativos para inversiones en criptomoneda".
Los investigadores ya hablan del monto del fraude. La suma, además de ser millonaria, sería en dólares.
De acuerdo con las primeras estimaciones, esa cifra de membresía mínima de u$s65.000 debería multiplicarse por 100, por 200 o por muchos más damnificados, lo que elevaría el monto de la megaestafa a más de u$s7 millones, sólo como una ponderación provisoria.
Si bien el fraude fue realmente inmenso, la investigación es aún incipiente y aún se desconoce la magnitud del daño realizado a un número de personas que día a día crece.
Incluso, desde otras provincias aparecen clientes del "cuento de las criptomonedas" que leyeron la noticia y tratan de que la Justicia los ayude.
El "sistema piramidal" que se utilizaba para la venta todavía puede arrojar nuevas responsabilidades entre sus integrantes.
Es decir, podrían haber más personas involucradas y, por lo tanto, llevar adelante nuevas detenciones.
A través de videoconferencias, en la fiscalía comenzó el trámite procesal de la indagatoria a los detenidos. Los investigadors estiman que la instancia finalizaría el próximo lunes, pero al agregarse dos detenidos más podría prolongarse una o dos jornadas más.
Hasta el momento fueron indagados Peralta, López, Cornaglia, Moreno y Amuchástegui.
Todos los detenidos se abstuvieron de hablar y negaron los hechos, menos Amuchástegui, que lo hizo en forma tan extensa que deberá continuar su declaración el lunes próximo.
Para habilitar más jornadas de indagatoria, será precisa la autorización de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Luego de finalizar esta ronda de indagatorias, comenzará el análisis de la prueba tendiente a la resolución de la situación procesal de los 10 detenidos.
No obstante, sólo tres días hábiles en lo que resta del año hace presumir que la decisión de liberar a los privados de la libertad o de dictarles la prisión preventiva pasaría para después de la feria judicial de verano.
La investigación comenzó con una primera denuncia presentada a mediados de año, que generó una investigación que ahora cuenta con más denunciantes en diversos puntos del país.
Se estima que el monto de la supuesta estafa sería millonario.