Según una reciente entrevista publicada en El País con el vicepresidente de Políticas Públicas de Airbnb, Chris Lehane, la plataforma es una opción turística sostenible porque permite que "casas vacías puedan ser ocupadas por huéspedes". Esta afirmación no deja de ser cierta: la mayoría de las ofertas de Airbnb en casi todas las ciudades en todo el mundo, son casas o apartamentos enteros, no habitaciones con un "anfitrión", como pretende la empresa desde hace tiempo, según un artículo del sitio Retina.
Desde el punto de vista de la vivienda, cada oferta permanente de casas y apartamentos enteros es una unidad de vivienda residencial perdida, y una familia expulsada. La insostenibilidad de Airbnb como solución turística en ciudades dinámicas y llenas de vida es obvia al reformular la declaración de Lehane: "Airbnb está vaciando casas para ofrecer alojamiento a los huéspedes".
El portavoz de Airbnb también afirmó que "nuestra plataforma no es responsable de la subida del precio del alquiler en las grandes ciudades europeas". Días después de la publicación de la entrevista, un periódico informó sobre los resultados de un estudio del Instituto de Economía de Barcelona, que revelaba que la presencia de Airbnb en la ciudad ha tenido un impacto directo en el mercado residencial.
Entre 2012 y 2016, en las zonas con mayor presencia de esta plataforma, los precios de venta han aumentado un 19% y los de alquiler, un 7%. El estudio coincide con numerosas investigaciones independientes realizadas en ciudades de todo el mundo, que demuestran el impacto de Airbnb (y otras plataformas de alquiler a corto plazo) en el acceso a la vivienda y su disponibilidad. Y todo ello en medio de una crisis de vivienda.
Lo más preocupante de este modelo de negocio es la naturaleza comercial de muchos de sus llamados huéspedes. Aproximadamente el 65% de los anuncios están operados por un huésped que tiene en alquiler más de un alojamiento. Se trata de gestores inmobiliarios e inversores que gestionan hoteles virtuales.
Airbnb obtiene la mayor parte de sus ingresos de estos operadores comerciales, que, en general, son los primeros que se regulan cuando una ciudad decide dar prioridad a la vivienda frente al turismo, como París o Ámsterdam. Lehane, cuyo departamento de Políticas cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares para acciones de presión y comunicaciones, se ganó el apodo de maestro del desastre por su gestión de varias crisis en la Administración Clinton.
A medida que se va poniendo de manifiesto la realidad del modelo de negocio de Airbnb, está claro por qué necesitan un gestor de crisis como Lehane. En un intento de proteger la mayor parte de sus ingresos, que muy probablemente queden reducidos a cero por las regulaciones, Lehane afirma: "Nuestro espíritu es negociar con todas las administraciones públicas". ¿Por qué se ofrecería Airbnb a negociar?
La mayoría de las ciudades señalaron que las negociaciones con plataformas como Airbnb habían fracasado. Después de intentos de negociación, las ciudades concluían, entre otros: "Las negociaciones no pueden sustituir el papel legislativo del ayuntamiento"; "las negociaciones no ayudan" y "los acuerdos […] deben surgir de las obligaciones reglamentarias". Está claro que las ciudades están optando por la regulación, y eso es precisamente lo que teme Airbnb.
Cuando las ciudades europeas establecen una regulación, la mayoría de las veces para proteger el acceso a la vivienda y su disponibilidad, Airbnb recurre a los tribunales locales y de la UE para intentar bloquearla con el argumento de que se trata de una plataforma digital desinteresada, basada en Irlanda, donde no se aplican las leyes nacionales y locales. París es un buen ejemplo de estas prácticas: la ciudad impuso una multa de 12,5 millones de euros a Airbnb por seguir publicando por lo menos 12.500 ofertas no autorizadas. La plataforma respondió con una demanda.
Airbnb también está presionando con fuerza a la Comisión Europea para que incluya en la ley su derecho a lucrarse del mercado de la vivienda en crisis. Es una lucha fundamental que representa el conflicto entre la ideología de la liberalización de la economía de la Unión Europea frente a la soberanía de las ciudades para proteger la vivienda como un derecho humano básico.
Mientras tanto, la crisis de la vivienda sigue. Los procesos de negociación, regulación, y aplicación de la ley son lentos, pero la expulsión de los residentes y el aumento del precio de la vivienda, no. ¿Qué se puede hacer? Varias ciudades europeas, incluidas en la red Sharing Cities Action, han respondido colaborando y presionando a la UE para que se les reconozca el derecho a decidir su propio destino, para crear normas locales eficaces que limiten el impacto del turismo en las comunidades residenciales.