La polémica por la aplicación de un impuesto de 30% a las compras con tarjeta de productos y servicios fuera del país sigue sumando elementos. Más allá de los casos obvios (gastos de turismo) muchos usuarios se dan cuenta que hay muchos servicios como Netflix y Spotify quedarán alcanzados.
Pero también están amenazados por el recargo uno de los servicios más masivos: el delivery. Algunas de las empresas operan con plataformas procesadoras de pagos basadas fuera de Argentina, por lo que los cargos pueden ser considerados como gastos en el exterior. Si bien todo depende la letra chica de la ley que será enviada hoy al Congreso, entre las compañías ya hay preocupación porque esto podría afectar su operatoria, cada vez más difundida entre el público argentino.
Por ejemplo, Pedidos Ya es una empresa fundada hace más de una década por emprendedores uruguayos y mantiene su sede regional en Montevideo. Pero en 2014 fue comprada por la alemana Delivery Hero, un gigante con presencia global que el año pasado facturó más de u$s 700 millones.
Pedidos Ya mantiene los cargos en pesos, a pesar de los riesgos de devaluación a los que está acostumbrado el mercado local. En cuanto a Rappi, es una plataforma radicada en Colombia y factura en pesos en la tarjeta de crédito. Aunque el pago se hace "mediante la plataforma de pagos conocida como PayU, de titularidad de E-Payments S.A.", una fintech de medios de pagos electrónicos que tiene su sede en Países Bajos, en Rappi aclararon que "esta medida no alcanza a nuestra operación, dado que somos una empresa constituida en Argentina, y cobramos íntegramente en pesos argentinos a través de medios de pago locales".
Si finalmente las apps de delivery quedan alcanzadas por el impuesto del 30% sufrirán un cimbronazo porque los usuarios optarán por volver al sistema básico de delivery de cada local para ahorrarse el recargo. Otra alternativa será apelar al pago en efectivo aunque se siga operando a través de las citadas plataformas.
La alternativa más razonable sería que las empresas trasladen el proceso de pagos al país, para que las compran no califiquen como externas. De paso, se ahorrarían un impacto negativo en su facturación que se traducirá además en pérdida de oportunidades de trabajo para los repartidores.