En lo que podría ser una estafa millonaria, la Fiscalía de Delitos Económicos investiga a ocho abogados y 240 personas que solicitaron préstamos personales a una financiera por un total de $40 millones y que luego se declararon en quiebra.
Según trascendió, Finanpro S.R.L., una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores del sistema formal llamada "Rapicuotas", fue quien efectuó la denuncia ante la justicia.
De esta forma, las autoridades de la compañía solicitaron que se investigue esta práctica inusual, que involucra varios pedidos de créditos por montos de hasta $2 o $3 millones, para luego no pagar las cuotas.
Además, todas estas personas presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el poder judicial, con lo que la empresa prestamista no recuperó los fondos entregados.
Luego de varios casos similares, Rapicuotas levantó sospechas y realizó una investigación sobre sus clientes, en la cual concluyó que los mismos replicaban esta práctica en otras entidades que ofrecían el mismo servicio.
"No se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados", afirmó la compañía en su denuncia.
Luego de la investigación realizada por la empresa, desde Rapicuotas consideraron que se podría tratar de un fraude a gran escala, donde estas personas solicitaban préstamos sabiendo de antemano que no iban a pagar las cuotas.
Es por eso que Gustavo Gazali, el abogado querellante de la causa, sostiene en su denuncia que los acusados presentaron inmediatamente concursos o quiebras, en una clara maniobra de fraude.
Por otro lado, la denuncia expresó: "Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones".
Además, se podría estar hablando de una maniobra orquestada deliberadamente con dolo, según apuntó la denuncia, debido a que el fraude supera la suma de $40 millones, monto por el cual se hace complicado pensar en un hecho aislado, ya que está por encima de la morosidad regular.
Finalmente, la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, fue asignada para investigar esta causa, que se encuentra bajo la carátula de estafa genérica, en la cual se investiga a los abogados y a las personas que solicitaron los préstamos.
De esta forma, la fiscalía ya tiene en su poder los expedientes de los concursos preventivos de los acreedores, con lo que la investigación está en marcha.