Las criptomonedas vislumbran una caída sin precedentes que afectó severamente al mercado y, lógicamente, a millones de inversores en todo el planeta.
Dada esta situación, sumado a las crecientes estafas que aparecen en el mercado, más de un perjudicado ya inició la búsqueda de algún tipo de solución que, de alguna manera, les devuelva parte de lo perdido.
En este contexto, en mayo se formó una agrupación que busca aunar a toda persona afectada por actuaciones fraudulentas por parte de brokers o plataformas de inversión en criptomonedas.
Se trata de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC), la cual logró que una plataforma para inversiones cripto devolviese a sus titulares sus fondos retenidos, tras ser denunciados ante la justicia española.
De acuerdo a la AAIC, los usuarios de la plataforma, sobre la cual se conservó su anónimato y figura como P. S. M. en el legajo, denunciaron los delitos de estafa continuada y apropiación indebida de los fondos efectuados por la misma. Se informó que la misma opera en Valencia (España)
Tras la denuncia, los ejecutivos de la firma se vieron obligados a devolver a los afectados la cantidad de dinero defraudada, a la espera del juicio pertinente a la causa.
La asociación presidida por la abogada Emilia Zaballos, formuló la querella ante los Juzgados de Instrucción de Valencia contra la plataforma y alegaron actuar en representación de un grupo de afectados.
El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia admitió la querella y procedió a señalar las pruebas, dando traslado de la misma y citando a los querellados a declarar.
Ante el riesgo de condena en el procedimiento penal, los querellados, junto con sus letrados, llegaron a un acuerdo con los abogados de los afectados representados por la AAIC, para que la plataforma proceda a liberar los fondos congelados.
"Estamos muy satisfechos, ya que nos encontramos ante el primer caso de satisfacción extrajudicial de los estafados conseguido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas a favor de los afectados a los que representa tras el inicio de las acciones judiciales", remarcó la presidenta de la asociación y directora de Zaballos Abogados.
Por el momento, se desconoce el número de afectados que se unió a la causa como el dinero total devuelto por la compañía. Tampoco se aclaró si la devolución fue efectuada en sus respectivos montos en criptomonedas.
Según reveló la propia Asociación en su página oficial, la suma "no sería tan elevada como la de otros fraudes registrados en España, que llegaron a superar los 800 millones de euros"
Para Zaballos, este resultado muestra que la justicia funciona de forma más adecuada cuando se recurre a la fórmula de querella colectiva para estos casos: "Se trata de un primer paso esperanzador, pero hay que seguir adelante defendiendo a los afectados. La única forma de conseguir que se haga justicia con este tipo de fraudes con criptomonedas es plantear querellas colectivas".
En su visión de los hechos, "los estafadores aprovechan el vacío legal en el que se hallan las criptomonedas hasta que se apruebe el reglamento europeo que las regula, denominado MiCa. Es necesario que se cree un organismo regulador como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pero independiente, además de impulsar la especialización y formación de jueces y abogados en criptomonedas".
Y prosiguió: "Además, urge regular la publicidad engañosa, poner énfasis en la seguridad jurídica de las transacciones y fomentar la formación e información sobre las criptomonedas y la familiarización en su uso, por ejemplo, regulando los lugares desde los que se pueden realizar pequeñas transacciones".