La Legislatura porteña sancionó el jueves con 39 votos a favor, cuatro en contra y 17 abstenciones la ley impulsada por Vamos Juntos y UCR-Evolución (UCR-Ev) que regula la actividad de las aplicaciones de delivery en la Ciudad.
La norma introduce modificaciones en el Código de Transito, Código Contravencional y el Régimen de Faltas de la Ciudad para darle un marco a la actividad de las firmas Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats.
Como principal novedad, el texto establece dos figuras:
- Repartidor habilitado: los mensajeros que realicen estas actividades deberán inscribirse en un registro
- Operador de plataforma digital: las apps son consideradas como intermediarios de oferta y demanda del servicio de transporte de mercaderías
De esta forma, las aplicaciones podrán ser una "persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias".
Las empresas deberán contar con una habilitación para poder operar e inscribirse en el Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR), aunque exime de esta obligación a los locales comerciales y restaurantes que posean envío a domicilio propio.
Asimismo, esta ley regula la actividad en ámbito porteño, pero no dice nada sobre si la relación entre apps y repartidores es laboral o comercial, un debate que intentará sanjar el proyecto presentado en el Congreso por el Gobierno.
Una protesta de trabajadores de aplicaciones de delivery produjo momentos de tensión y corridas frente a la Legislatura porteña, en el marco del rechazo de los repartidores a la ley para regular la actividad.
Los disturbios se originaron debido a una interna entre miembros de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) y un grupo de repartidores no sindicalizados.
La concentración de los repartidores se inició en las puertas de la Legislatura antes del mediodía con unos 500 trabajadores exhibiendo pancartas, realizando cánticos y tocando bombos, todos ellos con barbijos pero con poco distanciamiento social.
Por la tarde se trataba el proyecto para regular la actividad de delivery y mensajería (impulsado por el oficialismo de Vamos Juntos, con el respaldo del bloque UCR-Evolución), que los repartidores rechazan al considerar que la normativa los perjudica.
Pero en un momento comenzaron los enfrentamientos entre los dos bandos que protestaban y se vivieron momentos de tensión con corridas en las calles aledañas al palacio legislativo porteño, mientras que efectivos policiales debieron intervenir para que la situación no se intensificara.
La iniciativa fue presentada el mes pasado por la legisladora de Vamos Juntos Cristina García de Aurteneche y obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia, pero no cuenta con el visto bueno de la oposición porteña ni de los repartidores.
A fin de regular una actividad con altos niveles de informalidad, el proyecto plantea como requisito indispensable la inscripción en la AFIP y la AGIP, la habilitación de los repartidores y los cursos de capacitación en seguridad vial.
"Estamos convencidos de que esta ley se ajusta a la realidad actual porque la actividad ya venía teniendo un crecimiento sostenido previo a la pandemia y con la emergencia sanitaria creció aún más. Es un primer gran paso en la regulación de esta actividad porque le otorga al servicio un marco legal con nuevas pautas, derechos y obligaciones, prohibiciones y sanciones para que los actores involucrados continúen operando bajo condiciones de seguridad imprescindibles", explicó la autora de la propuesta.
Por su parte, Damián Zárate, delegado de los empleados de apps de delivery, dijo que "este proyecto se hizo a espaldas de los trabajadores", y lamentó que con esta iniciativa los repartidores "que son de provincia no van a poder trabajar en la Ciudad".
Por su parte, la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionó en un comunicado el proyecto, al definirlo como "discriminatorio", y criticó "la figura del repartidor habilitado" al señalar que "dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación".
La iniciativa incorpora la figura de "operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias", que es diferente a la de "prestadores del servicio", es decir los locales de mensajería.
Sobre este punto, la APP advirtió que el proyecto "solo obliga a las empresas de mensajería a contratar seguros para los trabajadores dependientes", pero no a las plataformas digitales.
Sin embargo, tanto las plataformas digitales, como los prestadores y los propios repartidores, deberán estar inscriptos en la AFIP y la AGIP porteña, tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, dar constancia de la contratación de los seguros que corresponden para la actividad y estar habilitados para realizar su trabajo.
En lo que hace a los repartidores y mensajeros, según la nueva norma, estarán obligados a no tener infracciones de tránsito y a aprobar cursos de capacitación que incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan.
Al respecto, la APP sostuvo que la nueva norma crea "la figura del repartidor habilitado" y "dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación".
El proyecto prevé sanciones para los repartidores en caso de que, por ejemplo, presten el servicio sin habilitación o sin tener vigentes los seguros, o cometan infracciones de tránsito durante la prestación del servicio.
Por otro lado, dispone, aunque no obliga, que sean los operadores de plataforma digital "los que faciliten los medios para que mensajeros y repartidores obtengan los cascos homologados y la indumentaria adecuada".