Los cibercriminales no organizan sus operaciones en función de las fronteras. En su lugar, explotan las diferencias jurisdiccionales, de capacidad y de visibilidad, moviendo infraestructura, datos y procedimientos ilícitos más rápido de lo que una organización puede responder.
Contrarrestar este modelo requiere más que solo recolectar información sobre actividad maliciosa: exige convertir la inteligencia en acciones coordinadas capaces de detener a los delincuentes, su infraestructura y los servicios detrás del delito.
Este desafío marcó el contexto de la reciente 11.ª reunión del Grupo de Trabajo de las Américas sobre Ciberdelincuencia para jefes de Unidad, que reunió a INTERPOL, el Foro Económico Mundial, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Paraguay, junto a expertos de los sectores público y privado de toda la región.
Tácticas como el ransomware, el malware, las redes de botnets, el fraude y la extorsión suelen considerarse amenazas estrictamente técnicas; sin embargo, sus consecuencias van mucho más allá de las redes o dispositivos comprometidos.
El cibercrimen interrumpe la operación de empresas e instituciones públicas, erosiona la confianza digital y daña a economías enteras.
Por ello, no es solo un problema de ciberseguridad, sino un reto de seguridad nacional y regional que exige cooperación operativa transfronteriza y multisectorial.
El panorama regional vuelve urgente esta articulación. En los encuentros de trabajo se han priorizado amenazas clave como el ransomware, el phishing, los fraudes financieros digitales, el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) y el cibercrimen como servicio (CaaS).
Frente a esto, el consenso es claro: necesitamos cooperación público-privada estructurada, operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia en tiempo real e inversión sostenida en capacidades técnicas.
La diferencia entre recopilar datos y producir inteligencia accionable es crítica. Los indicadores de compromiso, patrones de infraestructura y comportamientos de malware adquieren valor real cuando se contextualizan para su uso inmediato.
Para las fuerzas del orden, esta inteligencia permite interconectar incidentes aparentemente aislados, identificar infraestructura compartida entre campañas y tomar decisiones oportunas sobre cuándo y dónde actuar.
Para el sector privado, colaborar con las autoridades permite que los datos de amenazas alimenten esfuerzos de neutralización de mayor alcance.
Compartir información sobre amenazas es esencial, pero no es el fin en sí mismo. El verdadero indicador de valor es si esa información ayuda efectivamente a las fuerzas de seguridad a prevenir daños, hacer avanzar investigaciones, incautar infraestructura criminal y complicar la operación de los delincuentes.
En este escenario, la cooperación debe ser integral: las fuerzas del orden aportan la autoridad legal e investigativa; los organismos internacionales coordinan entre jurisdicciones; el sector privado aporta experiencia técnica, telemetría y agilidad; y la academia fortalece la investigación y la formación de talento.
Alianzas a largo plazo —como las que mantenemos desde la iniciativa Gateway de INTERPOL o el Atlas del Cibercrimen del Foro Económico Mundial— demuestran que conectar capacidades diversas potencia los resultados contra la ciberdelincuencia.
Quienes defienden el ecosistema digital deben pasar de la concienciación a la acción con la misma velocidad con la que los criminales adaptan sus tácticas.
La inteligencia solo genera valor cuando se traduce en acción, y la colaboración solo logra impacto cuando conduce a la desarticulación. Elevar el costo del ciberdelito en América Latina es la única vía para construir un entorno digital verdaderamente seguro.
*Por Arturo Torres, director de Inteligencia de Amenazas de FortiGuard Labs de Fortinet para América Latina y el Caribe.