El gobierno de Alberto Fernández tendrá varios desafíos por delante. Controlar la inflación, frenar la devaluación del peso y mejorar la mayoría de los indicadores económicos son algunos de los ítems que figuran en la agenda de problemas y que deberá enfretar a partir del 10 de diciembre.
Pero lo urgente no debería relegar lo importante. Por ello, los referentes de la Industria del Conocimiento, sector que se posicionó como el tercer complejo exportador (detrás del agrícola y el automotor) alertan que en el corto plazo deberán tomarse medidas que definirán si la Argentina se sube al tren de la economía del futuro o si queda rezagada no sólo respecto a las potencias globales, sino también frente al resto de países de la región.
Así lo advierten a iProUP diferentes actores y analistas del sector tecnológico, que exigen reformas tendientes a darle impulso a la llamada "economía digital" y que posibiliten la expansión de la conectividad.
El objetivo: garantizar que el país se beneficie con la próxima ola de innovación que transformará a las industrias, basada en tecnologías como la inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data. Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, entidad conformada por compañías líderes de la Economía del Conocimiento (EDC), anticipa un reclamo puntual al próximo gobierno: "que evite la prórroga de los derechos de exportación a servicios de este sector para recuperar la competitividad". "No hay antecedentes entre los países líderes en la economía del conocimiento de un gravamen similar", lamenta el directivo en diálogo con iProUP.
En relación al talento, "la materia prima de esta actividad", afirma que el sistema educativo debe brindar una oferta académica alineada con los desafíos del mercado laboral del futuro, principalmente en el desarrollo de habilidades STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
A su lista de pedidos, Galeazzi añade:
- Propiciar un mejor sistema de financiamiento, clave para acompañar las distintas etapas de empresas de base tecnológica
- Recrear las condiciones para que se radiquen centros de investigación, desarrollo e innovación, adecuando cargas impositivas y previsionales con las de países referentes
- Otorgar seguridades para la protección intelectual - Facilitar el accesos a equipamiento de avanzada y a especialistas internacionales
Asimismo, el director de Argencon exige la representación de las EDC dentro de los organismos estatales con el rango de Secretaría, para así "poder darle un tratamiento prioritario y estratégico a los desafíos que implica participar de la economía del futuro".
Según el directivo, esta cartera "debería abordar la estrategia de desarrollo productivo, incluyendo en su agenda ejes clave como la vinculación tecnológica con el sistema científico, la promoción de la innovación y del ecosistema emprendedor, y la generación de talento tecnológico, con especial atención en la formación en habilidades STEM".
Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), entidad conformada por empresas públicas y privadas de las telecomunicaciones, advierte sobre la necesidad de encarar "una actualización fiscal que favorezca la penetración de los servicios".
En este sentido, Méndez solicita que el próximo gobierno desarrolle "un plan para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones con regulaciones homogéneas en todos los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal), que simplifique los trámites".
"Se debe promover un uso eficiente del espectro radioeléctrico con la puesta a disposición por parte de operadores de una porción suficiente en términos y condiciones razonables", enfatiza. Al respecto, recuerda que hoy hay asignados un total de 390 MHz, apenas 38% del total recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
"Los planes deben tener una visión a medio y largo plazo, garantizando el acceso en condiciones igualitarias, prolongando periodos de asignación y evitando criterios que prioricen el componente recaudatorio de corto plazo sobre los beneficios socioeconómicos de la mejora de los servicios", argumenta Méndez.
La especialista además reclama:
- Garantizar la adecuada competencia, reduciendo la sobrerregulación y eliminando asimetrías: para mismos servicios deben aplicarse las mismas reglas
- Crear un plan integral para la lucha contra la piratería y la protección de la privacidad y los datos de los consumidores
- Generar un marco de sustentabilidad para la industria que dé certidumbre y seguridad jurídica para el sector y libertad de oferta para dar respuesta a las inversiones requeridas
Sonia Agnese, analista senior de América Latina de la consultora Ovum, asegura a iProUP que las exigencias para desembolsar capital en nuevas tecnologías no difieren del resto de las industrias: "Reglas claras, transparencia, que funcionen las instituciones y políticas impositivas" emergen como las principales.
En coincidencia con Galeazzi y Méndez, Agnese apunta sobre los municipios, ya que "los gobiernos locales tienen cada vez más incidencia en el despliegue de infraestructura a raíz de todas las habilitaciones municipales requeridas para la extensión de las redes, por lo que deben lograrse sinergias para el desarrollo de las 'Smart cities'".
