Por medio de una carta dirigida a Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina, el titular del Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (MoPyME) Cristian Caram, acercó al Gobierno nacional una propuesta con cuatro medidas para que los comercios y MiPyMEs puedan intentar sobrellevar este periodo y tratar de garantizar su supervivencia, en un contexto de crisis ocasionado por el COVID-19 y agravado por las restricciones extremas de la cuarentena, sobretodo en el AMBA.

"Para el universo que representamos han existido medidas del Gobierno nacional con mayor o menor impacto, pero desde nuestra óptica es demencial pretender que el Estado reemplace al sector privado durante un período prolongado como el que se va a necesitar", afirmó Cristian Caram, titular de MoPyME. "Además creemos que es necesario avanzar hacia una cuarentena mejor administrada y no por eso estamos en contra de la vida", agregó.

Medidas concretas

Según indicó la entidad, "la cuarentena ha demostrado resultados satisfactorios para combatir el virus. Sin embargo, casi 75 días después, la suspensión de las actividades económicas y productivas genera que los recursos para la vida diaria se vayan agotando y que muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo. Se calcula que son 100.000 las empresas que están en esa situación". 

La cuarentena todavía se mantiene en gran parte del país

En este contexto MoPyME indicó que busca "acercar soluciones al Gobierno nacional para aliviar la situación económica a la que se enfrenta todo el "ecosistema PyME". 

La propuesta está compuesta por cuatro medidas:

  • La suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre. Excluyendo a aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar. Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables.
  • La eximición total de pago del pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua) hasta el 30 de septiembre. Más allá de los abusos de las empresas proveedoras, que los sigue habiendo, aún sin ellos los cargos fijos no pueden afrontarse.
  • La suspensión de los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año. Apenas reabra la Justicia, habrá un aluvión de quiebras sino se instrumenta esta medida porque la cesación de pagos es generalizada. 
  • La suspensión por un año de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales. Si en medio de esta tragedia recae sobre cualquier emprendimiento comercial la sentencia de un juicio laboral, todos los otros esfuerzos que se hacen para evitar los cierres habrán sido en vano. 
  • La propuesta incluye un régimen de autoexclusión de los beneficiarios, sin necesidad de explicitar los motivos de la misma. 

    MoPyMe indicó que ya presentó respectivas cartas también a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a Sergio Massa, Presidente de Diputados, en tanto autoridades del Congreso Nacional. En el día de mañana estará difundiendo un video y convocando a incorporar la firma a este pedido de implementación de medidas. 

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