Regular la inteligencia artificial no significa frenar su avance, sino establecer reglas claras que permitan acelerar su desarrollo con seguridad y previsibilidad.
Esa es la idea central que atraviesa el debate en América Latina, donde la adopción de IA crece más rápido que la capacidad regulatoria de los Estados.
El informe ILIA 2025, elaborado por CEPAL y CENIA, muestra que la región ya concentra el 14% de las visitas globales a soluciones de IA y ocupa el tercer lugar mundial en descargas de aplicaciones de IA generativa.
Sin embargo, apenas capta el 1,12% de la inversión global en el sector, lo que revela una paradoja: se consume mucha IA, pero se produce poca capacidad propia.
Argentina, en este contexto, no parte de cero. La Agencia de Acceso a la Información Pública creó un programa específico para analizar y regular la IA, con foco en transparencia, sesgos y protección de datos, mientras que en 2026 el Estado incorporó formalmente la elaboración de marcos regulatorios sobre tecnologías estratégicas.
Por este motivo, prefiero mil veces una regulación exigente y clara, pero también estable. Hoy las reglas se mueven más rápido que el ciclo de desarrollo de un producto de IA.
El ejemplo más reciente fue la Unión Europea, que modificó plazos de cumplimiento apenas nueve días antes de su entrada en vigor, dejando a empresas que se prepararon durante dos años en un escenario de incertidumbre.
La discusión sobre regulación también abre una oportunidad competitiva. Argentina fue el primer país de la región en obtener la decisión de adecuación de la Unión Europea en materia de datos personales, un habilitante comercial que permitió exportar servicios vinculados a auditoría y rediseño de flujos de datos.
Una ley de IA bien diseñada podría convertirse en una credencial de exportación, siempre que sea legible y compatible con marcos internacionales.
El rol del Estado aparece como decisivo. La regulación debe enfocarse en el uso y no en la tecnología, ya que lo que cambia cada seis meses es el modelo, pero lo que permanece estable son las decisiones que afectan a las personas: otorgar un crédito, acceder a un empleo o recibir una prestación de salud.
Además, el Estado debe actuar como comprador estratégico, incorporando exigencias de trazabilidad y supervisión humana en sus licitaciones, lo que ordenaría el mercado sin necesidad de sanciones.
La paradoja argentina es clara: el 62% de los trabajadores teme perder su empleo por la IA, pero solo el 15% la utiliza habitualmente. Quienes sí la usan reportan un 71% más de productividad y un 54% más de sensación de seguridad laboral. La brecha no es tecnológica, sino de acceso.
Regular, entonces, no es frenar, sino garantizar que la innovación llegue con reglas claras, previsibles y con protección para quienes más pueden verse afectados.
América Latina necesita pasar de ser consumidora a proveedora de soluciones de IA. Para lograrlo, no basta con adoptar tecnología importada, sino con diseñar marcos regulatorios propios, estables y compatibles, que permitan transformar la regulación en ventaja competitiva. Regular la IA es, en definitiva, poner semáforos para poder acelerar.
*Por Valerio Adrián Anacleto, fundador de Epidata.
