La Unión Europea impuso una multa de EUR 120 millones a X por incumplimientos vinculados a la Ley de Servicios Digitales (DSA), tras detectar fallas en verificación, moderación y transparencia que afectan a millones de usuarios.
La sanción surge luego de una investigación que evaluó cómo la plataforma gestionó la autenticación, la publicidad dirigida y el acceso a datos necesarios para labores de investigación independiente dentro del bloque europeo.
Elon Musk adquirió X en 2022 por USD $44.000 millones y reconfiguró el modelo de suscripción junto con los sistemas de autenticación, generando inquietud en organismos que supervisan desinformación y riesgos digitales en territorio europeo.
El sistema de verificación con marca azul fue especialmente cuestionado por la Comisión Europea, que advirtió que el distintivo pagado puede inducir a error al permitir que usuarios no verificados accedan a una apariencia de legitimidad pública.
El regulador detectó usos indebidos del nuevo esquema, señalando casos de suplantación de identidad por actores maliciosos que replicaron perfiles reales y generaron posibles daños a instituciones y usuarios dentro del bloque europeo.
X continúa siendo influyente en discusiones políticas y sociales, por lo que las autoridades han intensificado la vigilancia para asegurar contenidos confiables y procesos de moderación transparentes orientados a proteger derechos digitales.
La Comisión Europea afirmó que X no notificó adecuadamente las restricciones aplicadas a publicaciones, tampoco garantizó mecanismos de apelación claros, y mantuvo falta de precisión en su política de publicidad dirigida para usuarios europeos.
El organismo también acusó a la plataforma de limitar investigaciones sobre seguridad digital al prohibir prácticas como scraping, incluso cuando se trataba de investigadores autorizados según lo previsto por la normativa vigente.
Dentro de la DSA, el acceso controlado a datos es crucial para monitorear discurso de odio, contenido ilegal y campañas de manipulación, por lo que el incumplimiento de X se consideró especialmente relevante para la supervisión pública.
La UE concluyó que estas fallas contradicen obligaciones centrales de transparencia y responsabilidad, justificando la aplicación de una multa significativa destinada a corregir prácticas que vulneran estándares exigidos por la regulación continental.
Elon Musk sostuvo que las sanciones buscan censurar los discursos políticos y restringir la libertad de expresión, defendiendo los cambios en X como medidas orientadas a promover el debate abierto sin intervenciones arbitrarias.
La Comisión Europea desestimó esa interpretación, afirmando que su propósito es garantizar un ecosistema digital seguro donde la libertad de expresión conviva con responsabilidades definidas vinculadas a transparencia y moderación.
Henna Virkkunen, jefa tecnológica del organismo, explicó que la multa se calculó considerando gravedad, cantidad de usuarios afectados y duración del incumplimiento, remarcando que la normativa no implica censura alguna.
El bloque insistió en que las plataformas deben comunicar restricciones a los usuarios y justificar decisiones, cumpliendo estándares de claridad indispensables para mantener confianza en entornos digitales de gran impacto.
El caso de X se suma a una secuencia de sanciones aplicadas por la Unión Europea a empresas tecnológicas estadounidenses, incluyendo multas recientes contra Apple por EUR 500 millones y Meta por EUR 200 millones.
Estas decisiones generaron tensiones políticas, ya que funcionarios de la administración del presidente Donald Trump acusaron al bloque de discriminar compañías estadounidenses y afectar derechos de usuarios norteamericanos.
La UE respondió que las regulaciones se implementan sin distinguir nacionalidad corporativa, subrayando que su meta es proteger competencia, garantizar prácticas comerciales justas y resguardar derechos de consumidores.
El incremento de sanciones confirma una estrategia más estricta del bloque para supervisar gigantes tecnológicos y asegurar cumplimiento de estándares destinados a reducir riesgos en el entorno digital europeo.