Una jubilada de 75 años consiguió que la Justicia condenara al Banco Provincia a indemnizarla con $1,55 millones después de perder $550.000 en una estafa que comenzó con una publicidad falsa en TikTok.
El juez entendió que la entidad no activó controles frente a una operación completamente inusual para el perfil de la clienta.
El fallo llega en un contexto donde las estafas digitales crecen y la Justicia empieza a mirar con mayor detalle qué hicieron -o qué dejaron de hacer- los bancos para evitar que el fraude se concretara.
"La responsabilidad del banco no depende únicamente de que el cliente haya entregado sus claves. La pregunta central es si la entidad cumplió con los deberes de seguridad que le impone la normativa del Banco Central", explica el abogado Diego Stratiotis, a iProUP.
La maniobra ocurrió el 29 de abril de 2025. Mientras navegaba por TikTok, la mujer encontró una supuesta promoción con descuentos en combustible para jubilados.
Tras hacer clic en el anuncio recibió una videollamada por WhatsApp. Quien la contactó dijo representar a una empresa petrolera y, mediante un engaño, consiguió que entregara sus credenciales bancarias.
Los delincuentes transfirieron $550.000 desde su cuenta de Cuenta DNI hacia una cuenta de un tercero.
La víctima denunció el hecho en la Justicia y también reclamó el reintegro al Banco Provincia. Como la entidad rechazó el pedido, inició una demanda por daños y perjuicios.
Durante el juicio, el banco sostuvo que la operación había sido validada desde el dispositivo habitual de la clienta mediante reconocimiento biométrico y que la responsabilidad era exclusivamente de la usuaria.
El magistrado rechazó esa defensa. Uno de los puntos determinantes fue que la transferencia representaba más de cinco veces el monto habitual de las operaciones de la jubilada, que durante ese mes no habían superado los $100.000.
Para el juez, esa diferencia debió haber activado alertas de seguridad, mecanismos adicionales de autenticación o una verificación previa antes de autorizar la transferencia.
"Es relevante que los bancos monitoreen cambios de credenciales y secuencias de operaciones inusuales, como montos elevados, porque eso debería generar mecanismos de alerta frente a comportamientos claramente anómalos", agrega Stratiotis.
El expediente también reveló que la jubilada fue atacada dos veces el mismo día. En otra entidad financiera, los delincuentes obtuvieron un préstamo por $3,6 millones y parte de esos fondos terminó en la misma cuenta que había recibido los $550.000 sustraídos desde el Provincia.
Para el juez, ese dato confirmó que se trató de una maniobra coordinada. Y ese es justamente el punto que, según Stratiotis, empieza a pesar cada vez más en los tribunales.
"Hoy la discusión judicial ya no pasa solo por determinar si existió un phishing, sino por evaluar cómo reaccionó el banco frente a ese fraude".
Stratiotis recuerda que el Banco Central exige a las entidades implementar mecanismos de monitoreo transaccional basados en el perfil de cada cliente, detectar operaciones sospechosas y contar con canales alternativos de verificación.
"El phishing es un riesgo conocido para la actividad bancaria y no alcanza con demostrar que el delincuente utilizó las credenciales correctas. También se analiza si el banco cumplió con sus obligaciones de prevención, monitoreo y detección", explica el abogado.
La sentencia también destacó que la víctima era una adulta mayor, un grupo especialmente protegido por la legislación de consumo.
En ese marco, el juez destacó que las entidades financieras deben extremar los controles cuando detectan operaciones incompatibles con el comportamiento habitual de sus clientes, especialmente si se trata de personas mayores.
El abogado aclara que cada caso depende de la prueba, especialmente de la pericia informática, pero considera que la jurisprudencia "está exigiendo un estándar de seguridad más elevado a los bancos".
El caso de Junín no fue el único que tuvo a TikTok como puerta de entrada.
En los últimos días también se conoció la historia de una jubilada de General Madariaga que perdió más de $3,6 millones tras mantener durante meses conversaciones con un perfil que se hacía pasar por el actor Kevin Costner.
El contacto comenzó en esa red social y luego pasó a Zangi, donde el estafador la convenció de pagar una falsa membresía para un supuesto club de fans.
Las transferencias se realizaron entre el 19 y el 21 de mayo a una billetera virtual de Ualá. Incluso recibió un carnet falso que reforzó el engaño y demoró la denuncia.
Los dos episodios muestran una modalidad que se repite: los estafadores utilizan redes sociales para captar víctimas, ganarse su confianza y obtener acceso a sus cuentas o convencerlas de realizar transferencias con falsas promociones o identidades apócrifas.