De acuerdo con la experta, la ciudad inteligente "implica mejoras en movilidad, seguridad, salud, aprovechamiento energético y manejo de residuos, entre otros temas".
"Es fundamental que los gobiernos locales trabajen y coordinen junto con los proveedores el despliegue de nuevas redes. No deben ver a las telecomunicaciones como una fuente de recaudación, sino como una forma de brindar mejores servicios a los ciudadanos a través de alianzas público-privadas", completa.
Sofía Geyer, directora de consultoría de Olivia, suma a estos reclamos la generación de "un contexto que apoye al emprendedurismo y desarrolle a profesionales con las habilidades necesarias para sacar el máximo rédito a ese escenario favorable".
"Estas capacidades deben ser tanto digitales, desde conocimiento en programación hasta ciencias de datos, como "blandas". Algunas de estas son la creatividad, flexibilidad y la apertura para trabajar en entornos multiculturales, multigeneracionales y de menor predictibilidad", describe.
Eduardo Poggi, especialista en tecnologías de la información (TI), con 30 años en la gestión de grandes proyectos orientados principalmente al sector público latinoamericano, hace hincapié en la información que maneja el Estado.
"Debería afrontarse de una vez la interoperabilidad como medio para disminuir la carga administrativa sobre personas y empresas", sugiere el experto, quien se desempeña como asesor en la AFIP y profesor de posgrado en la Universidad de San Andrés.
Y subraya: "Esto implica que los organismos comiencen a compartirlos de manera digital en lugar de pedirlos una y otra vez, evitando que las personas muevan papeles. Esto lleva a una revisión de los procesos y no a una simple digitalización".
Reconoce que la administración de Macri "avanzó sobre varios aspectos de la digitalización" pero hizo "poco en materia de interoperabilidad". En su visión, "un Estado no puede impulsar una economía digital sin que sus propios procesos estén acordes".
"La apertura de datos, por lo menos como cuestión de transparencia, es otro tema que hay que seguir avanzando. Esta gestión empujó mucho y logró algo, pero falta demasiado", enfatiza. Respecto al uso de la analítica de datos, considera que no debe percibirse como "un conocimiento difícil, sólo para expertos, sino como una forma de trabajo de todos".
En octubre, el Ministerio de Modernización anunció la extensión de 4.700 kilómetros de la red federal de fibra óptica del operador estatal mayorista de telecomunicaciones Arsat. En total, se extiende por 38.000 km en todo el país y beneficia a 1.658 localidades.
"Si bien garantizar el acceso es un avance, no resuelve la totalidad del problema. Sin una PC, es como tener gas sin una cocina. Y no saber usar el artefacto es tan frustrante como no tenerlo. Lo mismo ocurre con Internet: tener servicio, pero no contar con una computadora y formación de calidad para aprovecharla es dejar incompleta la cadena", advierte.
Para el director de Argencon, impulsar estas políticas públicas "propiciará el fortalecimiento de polos y clústers que ya funcionan en distintos puntos del país, para que cada persona pueda emprender y llevar adelante sus proyectos desde su lugar de origen, sin la necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos".
Méndez argumenta que el escenario actual "no es el mejor para acelerar inversiones, ya que la tarifa promedio de telecomunicaciones de un usuario en la Argentina es de las más bajas del mundo (6,18 dólares, según datos del Enacom) y los márgenes operacionales son cada vez menores".
"Esto se debe a regulaciones y obligaciones fiscales desfasadas, y a los costos crecientes de infraestructura, entre otras causas. Estimamos que se necesitan inversiones superiores a los u$s9.600 millones en los próximos siete años para acelerar el despliegue de redes de última generación y desarrollar un ecosistema de tecnologías diversas que permitan ofrecer los mejores servicios", alerta.
En tanto, Galeazzi identifica los "dos principales problemas" que enfrenta la industria del conocimiento para evolucionar en la Argentina: "La inestabilidad macroeconómica y la falta de un marco normativo a mediano plazo".
Sin embargo, y a pesar de estos inconvenientes, "el crecimiento del rubro ha sido sostenido, lo que demuestra la capacidad del sector privado para generar valor exportable, dada la calidad del talento profesional, científico y empresarial del que disponemos".
"La Ley de Economía del Conocimiento que acaba de reglamentarse resuelve el segundo problema y da nuevas fuerzas al desarrollo de la industria de cara a la próxima década", concluye el director de Argencon.